Los ayuntamientos de México. Los pendientes de su agenda

Acaban de ser publicados los resultados de la encuesta sobre gobiernos municipales y delegacionales 2017, instrumento mediante el cual el INEGI recaba información sobre el conjunto de los más de 2 mil 400 municipios existentes en el país, incluidas las delegaciones de la Ciudad de México, que próximamente habrán de convertirse en alcaldías. Se trata de un ejercicio que el instituto viene realizando al menos desde 2011 y esta es la cuarta entrega que se publica. Vale la pena analizar algunos de los datos que dicho instrumento estadístico nos muestra.

Dentro de los temas generales que la encuesta recaba información se encuentran los de la composición de la administración pública local, la seguridad pública, la justicia, el agua potable y el asunto de los residuos sólidos urbanos. Todos ellos asuntos torales de las administraciones locales y en la mayoría de los municipios se convierten en verdaderos desafíos para las alcaldías.

En términos de la representación política, se puede decir que al menos en lo que se refiere a una distribución de género en los cargos públicos, llama la atención que un porcentaje elevado de alrededor de 40% sean mujeres las que ocupan puestos como regidoras o síndicas; no es así para los cargos ejecutivos en los que el porcentaje resulta significativamente menor, pues solamente cerca de 12 % (11.5) de los alcaldes son mujeres. Si bien sigue existiendo esa disparidad o inequidad entre hombres y mujeres, particularmente en los puestos ejecutivos, no es menos cierto que la brecha se ha venido cerrando cada vez más en cargos importantes de la administración pública local. Esto, por supuesto, significa mucho, pero tampoco quiere decir que por ese simple hecho podamos tener mejores gobiernos, aunque podríamos albergar que las mujeres pueden desempeñarse mejor en algunos de estos cargos; si las condiciones, perfiles y capacidades resultan adecuadas para las funciones que deben cumplir. El desempeñarse bien en un puesto público no está en el género de las personas, sino en las capacidades y los recursos disponibles para ejercer adecuadamente un cargo.

Ahora bien, ¿cómo se encuentra en el territorio nacional esta distribución por género? Se observa que los estados de Baja california sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, son las entidades en donde los cargos tienden a ser repartidos con mayor equidad, ya que el 45% o más de los puestos de trabajo o representación en las administraciones locales están siendo ocupados por mujeres; en contraposición a los estados de Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México, en los que únicamente entre 15 y 30% de los cargos son ocupados por mujeres. Particular relevancia tiene el caso de Oaxaca porque, según el informe, resulta la entidad donde menos del 15% de los puestos públicos son atendidos por mujeres.

Obra de Manuel Velázquez

Otro de los temas relevantes en el informe es el relacionado con la corrupción y los esfuerzos que desde la administraciones locales se viene realizando en el tema. Más aún, resulta quizás el principal aspecto en la administración pública en su relación con la sociedad porque las mediciones internacionales nos ubican en los primeros lugares de los países donde la ciudadanía, cuando tiene que hacer un trámite, a menudo recurre al soborno para hacerlo. Si bien se trata de un relación imputable a los agentes que intervienen en este tipo de conducta, resulta importante conocer lo que desde las autoridades se viene haciendo con el propósito de revertir la tendencia. En este sentido, los estadísticas resultan reveladoras, puesto que del conjunto de municipios en el país y delegaciones de la Ciudad de México, menos del 7% (6.8) de las administraciones locales tienen algún tipo de plan o programa anticorrupción; mientras que el 9.6% apenas lo están integrando. Con otras palabras, tenemos que más del 70% de las administraciones locales o ignoran el tema, o simplemente han decidido posponer la capacitación y el fomento de prácticas anticorrupción en las funciones que desempeñan.

Sin duda, otro de los aspectos importantes a considerar para una sana convivencia ciudadana en los espacios locales, es el tema de la seguridad. En este sentido, el informe señala que durante 2016 las policías municipales tuvieron intervención en más de 4 millones de presuntas acciones delictivas cometidas en sus demarcaciones. De ese total, cerca del 50% se supone que corresponden a diversas infracciones; el 7.8% se relacionan con presuntos delitos del fuero común; mientras que el 0.4% se presume que fueron delitos del orden federal.

En el caso de los delitos del fuero común, por ejemplo, se establece que casi el 60% de ellos se relaciona con ataques al patrimonio. Y, sin embargo, aquí existe una muy variada tipología de acciones criminales que incluyen desde el robo y la extorsión, hasta la sustracción de combustible. Si bien el robo de combustible está más asociado a la redes criminales que operan en el país; lo que son los robos en sus diferentes modalidades (a transeúnte, a casa habitación, etc) es posible sostener la hipótesis de que se trata de las condiciones socioeconómicas la que puede estarlo estimulando.

Por otra parte, los delitos del fuero federal aunque estadísticamente parecen irrelevantes, la mayoría de ellos están relacionados con el consumo y el tráfico de narcóticos; en especial la modalidad de narcomenudeo. Sin embargo, son estos crímenes los que mayor impacto tienen en la percepción de la población y los medios de comunicación. Es posible que el escaso registro de este tipo de delitos se deba al registro poco sistemático que la autoridad lleva de ellos o también, al bajo nivel de denuncias.

Otros temas igualmente relevantes para la agenda local es todo lo relacionado con los servicios que tiene que proveer la autoridad municipal. En este sentido, destacan los servios de agua potable y la disposición de los residuos sólidos. En el primer caso, la buena noticia es que la cobertura es bastante alta, puesto que casi el 100% (98.0) de los 2458 municipios del país ofrecen ese servicio a sus ciudadanos. El problema en este caso no está ahí, sino en el tema de las aguas residuales ya que solamente el 32.1% de los ayuntamientos cuenta con sistema de tratamiento. En el segundo caso, se sabe que la recolección de basura alcanza más de 100 mil toneladas diarias en todo el país y se calcula que el ciudadano promedio genera poco menos de 1 kg de basura al día. En este sentido, finalmente, se destaca que en seis entidades federativas se recoge casi la mitad de los residuos sólidos que son producidos en el país, “donde la Ciudad de México registra la mayor proporción con 13.4% del total nacional, el Estado de México con 11.4%, Jalisco con 7.1%, Veracruz con 5.8%, Michoacán y Nuevo León con 4.4% cada uno”.

Con base en los datos que las mediciones de INEGI nos aportan podemos comprender el tamaño de los desafíos que las administraciones locales tienen; no sólo en las cuestiones de seguridad sino, además, en el tema de mayores equilibrios en términos de la representación política por género, así como en la distribución de cargos basados no sólo en el criterio de género, sino en el de las capacidades para el desempeño de funciones específicas. Como lo hemos visto, algo se viene haciendo ya al respecto, pero hay que avanzar todavía más en este aspecto. Al mismo tiempo, los ayuntamientos tienen un reto todavía enorme en torno a los servicios más indispensables para la población. Para toda administración municipal esta información es indispensable para tomar decisiones estratégicas y acciones específicas para combatir los rezagos que en este contexto todos padecemos.