La didáctica de la corrupción

La realidad supera la ficción, reza un dicho popular. Es lo que puede aplicarse al recién informe de la Auditoría Superior de la Federación en donde se evidencia que tanto gobiernos municipales y estatales, y hasta universidades de todo el país, han desviado recursos públicos; configurándose un presunto daño patrimonial multimillonario. En cualquier otro país del mundo esto no sólo sería un escándalo nacional sino que, además, hubiese motivado dimisiones en cascada; en México prácticamente ha pasado desapercibido el hecho, salvo para algunos analistas y medios que han ofrecido algún tipo de cobertura.
No es la primera vez que la Auditoría presenta un informe de este tipo. Desde hace algunos años viene difundiendo los resultados de sus auditorías, pero el punto es que prácticamente no se hace nada al respecto, pese a las evidencias que indican probable desvío de recursos en la administración pública en sus distintos niveles.

Obra del pintor chiapaneco Manuel Velázquez.

Lo más terrible del caso es que parece que en todo el país se opera de la misma forma. En este sentido, no existe ningún sello político que distinga el actuar de las autoridades. Todas parecen operar de la misma forma. Así, los informes de la Auditoría Superior de la Federación apuntan que tanto en la administración pública, como en el sector educativo (en particular, en algunas de las universidades públicas del país) se ha configurado un cierto sistema para el desvío de los recursos públicos y destinarlos para otros fines. Si las universidades se han prestado a lo que parece ser el modus operandi para un uso indebido de los fondos estatales, el tema resulta de muy alta relevancia y muy graves sus consecuencias para la vida pública del país.
Desviar el dinero de los contribuyentes y usarlos para otros fines ha sido la práctica que ahora distingue al conjunto de la clase política. En pocas palabras, la operación se perfeccionó en el Estado de México, pero ahora cunde en toda la república. Es común, entonces, encontrar que los gobiernos de los estados depositen los fondos en empresas fantasmas y luego, mediante una compleja triangulación, el dinero público termine en las cuentas de algún prominente político o se use para fines que desconocemos, pero podemos intuir que a menudo se emplea para comprar voluntades.
Solamente los cambios de gobierno y la voluntad expresa de los funcionarios públicos de la más alta jerarquía, como se ha podido ver particularmente en el caso de Chihuahua, por ejemplo, permiten albergar al menos que los hechos denunciados puedan investigarse y eventualmente se establezcan las sanciones que las propias normas establecen. En este sentido, sin que esto signifique un combate serio a la corrupción, la alternancia sí ha podido estimular que algunos casos -quizá los más graves- estén en marcha los procesos judiciales para deslindar las responsabilidades correspondientes. Particularmente relevantes han sido los casos de César Duarte en Chihuahua, el de Javier Duarte en Veracruz o Roberto Borge en Quintana Roo. Todos estas muestras emblemáticas del abuso, prácticamente han sido acusados de los mismos delitos. Por cierto, el hoy presidente mientras estaba en campaña aseguraba que estos eran los rostros de ese nuevo PRI que ofrecía a los electores en el proceso electoral de 2012.
Sin embargo, debemos reconocer que esta práctica se emplea de manera ordinaria por los funcionarios públicos independientemente del partido o coalición por la que hayan llegado al poder. De esta forma, tenemos el caso de Guillermo Padrés en Sonora, quien ganó la gubernatura a través del PAN; o también, Gabino Cué, ex-gobernador de Oaxaca que llegó al poder mediante una coalición. Todos han sido señalados de desviar presuntamente recursos del erario y así como ellos, desfila toda una constelación de funcionarios públicos que desde los municipios, los estados y la federación, han perfeccionado los métodos que permiten la síntesis entre el uso abusivo y la apropiación privada de los fondos del Estado.
No es descabellado pensar que, ahora que se acercan los cambios de gobierno a nivel federal, estatal y municipal vuelvan a la luz nuevos casos de presuntos actos de corrupción en las más altas esferas del poder; sobre todo si la competencia electoral va acompañada de la alternancia en los distintos cargos que estarán en disputa, principalmente los ejecutivos.
Mientras no existan controles institucionales verdaderamente efectivos y una vigilancia desde las organizaciones de la sociedad civil, no se podrá romper el círculo de la didáctica que estimula la corrupción sistémica.