La Comisión Estatal y los Derechos Humanos en Chiapas

Foto: Frayba

Los derechos humanos suelen ser apropiados por los gobiernos para adornar sus informes y discursos políticos. En la materia, es mucho más fácil hablar de derechos humanos que trabajar por ellos…o respetarlos. La cuestión en Chiapas es que no sucede ni lo uno ni lo otro: No he escuchado al gobernador pronunciar la palabra derechos humanos y tampoco he visto acción concreta alguna para asegurar su ejercicio efectivo. Sin ir más lejos, se termina el gobierno y no pudo cumplir con las exigencias de la alerta de género.

No advierto que el gobierno del Estado cuente con una política en materia de derechos humanos, como no sea mantener en la estructura de la burocracia las diversas instancias que simulan atención. Me refiero a las dependencias de derechos humanos adscritas a la Secretaría de Gobierno, a la Procuraduría de Justicia, o al Tribunal de Justicia, entre otras.

Al no existir una política en la materia, y por supuesto, tampoco un compromiso con los derechos humanos, resulta por demás comprensible el nulo interés por respetarlos y mucho menos garantizarlos mediante mecanismos de protección eficaces.

Desde su creación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no ha representado una instancia eficaz para la defensa de nuestros derechos. No lo ha sido en ningún momento, pese a los cambios en su denominación y estructura, derivado de las ocurrencias de los gobiernos del pasado.

En ningún momento, salvo un breve paréntesis al inicio del autodenominado “gobierno de la esperanza”, la CEDH se ha comprometido realmente en la defensa de los derechos humanos. Todas las personas que han fungido como titulares, sean presidentes, presidentas, consejeros o consejeras, se han desempeñado como operadores políticos del gobernador y solo han sido útiles para simular que se atienden algunas violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto, no resulta extraño que una vez más se haya nombrado como presidente del organismo a una persona que nada tiene que ver con los derechos humanos, pero que necesitaba continuar sirviendo al gobernador. Es cierto que su inexperiencia en la materia y su vinculación al Ejecutivo viola la ley y lo hacen incompetente para el cargo, pero también debe recordarse que con las mismas irregularidades se designó al anterior presidente del organismo, y sucedió lo mismo con algunos integrantes del Consejo de Derechos Humanos. Incluso, en todos los procesos irregulares de designación, la UNACH siempre ha jugado el vergonzoso papel de proponer a los menos idóneos.

La eficacia del mecanismo para la protección y defensa de nuestros derechos humanos, depende en gran medida de su autonomía real, y la autonomía de la CEDH solo será posible bajo un gobierno democrático, respetuoso de los derechos humanos, y dispuesto a afrontar las violaciones que se presenten. Hasta ahora no hemos contado con un gobierno con tales características, y es esa la razón por la cual la CEDH cumple un papel cosmético, dirigido por personas sin más interés que cuidar los intereses del Ejecutivo.

Lamentablemente no se avizora que las circunstancias vayan a cambiar y que podamos contar pronto con un mecanismo de protección y defensa de nuestros derechos realmente autónomo, eficaz y comprometido en su labor. Tal parece que, cuanto más indispensable resulta la observancia de los derechos humanos, menos importancia le otorga la clase política. Pareciera que evitando alusiones a los derechos humanos también se evita asumir las responsabilidades en la materia.