Los ayuntamientos: reparto de cuotas y disfuncionalidad

Hace relativamente poco tiempo escribía acerca de la idoneidad de los funcionarios en la actual administración local de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entre otras cosas, señalaba que no existía correspondencia entre el perfil profesional de algunos funcionarios y los cargos que vienen desempeñando. Pareciera que cualquiera puede desempeñarse en las muy diversas tareas que debe atender un ayuntamiento o, para el caso, resulta indistinto si se trata del gobierno federal o los estatales. Si bien estos últimos están más expuestos al escrutinio público y a los intereses del periodismo, no es menos cierto que igualmente en estos niveles de gobierno se cometen los mismos errores. Ahí está el caso del hoy candidato del PRI a la presidencia de la República que ha pasado por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social y la de Exteriores. En cada uno de estos cargos es obvio suponer algún tipo de expertise para desempeñarlo adecuadamente. Pero la lógica no siempre es la que se impone cuando de otorgar cargos significa. Todos los gobiernos, al momento en que son electos, tienen la suficiente legitimidad para formar el equipo de trabajo que se considere adecuado, pero la práctica y la tradición política nos indica que llegan con suficientes compromisos derivados de los intereses y alianzas construidas a lo largo de las campañas. Por lo tanto, responden más a la lógica que significa el pago de favores por votos, que a la idoneidad de los perfiles frente a los retos que implica la administración pública.

#TuxtlaNoSeRinde Foto: Chiapas PARALELO

Hay que decir, no obstante, que el gobierno municipal de la ciudad capital de Chiapas no es el único ayuntamiento que carga con ese tipo de lastre. En ello no encontramos distinción que valga la pena considerar. Para desgracia de la ciudadanía esto ocurre en todos los gobiernos de la república y en los distintos niveles. Lo ideal sería la definición con base en perfiles adecuados frente a las tareas que debe enfrentar un gobierno. Cuanto mayor correspondencia exista entre esto, mejores expectativas podremos tener para alcanzar gobiernos más eficaces y esto redundará en beneficio de la ciudadanía.
Este hecho se complementa con la insuficiencia de un servicios civil de carrera que no sólo permita profesionalizar y estabilizar una burocracia sino que, además, permita la selección de los perfiles más adecuados para el mejor desempeño de la función pública. La administración pública federal algo ha hecho al respecto, pero los gobiernos subnacionales operan bajo los viejos esquemas de reparto de cargos.
Pero estos no son los únicos, ni los últimos retos que debe enfrentar una administración local. Recientemente, la Suprema Corte ha resuelto en favor de algunos ex-empleados de gobierno, con base en el recurso de amparo interpuesto por particulares que habían sido despedidos por ayuntamientos e incluso por una delegación de la Ciudad de México, toda vez que fueron vulnerados sus derechos en términos de las liquidaciones que debieron haber recibido al momento de ser separados de sus cargos.
En estos casos, desde luego que existe una responsabilidad de los ayuntamientos no sólo por rescindir los contratos conforme lo mandan las normas, sino porque después de haber conocido de las demandas laborales interpuestas, simplemente terminan ignorando los procedimientos y la solución de los conflictos; transfiriendo la responsabilidad de esto a las sucesivas administraciones. Lo que domina en esto es la irresponsabilidad de las autoridades locales en prácticamente todo el país; donde exista una experiencia en contrario es más la excepción que la norma. Con otras palabras, resulta una práctica común que los alcaldes terminen ignorando a la autoridad laboral, bajo el argumento de que no fueron ellos quienes provocaron los problemas o que fueron herencias de administraciones anteriores y, por lo tanto, asumen que no tienen por qué responder a tales compromisos.
Sin embargo, la realidad puede resultar más grave aún, si tomamos en cuenta que los ayuntamientos son instituciones cuya fragilidad se ha venido orquestando desde hace muchísimo tiempo. El hecho de que los principales impuestos son transferidos a la federación, deja a las administraciones locales en el penoso papel de recaudar fondos prácticamente por la única que tienen, la cual resulta del cobro del impuesto predial. De ahí en fuera, los ayuntamientos viven de los que reciben del gobierno federal.
Se ha acumulado tal cantidad de dinero por los juicios perdidos, en múltiples ocasiones porque los propios ayuntamientos dejan de litigarlos en los tribunales, que no tienen forma de financiar lo que implican esas demandas en términos de salarios caídos y prestaciones incumplidas; puesto que las administraciones locales carecen de los fondos necesarios para pagarlos.
Si los ayuntamientos tienen problemas para responder a este tipo de demandas laborales por la cantidad “estratosférica” que han resultado las cuentas que tienen que pagar como resultado de los amparos ganados por los ex-trabajadores, resulta paradójico que esto sucede en la época en que estos han sido beneficiarios de cada vez más recursos públicos. Esto no sólo es indicativo del tamaño de la irresponsabilidad de la generalidad de los alcaldes en el país y la falta de controles efectivos que permitan corregir a tiempo estas acciones; sino que el problema más grave aún podría resumirse en la siguiente pregunta: ¿A dónde fueron a parar los recursos que han sido transferidos a los ayuntamientos?
Es muy probable que en Chiapas comiencen a aparecer casos de este tipo ahora que nos encontramos en pleno periodo electoral. No es descabellado pensar, también, que esto termine en violencia en un estado que navega entre la indolencia de sus autoridades y su incapacidad para impartir justicia, y las iniciativas particularistas que otorgan todo el poder al más fuerte. No es, desde luego, nuestro mejor augurio, pero lo que flota en el aire es la descomposición. Oxchuc, por desgracia, es una muestra de esto.