Corrupción. Parte II y última, comisión

La corrupción, contrario a lo declarado alguna vez por Enrique Peña Nieto, no es un problema cultural. Pero sí estructural. Es decir, emerge de la dinámica de relaciones entre dos actores, por un lado, el Estado a través de las instituciones de gobierno y administración pública y, por el otro, la ciudadanía que exige o ejerce derechos y demanda o utiliza servicios brindados por el primero.

Contrario, también, a lo que algunos consideran, la corrupción no se elimina sólo cuando el actor ciudadano se niega a participar de ella. Aunque todas las personas se nieguen a participar en actos de corrupción de forma efectiva, el otro actor, la administración pública tiene los recursos para coaccionar con miras a conseguir la “tajada”, mordida, etc. Es decir, la ciudadanía puede negarse a participar de la corrupción, pero no siempre tiene esa alternativa: un trámite urgente (una consulta médica, una fianza por un arresto injusto) o una condición de desventaja (pobreza, condición étnica o de género) pueden convertir al ciudadano en “víctima” de la corrupción, no en su agente. Algunas personas se niegan a hacer esta simple distinción.

Incluso, para quienes creen que la corrupción es “de los dos lados”, hay un tema vital: los actos de corrupción no se castigan en México. Es decir, la administración pública pondera la impunidad para permitir que el aparato de corrupción siga funcionando, de forma abierta o encubierta, para beneficio de quienes detentan el poder y perjuicio de quienes tienen menos del mismo, sobre todo, la ciudadanía.

La corrupción, un problema cultural: Peña Nieto.

En la primera parte en la que abordamos este tema, señalamos que hay una percepción generalizada de corrupción; en esta ocasión queremos describir, aunque sea superficialmente, qué tan acusado es el problema en términos objetivos. Una idea para emprender este intento de análisis es proponer que la percepción de corrupción está marcada por el desempeño público de los distintos actores políticos, más que por la práctica cotidiana e interpersonal de actos de corrupción.

Es decir, se percibe a distintos actores (gobierno, partidos, sindicatos) como corruptos, pero la ciudadanía tiende más a resistirse a cometer actos de corrupción y por ello la percepción y la realización del fenómeno no se corresponden exactamente. Para ello, tal como en la primera parte de este tema, nos apoyamos en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 realizada por el INEGI.

Partimos de intentar responder a la siguiente cuestión: si existe una percepción generalizada de corrupción en Chiapas, ¿qué tanto participa la ciudadanía en actos de este tipo? La ENCIG pregunta esto en dos niveles a la población urbana: si conocen a personas que hayan vivido actos de corrupción y si en su contacto con funcionarios han estado en ocasión de participar en ellos.

La percepción de corrupción a nivel nacional es del 59.7% (gente que cree o ha escuchado de actos de corrupción), mientras que en Chiapas el índice es de 49.5% (porcentaje con base a la tasa sobre 100 mil habitantes urbanos). Esta percepción puede estar altamente determinada por el número de personas que conocen a alguien que les contó de actos de corrupción en trámites que realizaron: a nivel nacional, 46.7% y en Chiapas 34.7%. Usted puede preguntar a las personas que han realizado algún trámite si les tocó ver o sufrir un acto de corrupción para sacar conclusiones.

Pero la participación objetiva en actos de corrupción se encuentra en otro nivel. De la población urbana, la ENCIG reporta que 12.5% reporta haber experimentado algún acto de corrupción en al menos un trámite realizado ante funcionarios públicos, en Chiapas la experiencia fue reportada por 8.7% de las personas.

En este sentido, Chiapas no es el más acusado en el problema —actos de corrupción sufridos por la ciudadanía—, otros estados como Morelos (20%), Sinaloa (18.1%), Chihuahua (17.6%) o Michoacán (16.3%) sufren más del doble de este tipo de eventos según la ENCIG.

Para tratar de llegar a una conclusión, revisemos la tasa bruta de actos de corrupción: el número de actos ocurridos por cada 100 mil habitantes. Para 2015, a nivel nacional se cometían 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, siendo el Estado de México el más afectado, con 62 mil casos por 100 mil habitantes. En Chiapas, la tasa bruta de actos de corrupción alcanzó los 14 mil casos por 100 mil habitantes.

Hasta aquí, tenemos dos cifras, los actos experimentados cuya incidencia fue de 8.7% y los actos reportados, que llegan a 14 mil por cada 100 mil habitantes. A su vez, la gente percibe a políticos y policías como corruptos, considera este uno de los problemas que más afectan al estado solo después de la pobreza. ¿Qué ocurre en realidad en la relación entre percepción y comisión de la corrupción?

Para quienes gustan de señalar que en la corrupción estructural la ciudadanía ocupa un papel preponderante, las cifras tienen la tarea de desmentirlos. En Chiapas, aunque ocurre, la corrupción ciudadano-autoridad está en un nivel menor al 50% de la media nacional. No es este tipo de corrupción la principal problemática del estado.

La percepción del problema, sin embargo, es muy similar a la que se registra en la escala nacional, siendo los partidos políticos los más acusados. Una posible explicación es que la ciudadanía “percibe” o “cree” que sus autoridades se coluden para realizar actos de corrupción, para violar o desconocer la ley y lograr beneficios propios. Aunque esto es algo que no podemos probar objetivamente —no con los datos de la ENCIG—, sin duda, la percepción ciudadana está basada en lo que ve y vive en el entorno de la política chiapaneca. Dado que los acuerdos entre actores políticos no son vividos por los ciudadanos, pero sí sospechados, éstos no se reflejan directamente en las cifras más que como una “percepción”.

Podemos sugerir que el desempeño gubernamental, en todos sus niveles, es evaluado bastante negativamente por la ciudadanía y que un efecto de ello es la tendencia a ver como corruptos a distintos actores políticos. Cualquier autoridad, entonces, puede sugerir que se lucha contra la corrupción, y la ciudadanía por su parte puede resistirse a ella en su vida cotidiana, pero lo que se percibe es que, en el entorno de la política chiapaneca, unos cuantos se benefician mientras las condiciones materiales del resto de la población se sigue deteriorando.

Nota: Los resultados de la ENCIG en los que se basa este artículo pueden consultarse en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2015/