Participación y representación política indígena en México: las batallas hoy

“Es la hora de las mujeres» Foto: Isaín Mandujano

Octubre del año 2017 ha sido un momento clave para hacer visible tres batallas que se dan en las arenas políticas del país que con gran protagonismo despliegan los pueblos indígenas de México, al ser actores políticos significativos que luchan por lograr el ejercicio de sus derechos políticos, constitucionalmente reconocidos y que deberían ser materializados como un ejercicio concreto de su derecho a la libre determinación y autonomía.

Los proyectos hegemónicos de una nación monocultural les han cerrado las puertas a su participación, toma de decisiones y representación en las instituciones del Estado,  excluyéndolos de la agenda nacional; poniendo restricciones al ejercicio de sus derechos humanos, y les ha negado la posibilidad de, como sujetos colectivos, abonar hacia la construcción de sociedades justas, dignas e interculturales.

En el mes de octubre han ocurrido tres acontecimientos que dan cuenta de su capacidad de propuesta en el escenario político del país:

1.- El arranque de la campaña de Marichuy (CNI-EZLN) por la conquista del registro de su candidatura para contender a la presidencia de México

El 08 de octubre, María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno se presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para registrarse como aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente. Varios cientos de personas la acompañaron, mostrando la simpatía y apoyo a su candidatura. En esa ocasión Marichuy refrendó su rechazo al sistema de partidos, al anunciar que no recibiría ningún peso del INE, para sus gastos de campaña.

Esa ruptura no le ha permitido, sin embargo, dejar de sentir el peso de un sistema partidista dominante que se ha impuesto como una sola forma de hacer política: los partidos políticos. Por lo que al crearse la figura de “candidatura independiente”, el diseño tecnológico para obtener las adhesiones, responde a partidos con militancia urbana, que tiene acceso a las tecnologías de celulares y con señal de Internet asegurada. Este sesgo resulta ya de si, excluyente y discriminatorio, y no pone piso parejo a todos los contendientes.

Marichuy ha denunciado esa inequidad por la imposición de un diseño tecnológico que responde al sistema de partidos políticos, al no poder realizar con solvencia y soltura las actividades de registro que requiere para poder obtener las adhesiones necesarias en la fecha establecida como límite para los registros de los independientes.

Al comenzar su recorrido por la recolección de las firmas, Marichuy se enfrentó al sistema electrónico establecido por el INE, siendo éste un gran problema que ahora es un obstáculo, pero que a la larga, de no resolverse, puede ser un impedimento para su registro.

El sistema de partidos políticos en México, el INE y su tecnología dirigida hacia la población de las ciudades, puede terminar siendo un dispositivo de poder, que podría refrendar la exclusión de los ya excluidos.

2) Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Originarios, celebrado el 21 de octubre en la Casa Comunal de San Francisco Cherán, en Michoacán.

El liderazgo del municipio indígena de Cherán en el tema del derecho de los pueblos indígena a nombrar a sus autoridades municipales mediante sus propios sistemas normativos internos, logró convocar a un nutrido grupo de líderes de distintos estados del país, interesados en aprender las lecciones de Cherán y lograr un intercambio de experiencias y saberes en torno a estas luchas.

Destacó la presencia de los liderazgos y los abogados comunitarios de Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Tecoanapa (Guerrero) y de Oxchuc, Chilón y Sitalá (Chiapas), además de las comunidades P’urhépechas de San Felipe de los Herreros, San Francisco Pichátaro, Santa Fe de la Laguna y Cherán K´eri (Michoacán).

El encuentro estaba encaminado a conjuntar los esfuerzos y las luchas de comunidades, municipios y pueblos originarios que están activos en la defensa y promoción de sus derechos a la libre determinación, autonomía y el ejercicio del autogobierno en el ámbito local.

Todos ellos tienen en común que rechazan la presencia de los partidos políticos en sus municipios y comunidades y pugnan por lograr el reconocimiento legal de sus sistemas electorales propios, y fortalecer la lucha en el terreno jurídico, así como de articulación política nacional.

En la fracción II, del “Pronunciamiento” que se emitió en el Encuentro, quedó señalado de manera expresa lo siguiente: “II. En todas nuestras comunidades y municipios el papel de los partidos políticos ha consistido en dividirnos, excluirnos y fomentar la corrupción como modo de operar. En consecuencia denunciamos y rechazamos la injerencia y presencia de éstos al interior de nuestras comunidades y municipios. Exigimos que se cumpla nuestro derecho a gobernarnos conforme a nuestros usos y costumbres o nuestro modo de vida.”

Un crecido número de comunidades y pueblos indígenas de México siguen los pasos de Cherán, que transitan por las huellas ya añejas de los municipios oaxaqueños, quienes han dado pasos adelante en sacudirse del sistema electoral de partidos políticos.

Hoy, en Chiapas, Guerrero y el Estado de México, entre otros, se dirigen por ese camino de libre la determinación y autonomía que requiere el cambio de régimen electoral, que transite del régimen de partidos políticos, hacia el régimen de sistemas normativos internos.

3) La celebración, el 23 de octubre, del “Tercer Foro Regional con líderes indígenas del sureste del país” convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE) celebrado en Mérida, Yucatán.

En esta actividad participaron 60 delegados indígenas de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, que pugnan por lograr materializar los derechos de representación política en la Cámara de Diputados (2017-2018).

Por exigencia de la Red Nacional Indígena (RNI), el Instituto Nacional Electoral (INE) ha realizado sendos encuentros en Chihuahua, Puebla y Mérida, Yucatán, con organizaciones, pueblos, líderes y especialistas en derechos de los pueblos indígenas, para evaluar el estado, avances, retrocesos y propuestas, que conduzcan a materializar el derecho a la participación y representación política indígena en el Congreso de la Nación.

El pasado día 23 de octubre ce celebró el “Tercer Foro Regional con líderes indígenas del sureste del país”, con el que se cerró el ciclo de foros regionales, esperando la celebración de uno más, de carácter nacional, según la agenda propuesta.

La demarcación de “Distritos indígenas” se remite al año 2004, cuando el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el entonces IFE, aprobó el 11 de febrero una redistritación electoral a nivel nacional, para las elecciones del 2 de julio de 2006 y la del 2 de julio de 2009.

En la delimitación se observó que de los 300 distritos uninominales, 28 de ellos concentraban un 40% o más, de población indígena. Estos fueron llamados como “Distritos Indígenas”. Esta delimitación sería la base para establecer una política pública de acción afirmativa, que conduciría a llevar 28 diputados indígenas a la Cámara de diputados (Jorge Alberto González Galván, 2008, La redistritación electoral y la participación política de los pueblos indígenas en México. Balance y perspectivas, 2006-2009).

Sin embargo, estos derechos no se incorporaron en la legislación electoral y no hubo reglamentación. Adicionalmente, el primer obstáculo a que dicha política afirmativa se enfrentó fue a la voluntad de los partidos. La ley no estableció una “cuota étnica” de carácter obligatoria, sino que dejó en sus manos la prerrogativa de decidir “preferentemente” una candidatura indígena, sin que hubiera sanción alguna por su incumplimiento.

En 13 años que han transcurrido desde que la institución electoral nacional tomó esa medida, los partidos políticos no han cumplido, en lo general, con dicha “recomendación”. Los resultados no han favorecido a la representación indígena.

Por ejemplo, en el caso del Distrito 05, con cabecera en San Cristóbal de Las Casas, que es considerado un “Distrito indígena” desde 2004, la curul de este distrito la ocupó (2015-2018), la señora Marisol Sandoval, una mujer mestiza, quien es la esposa de Sergio Lobato uno de los líderes de alto rango del Partido Revolucionario Institucional. Decisión del partido que ignoró a la numerosa población y liderazgos indígenas de la región de Los Altos de la entidad.

El investigador de El Colegio de México, Willibald Sonnleitner, realizó una investigación (“La representación legislativa de los indígenas en México. De la representatividad descriptiva a una representación de mejor calidad”, 2013, IFE), que evalúa esta política electoral para pueblos indígenas. Observa limitaciones en la misma. Identificó como un problema la defectuosa demarcación de los distritos, motivo por el cual no se cumplía el objetivo de la representación indígena.

Por otro lado documentó que si bien el número de “diputados indígenas” había crecido de manera moderada, su desempeño y compromiso dejaba mucho que desear en la calidad de sus propuestas.

En parte, el problema estribaba en la dificultad metodológica y política, de saber con precisión ¿quién era indígena?, o dicho de otra manera, permanecía la duda sobre sí todos los diputados que se decían indígenas, como representantes de dichos Distritos, lo eran en verdad. Estas incertidumbres reflejaban lo que en realidad ocurría (y ocurre) con este tipo de representación.

Una primera dificultad estriba en la posible usurpación de identidad. El Convenio 169 prevé el derecho de auto adscripción para ser reconocido como indígena, y si bien esto es legítimo, sin embargo ha dado lugar a la simulación. Muchas veces las curules son ocupados por “indígenas” que se han autoadscrito como tales, pero que han carecido del aval comunitario, como se exige en otros procedimientos judiciales para tales fines.

Ya en su curul, estos “diputados indígenas” guardan lealtades a sus partidos y suelen carecer de una agenda indígena; despreocupados por la calidad de su representación.

Frente a esos pobres resultados, la Red Nacional Indígena (RNI) insistió ante el INE la necesidad de evaluar, debatir y proponer. Una primera medida era revisar y actualizar las demarcaciones de los 28 distritos electorales indígenas. Esto se realizó durante los años 2015 y 2016, quedando finalmente nuevas demarcaciones territoriales, que serán vigentes para la elección de 2018, manteniéndose el número de 28 “distritos indígenas”, incorporando la paridad de género en la integración de las candidaturas.

Pese a este avance, se mantienen tres grandes obstáculos. En primer lugar el rechazo absoluto de los partidos políticos a aceptar la obligatoriedad de una “cuota indígena” en los 28 distritos, y junto con ello la debilidad y la falta de compromiso de Lorenzo Córdova, el Consejero Presidente del INE quien, si bien ha convenido en celebrar tres encuentros (Chihuahua, Puebla y Mérida) con liderazgos indígenas, los resultados y compromisos allí firmados no son vinculantes. Y ha mostrado extrema debilidad en el cumplimiento de los acuerdos.

El consejero envió mensajes a los partidos desde los medios: “Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los pueblos y a las comunidades indígenas a exigir a la clase política que los incorpore de lleno en la toma de decisiones gubernamentales.”. Al mismo tiempo que ofrecía a los indígenas la posibilidad de doce Distritos, en lugar de 28; sin justificación precisa sobre por qué esa cifra y cuáles serían esos Distritos. Pero no avanzó en poner propuestas concretas sobre la mesa que realmente respondieran a los compromisos generados en Mérida.

El segundo problema es que el consejero presidente no ha encontrado eco en los líderes de los partidos, quienes han apelado a su autonomía y rechazan cualquier cambio, apelando a la “certeza” ya que aducen a un cambio en las reglas del juego, al tener que aceptar las políticas afirmativas a favor de los indígenas.

De avanzar la propuesta de la política afirmativa indígena, los partidos han amenazado con irse a los tribunales. La Red Nacional Indígena por su parte, también amenaza con ir al tribunal electoral a pelear por los 28 Distritos, en caso que éstos no les sean respetados. La vía judicial podría ser el terreno para enfrentar la oposición de los partidos.

Pero, existe un tercer problema que es el escenario incierto de la representación indígena. Los partidos difícilmente aceptarán postular a los liderazgos indígenas que históricamente han luchado por la agenda indígena; que son expertos en el tema, que han ganado batallas en el terreno internacional, pero que no militan en los partidos políticos, aunque algunos de ellos podrían ser simpatizantes.

Frente a esa incertidumbre, y en un escenario en el que las organizaciones indígenas pudieran eventualmente, ganar en el tribunal y los partidos tuvieran que postular candidaturas indígenas, el  Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya tiene seleccionados a sus “propios indígenas” que ocuparían esos espacios.

En los últimos tres años el PRI ha estado trabajando para crear liderazgos indígenas a modo. Para ello ha establecido la figura del “gobernador indígena nacional”, instituyendo “gobernadores” y “gobernadoras” en las distintas entidades del país, suplantando autoridades legítimas de los pueblos, en donde tales figuras se han establecido.

Así las cosas, dura batalla legal y política espera a los liderazgos de la Red Nacional Indígena y otros liderazgos nacionales que se han sumado por esta causa: los resultados son inciertos.

Es significativo observar que cada uno de los tres eventos desplegados en el mes de octubre de 2017, da cuenta de batallas inscritas en procesos de mayor profundidad y más largo aliento, que los actores políticos indígenas han estado librando en contra de un Estado-nación, que se niega a constituirse de manera plural (pluricultural y plurilingüe), pese a lo que las normas nacionales e internacionales le obligan.

En estos eventos se ha hecho visible al sistema de partidos políticos como el principal adversario de los pueblos indígenas. El sistema político electoral actual ha sido engendrado por una clase política que se ha apropiado de las instituciones del Estado, que es quien se ha encargado de obstaculizar los caminos emancipadores de los pueblos indígenas: su derecho a organizarse de manera alterna, a articularse a través de formas políticas distintas a la de los partidos políticos; así como a lograr una justa y digna participación y representación política de esos pueblos, como partes constituyentes de la nación.

De lo que resulte en los próximos días y primeros meses del año 2018, será visible sí es que ahora sí, la nación se abre y los recibe como parte de ella, constituyéndose como una nación pluricultural, como dice la Constitución; o de nueva cuenta, como ha ocurrido antes, volverá a dar otro portazo y cerrará la vía para canalizar de manera pacífica e institucional a los legítimos derechos y aspiraciones de los pueblos originarios de este país.

Concluyendo. Se ha vuelto lugar común que los políticos refieran sobre una “deuda histórica” con los pueblos indígenas. Y, según hemos visto, cuando los pueblos indígenas elaboran y plantean propuestas concretas sobre cómo saldar “la deuda”, no las escuchan y mucho menos da respuestas a las mismas. El sistema de partidos políticos es hoy el principal adversario, opositor, a la materialización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de México.