Conflicto por publicidad oficial en Chiapas

Es! Diario Popular, Expreso Chiapas y El Sol de Chiapas cobraron públicamente, hace unos días, al gobierno del estado un adeudo que, según señalaron, es de casi un año por servicios publicitarios.

No es la primera vez que directivos de periódicos reclaman a comunicación social del estado o al propio gobernador el cumplimiento de convenios por publicidad. Oye Chiapas, incluso, ha insertado anuncios en la revista Proceso para urgir sobre los pagos de adeudos contraídos por difundir actividades gubernamentales.

Estos reclamos demuestran que el Gobierno del Estado de Chiapas atraviesa por problemas económicos, falta de liquidez y presupuesto insuficiente para solventar adeudos de diferentes proveedores, y que amenaza con una eclosión descomunal de protestas para el próximo año.

El riesgo está ahí y deberán tomarse medidas urgentes porque la mala imagen y posterior caída de Javier Duarte en Veracruz se vincula a la ingente deuda que dejó entre contructores y proveedores de servicios.

Los empresarios, generalmente, cuentan con recursos para financiar campañas que presionen a los gobiernos para que cumplan sus compromisos, amén de tener estructuras organizadas a través de uniones y cámaras.

Es posible también, que más allá de la falta de liquidez en el erario estatal, exista una política por desvincularse de ciertos medios, que a juicio de ellos, no les genera dividendos importantes en la disputa por la opinión pública.

Esa nueva estrategia, sin embargo, no debería contemplar el impago por los servicios ya prestados. Otra realidad es cuando en los nuevos comunicados oficiales se añade la leyenda de “información opcional”, es decir, desvinculada de un compromiso comercial.

Lo ideal sería que todos los comunicados fueran de este tipo, y que cada periódico o portal informativo, decidiera publicarlo dependiendo de su carga significativa para los lectores.

Este conflicto de reclamos exhibe también la falta de una política de comunicación social sobre el otorgamiento de publicidad oficial, la cual se ha entregado durante años de forma discrecional a medios simpatizantes al régimen en turno.

Así, los convenios publicitarios se convierten en instrumentos que censuran —casi de forma directa— a los portales y a los periódicos, porque es impensable que en esos medios se publiquen críticas que puedan ser consideradas incómodas para el otorgante.

Los políticos chiapanecos han tenido desde siempre la piel demasiado sensible para las observaciones. Y lo que no pueden acallarlo con una taza de café, lo solucionan con apoyos subterráneos a la prensa. A veces revistas que solo circulan en las dependencias reciben apoyos del erario, con la táctica elemental de enaltecer al funcionario y publicarle algunas fotografías.

Ojalá que este conflicto en el que se ven envueltos tres periódicos tuxtlecos conlleve, primero, a que se les pague lo acordado, y en segundo término, a un replanteamiento sobre los contratos de publicidad oficial, de tal manera que se premie la labor informativa de calidad, en un marco de absoluta transparencia. Eso redundará en beneficio de la sociedad, que hoy parece encontrar los intersticios de información en las redes sociales digitales.