Saqueo e ingobernabilidad, el sismo que viene
Foto: Omar Borjas/Chiapas PARALELO.
Cuando el gobierno de Manuel Velasco tuvo en sus manos los datos de la dimensión del desastre provocado en Chiapas por el sismo del 7 de septiembre pasado, no todo fue preocupación por la magnitud del desafío institucional que se venía venir para enfrentar las consecuencias inmediatas y posteriores al movimiento telúrico.
En la lógica pragmática y clientelar de la administración velasquista, el temor y el desaliento momentáneo trucó rápidamente en desaforado optimismo. Para el gobernador y su círculo cercano, la tragedia no sólo representaba muerte, destrucción y desgaste para atender el impacto económico y social del terremoto, sino la gran oportunidad de revertir la crisis gubernamental que enfrentaban por el infarto del sector Salud, la violencia en la zona Altos, las crecientes protestas sociales y magisteriales, las intermitentes denuncias de corrupción pública, la inseguridad y las consecuencias de una economía estancada.
En particular para Manuel Velasco, el sismo funcionó como un revulsivo a su alicaída imagen y a su populista forma de gobernar que, por repetitiva, reciclada, chocante e intrascendente, había perdido su fuerza mediática. Las mismas actitudes, los mismos gestos, las mismas palabras, la misma actuación, pero ahora como escenografía escombros, techos derrumbados, paredes fracturadas y personas humildes utilizadas como actores secundarios para el lucimiento del gobernante necesitado de fama.
Sin embargo, ensimismado en su narcisismo e insensibilidad, el gobierno no está dimensionando cabalmente las consecuencias sociales y políticas del devastador fenómeno natural en un contexto electoral de suma trascendencia como el que se avecina en 2018, el cual estará atravesado por circunstancias de debilidad institucional interna.
Para Manuel Velasco lo prioritario hoy es revitalizar su imagen, manipular y rentabilizar para fines facciosos los millonarios recursos de la reconstrucción y preparar la elección de Estado del próximo año que le permita asegurar un futuro personal sin sobresaltos políticos, económicos o judiciales. Es decir, blindarse en todos sentidos de las consecuencias de un gobierno fallido y rapaz.
Bajo estas circunstancias y en un contexto de fragilidad institucional, donde no hay efectivos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, donde el sistema está diseñado desde el gobierno pasado para la depredación de los recursos públicos bajo el amplio manto de la impunidad, las condiciones están dadas para que el próximo año, al concluir el sexenio, ocurra otro escandaloso saqueo de las arcas públicas para beneficio de la cleptocracia gobernante.
Lo más riesgoso, no obstante, es que hay señales de que el descontento con la clase política, y las crecientes protestas sociales y gremiales –muchas de ellas violentas– por la incapacidad del gobierno para procesar y dar respuesta a las demandas ciudadanas, están configurando un clima de ingobernabilidad que difícilmente pueda ser controlado al calor de la contienda electoral y de la disputa subterránea del poder entre los grupos fácticos.
La alarma sísmica ya empezó a sonar en Chiapas. El estado se acerca a una peligrosa coyuntura en la que la inestabilidad provocada desde las instituciones y la generada por el hartazgo de la sociedad civil, puede derivar en inestabilidad social y política.
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