Empeñar el futuro de Chiapas: el préstamo del gobierno estatal
Como informó Sandra de los Santos en estas mismas páginas, el día 2 de octubre, el Congreso del Estado aprobó la solicitud de un préstamo por parte del estado de Chiapas destinado, es de suponer, a contrarrestar los daños causados por los últimos temblores y que han afectado a muchos municipios y a sus pobladores.
¿Quién puede cuestionar esa ineludible responsabilidad de atender a la población? Creo que nadie con un mínimo de sentido humanitario, este último demostrado constantemente por la ciudadanía chiapaneca con su solidaridad. Pero esta certeza no puede llevar a engaño, puesto que somos muchos los que tememos por el uso y abuso de ese dinero. “Gato escaldado del agua fría huye”, y los chiapanecos estamos demasiado escaldados para creer que la aplicación de los recursos que lleguen se hará con la probidad debida. Son ingentes los casos y las veces que ello ha ocurrido, además de quedar impunes los responsables de esta merma al erario público y cuyo único dueño es y debe ser el pueblo de Chiapas.
Desde las instancias pertinentes del ejecutivo se ha señalado que la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública será la encargada de supervisar la aplicación correcta de los recursos, siguiendo lo especificado por la ley anticorrupción vigente en el país, sin embargo es conocido que las formas de ocultar las “transas” son infinitas cuando el bolsillo de ciertos particulares será el beneficiado. De nuevo, los ejemplos sobran, así como los despilfarros y las desmesuras que los gobernantes realizan.
No es necesario ser economista para saber que los préstamos deben devolverse, con plazos e intereses establecidos, aunque siempre queda la posibilidad de renegociarlos, aunque no evadirlos. Pese a ello, un estado como el de Chiapas, ya empeñado económicamente desde hace años, cómo podrá resistir ese peso de deuda, y pensar en un futuro capaz de construir las crecientes necesidades de su población, si el yugo de la deuda le otorga impedimentos para sus inversiones.
La pregunta lógica es si la reconstrucción es posible realizarse sin contar con esos recursos adicionales procedentes del préstamo de, al parecer, 995 millones de pesos. Una respuesta razonable, seguramente, es que no, pero ello no impide establecer ese foco rojo para el futuro del estado. Por esa misma preocupación sería imprescindible que los ciudadanos que tanto se organizan en las dificultades también lo hagan para exigir una supervisión ciudadana de la aplicación real, empírica, de esos recursos. Como se comprueba día sí y día también el Congreso estatal no es ningún contrapeso para el poder ejecutivo, por el contrario solo levanta la mano a todas sus propuestas o imposiciones, da lo mismo cómo se dirijan a esa Cámara destinada a representar a todos los chiapanecos, pero que simplemente defiende los intereses de quienes se sientan en esas poltronas.
Los partidos han dado la espalda a la población y no atienden las preocupaciones de los ciudadanos, así que solo el empuje de una sociedad civil fuerte tiene la capacidad de exigir y confrontar a sus gobernantes. Cuesta, no cabe duda, pero si no se inicia alguna vez las capacidades de Chiapas en un futuro cada vez serán menos; y restringidas sus posibilidades de acometer las carencias sociales de su población en crecimiento.
Pobreza en aumento subsanada con las migajas de la Federación y emigración generalizada parecen ser las únicas alternativas. Así que es urgente la intervención de la sociedad civil para desplegar su capacidad de intervención, no hacerlo sería de una dejadez irresponsable con miras al futuro.
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