Tribunal electoral, brazo político del gobierno
El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech) está cumpliendo muy bien su papel, el de salvaguardar los intereses de la clase política. Con argumentos endebles revocó en días recientes las medidas cautelares y sanciones emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) en contra del diputado federal Emilio Salazar y del legislador local Williams Ochoa Gallegos, por presuntos actos de proselitismo adelantado.
Es decir, no habrá castigo para los políticos quienes, en su afán de posicionarse entre la gente con miras a competir por futuros cargos de elección popular, violentan las normas que limitan la exposición de su imagen fuera de los tiempos oficiales de precampaña.
La sentencia del Tribunal advierte desde ahora cual será el conflictivo escenario que se configurará para las elecciones locales del próximo año, en el que se votará para gobernador, diputados y Ayuntamientos. Ante la probable oleada de denuncias que se darán en el proceso electoral, el Teech será un dique contra aquellas acciones legales que afecten a los políticos ligados con el poder del gobierno en turno. Lo cual sugiere un frecuente enfrentamiento a las decisiones del IEPC, un órgano que luego de una severa crisis institucional interna, busca legitimarse ante la ciudadanía actuando de manera más acorde con lo que marca la ley.
Dicho de otra forma, el Teech conformado por los magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, será el brazo legal que busque neutralizar las atribuciones sancionadoras del IEPC y con ello restarle fuerza institucional y política.
La actuación sesgada del Tribunal no debe de verse de forma aislada, sino en el contexto de la soterrada intención del gobierno de someter a sus designios al Instituto de Elecciones, el cual quedó fuera de su control luego de que el INE decidiera renovar a todos los funcionarios involucrados en violación a la ley de paridad de género y en el escándalo por el fraude de la votación en el extranjero para elegir al diputado local migrante que benefició en ambos casos al partido en el poder, el Verde Ecologista.
En este sentido, la decisión del gobierno del estado de disminuir el presupuesto al IEPC respecto al 2016 en más de 26 millones de pesos en un año preelectoral, así como la negativa de la Secretaría de Hacienda estatal a atender la petición de ampliación de recursos, adquieren un cariz perverso cuyo fin principal es poner de rodillas a la institución encargada de la organización, desarrollo y conteo de los votos de la elección.
En un sistema político viciado como el nuestro, para seguir incidiendo en el poder y para protegerse las espaldas, el grupo gobernante necesita tener control sobre las instituciones electorales que avalan las candidaturas, que fiscalizan los gastos de campaña, que procuran mantener la equidad y garantizar la legalidad de los comicios, que contabilizan los sufragios, que distribuyen las posiciones plurinominales y que atienden las impugnaciones y califican la validez de la elección.
En un escenario de alta competencia en el que existe una gran probabilidad de perder el poder, quienes hoy lo detentan quieren tener el manejo exclusivo de todos los hilos que le garanticen salvaguardar sus intereses de grupo y particulares. Y es en este contexto donde se inserta la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quienes con su cuestionable proceder, se asumen como comparsas del juego político perverso de quienes los encumbraron a esos puestos para obedecer órdenes más allá de lo que les impone el cumplimiento de la ley. Pronto habrá más noticias que comprobarán esa proclividad a la genuflexión de los magistrados electorales chiapanecos.
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