Pagar por la democracia

Tras los terribles sismos sucedidos en los últimos días, y que continúan con réplicas constantes en diversas partes del país, siendo Chiapas uno de los estados más afectados, se ha empezado a hacer vox populi la idea de que el dinero destinado a las próximas campañas electorales, así como partes del sueldo de los políticos, se dirija hacia la atención de los muchos damnificados por los perjuicios causados por los terremotos.

Una petición popular circulada por las diversas redes sociales e, incluso, solicitada mediante firmas recogidas a través de los mismos medios. Demanda nada extraña si se toma en cuenta los agravios de una población mexicana atravesada por un sinnúmero de injusticias sociales y que ven en los políticos profesionales, instalados en el poder legislativo o en distintos puestos del funcionariado ejecutivo, el reflejo más visible de tales iniquidades.

La política como ejercicio profesional se ha convertido en México, desde hace demasiado tiempo, en el espejo donde no se ven reflejados los ciudadanos, aquellos que batallan cotidianamente para sacar adelante sus familias o los anhelos personales, por tal motivo no es extraño que los desmesurados gastos de las campañas electorales, o los estratosféricos salarios de tales políticos se conviertan en un agravio excesivamente visible, y ello sin contar con los conocidas corrupciones toleradas en la mayoría de los casos.

Democracias consolidadas tienen financiaciones menos visibles y costosas, como lo pueden ser la de los países nórdicos de Europa, aunque otras de más largo aliento, como la representada por los Estados Unidos de Norteamérica, permiten gastos desmesurados de campaña a través de las donaciones de instituciones y particulares. Es decir, donde la democracia es un ejercicio consolidado, con todos los “peros” que puedan señalarse al funcionamiento de tales democracias, el erario público no sale tan perjudicado como sucede en México.

Foto: Andrés Domínguez

La democracia cuesta en México, demasiado, porque el ejercicio de la política se ha transformado en un modo de vida lucrativo. Los profesionales del legislativo o del ejecutivo gozan de una situación económica que cualquier mexicano desearía y ello es un gran contraste con lo que ocurre en otros países. Ocupar esos cargos significa un servicio puesto que, incluso, pueden ganar más dinero en sus profesiones, aquellas a las que regresan cuando dejan el servicio público.

En México la democracia, al menos en su formalidad, es un gasto oneroso para el erario público, por ello no resulta extraño que se produzcan esas iniciativas ciudadanas para encauzar los gastos de campaña hacia las necesidades de los afectados por los recientes sismos. Ello habla de las necesidades de una población golpeada por la injusticia social, no cabe duda, pero también significa una grave carencia democrática y que está representada por los excesivos costos para ser, o al menos llamarnos, demócratas. Mientras tal circunstancia ocurra se tendrá claro que nuestro sistema político es endeble en sus fundamentos y, también, que la sociedad civil lo es en el mismo sentido porque no logra mantener a sus partidos políticos.