Mujeres, asesinatos y discursos

Mujeres, asesinatos y discursos
José Ramón Guillén

En los últimos años desde el gobierno federal o en los distintos estados de la República han crecido las dependencias encargadas de promover la igualdad de Mujeres, asesinatos y discursos mujeres y también aquellas dedicadas a su defensa, estas últimas en crecimiento dada su indefensión legal, en muchas ocasiones, y los ataques a su integridad física, con circunstancias tan reprobables como los asesinatos. Algunos de ellos resultado final de años de maltrato de sus parejas y otros relacionados con múltiples factores donde los conflictos sociales y la misma delincuencia organizada tienen una amplia responsabilidad.
No cabe duda que en los muchos o pocos avances logrados de manera institucional han sido fundamentales las organizaciones de mujeres establecidas al margen de los gobiernos o de cualquier poder público. Entidades civiles que defienden con vehemencia, como no puede ser de otra forma, el valor de la vida y la igualdad de derechos, en especial, ante la justicia.

Foto: Roberto Ortíz/ Chiapas PARALELO.

Si lo anterior creo que es poco discutible, hay otras cosas que resultan más problemáticas y se insertan en el orden del discurso. Y para ello tomo las declaraciones del gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello, realizadas cuando, y dentro de las giras lógicas de los mandatarios políticos, el gobernador participa en la entrega de uno de los muchos programas sociales, que no es el momento de analizarlos ahora. El programa en cuestión se llama “Bienestar, apoyo a la familia” y en tales actos el líder del ejecutivo estatal se lanza contra la violencia ejercida contra las mujeres. Además de proponer un frente común ante tal lacra social pide el apoyo de la ciudadanía para evitar cualquier maltrato hacia las mujeres. Nada extraño es que un político efectúe tales declaraciones, lo contrario sería lo sorprendente, sin embargo resulta cuestionable que, como ocurrió en la gira por Tapachula, se dijera que quien maltrate a una mujer recibirá su castigo. Alguien podrá opinar que tal afirmación también es lógica, pero lo que no se toma en cuenta es que en un país con cierta normalidad democrática quienes castigan son los jueces, aquellos insertos en el poder judicial y que no deberían tener ningún tipo de injerencia del poder ejecutivo. Utopía, tal vez, pero requisito ineludible para el ejercicio real de la justicia.
A la irrealidad de esa separación de poderes se une otra cuestión tan o más preocupante, y esa no es otra que la inoperancia de las dependencias encargadas de las investigaciones. No se debe pedir ser tan eficientes como los policías de las series televisivas estadounidenses que en un día resuelven los casos más retorcidos imaginables, pero lo evidente de nuestra realidad es la nulidad a la hora de resolver casos. Y para ello solo hace falta revisar las estadísticas sobre denuncias y asuntos resueltos para percibir que no estamos ante un paraíso de eficacia.
En definitiva, cualquiera que se haya enfrentado a algún problema relacionado con la impartición de justicia y donde estén involucradas investigaciones de carácter penal, principalmente, sabrá de lo que estoy hablando. De ahí que resulte bastante paradójico que se afirme, desde el ejecutivo, que se castigará cualquier maltrato a las mujeres. Los casos de violencia contra ellas no cesan, y no tienen visos de extirparse sin un trabajo obligado a emprender demasiadas transformaciones en un estado quebrado económicamente y donde las preocupaciones de los políticos en el poder, o de los que aspiran a ejercerlo, se encuentran lejos del futuro de Chiapas.
Mientras tanto habrá que seguir confiando, y apoyando, a las organizaciones que desde la sociedad civil trabajan con suma voluntad y dedicación para que se evite la violencia contra las mujeres o se castigue a los responsables de ella. Lo demás parece ser, simplemente, discurso.