Chiapas: el desastre que viene

Chiapas: el desastre que viene

Efraín Quiñonez León

Decía el poeta, Enoch Cancino, que Chiapas era en el cosmos como una flor al viento. Espero que estas líneas no sean la necrología del viento, la flor y el cosmos chiapanecos.

En otra colaboración he mencionado la manera frívola con que el actual gobierno ha definido el perfil de la actual administración. Manuel Velasco ha dado múltiples pruebas a la nación de su muy particular estilo de gobernar. Como los viejos faraones priistas de la república, ha usado los bienes públicos como parte de su patrimonio para el beneficio de su familia y el suyo propio.

Si bien sigo pensando esencialmente lo mismo de su estilo de gobierno, creo que se imponen algunos matices. En primer lugar, no me cabe la menor duda de que dispone de los recursos públicos para su lucimiento personal. Ahí está como prueba el lienzo charro, con su afición muy personalísima por los caballos. El programa de promoción turística chiapasiónate, con sobrados tintes de campaña publicitaria muy singular que dilapida los recursos de un estado prácticamente en quiebra, mientras la necesidades sociales más elementales son ignoradas por su gobierno. El abandono y la indolencia gubernamental se observa en cada pueblo y en cada ciudad de la entidad.

En segundo lugar, cabe precisar que el estilo de gobierno ha permeado prácticamente todos los órdenes de las instituciones estatales. Alcaldes de muy distinto signo y funcionarios de todos los niveles, hacen exactamente lo mismo y seguramente más; admitir semejante felonía resulta escandaloso para las condiciones en que sobreviven la mayoría de los chiapanecos. Uno de los personajes del escritor Mario Vargas Llosa, decía a propósito del deterioro político del país andino: “¿cuándo se chingó el Perú?”. En el mismo sentido podríamos preguntarnos: ¿cuándo Chiapas perdió el rumbo?

No es ocioso pensar que en cada uno de los municipios chiapanecos se atisba similar frivolidad como la del gobernador y, lo que es peor, ocurren genuinos actos de rapiña respecto de los bienes públicos. Ahí están los ejemplos de Chenalhó o San Juan Chamula, donde las protestas sociales han derivado en violencia e incluso en el asesinato de funcionarios. Los bienes públicos no son patrimonio de unos cuantos, ni mucho menos de los gobernantes.

Foto: Jesús Hernández/Salón Luz

En Ocozocoautla, mejor conocido como Coita, hace no mucho tiempo, en el mes de marzo de este año, una turba de ciudadanos indignados prendió fuego a un vehículo frente a las oficinas del ayuntamiento, en desacuerdo con las autoridades locales por la falta de agua potable en algunos barrios de la ciudad.

Los ejemplos podrían multiplicarse si tomamos en cuenta el malestar ciudadano en cada uno de los 119 municipios con que cuenta la entidad. El problema no es que hayan desacuerdos, sino que fácilmente se desbordan y terminan en hechos de violencia sin que exista alguna autoridad que intervenga antes de que estallen las diferencias. Lo cual resulta una situación grave porque hace patente la debilidad de las instituciones estatales en sus niveles locales; mientras el gobernador asume una abyecta indiferencia frente a los conflictos.

Como nunca antes en su historia, Chiapas ha sido beneficiario de la más grande inversión pública de que se tenga memoria. No ha existido otra época en que se hayan destinado desde la federación recursos para el desarrollo en diversas áreas. En especial, las políticas de combate a la pobreza han sido generosas a fin de abatir esos rezagos, pero la mayoría de los ciudadanos carecen hasta de lo más indispensable. De los aproximadamente 5 millones de chiapanecos, poco más del 80% vive en condiciones francamente lamentables y sus gobernantes ni siquiera se inmutan. Los recursos federales han fluido como los caudalosos ríos de que dispone la entidad, pero han terminado en el drenaje de la corrupción política y los bolsillos de gobernantes carentes de toda moralidad.

De por sí la pobreza de la población chiapaneca resulta un tema no sólo preocupante sino que, además, es urgente invertir los términos en que los recursos llegan en forma muy precaria a sus destinatarios finales. No solamente existe responsabilidad del gobierno estatal y las administraciones municipales, en tanto que actores principalísimos en la instrumentación de los programas sociales de combate a la pobreza; la federación carga un fardo enorme y una deuda perpetua al dejar de supervisar a los gobiernos sub-nacionales como en el caso de Chiapas.

Lo más preocupante de todo esto es que la ciudadanía se acostumbre a esta forma de reparto de dádivas, como parecen estarse aplicando las políticas enfocadas a abatir los índices de pobreza en la entidad. Nada más terrible puede ocurrir que en la población germine el ánimo rapaz de los bienes públicos y termine normalizándose el hecho de demandar partes de los recursos como si esto fuera el reparto de un botín; cuando de lo que se trata es de exigir la aplicación irrestricta de la inversión pública de acuerdo a las reglas de operación de los programas. Al mismo tiempo, corresponde a la ciudadanía vigilar que esto ocurra y obligar a las instituciones públicas del Estado a ser transparentes en el manejo de los recursos que son de todos.

No falta mucho tiempo para que salgan a la luz pública los costos que semejantes formas de gobernar están en el origen de las tragedias chiapanecas. Ese estilo de administrar recursos se ha convertido en el símbolo distintivo de las distintas administraciones en todos sus niveles. Es cierto, Chiapas no descubre con Manuel Velasco, una forma de gobernar sin el más mínimo pudor frente a sus excesos, pero sí constituye un escándalo monumental que esta administración haya accedido a recursos cuantiosos que no se invierten en la solución de los problemas que la ciudadanía padece. Ahí están los ejemplos de los hospitales sin recursos, las obras de infraestructura de comunicaciones que no se han concluido o que, de plano, no se hicieron, como la carretera Palenque – San Cristóbal; pero en todos esos casos y en otros que pueden sumarse, la misma característica fluye del mar de corrupción que ahoga a las instituciones públicas del Estado: gobernantes sin escrúpulos, insensibles y cínicos frente a las tragedias humanas de todos los días.

Lo peor de todo esto es que será la ciudadanía la que termine pagando las consecuencias de los excesos de nuestros gobernantes. Esto impactará no sólo la escasa generación de empleos sino, además, el encarecimiento de los servicios públicos indispensables en la vida cotidiana de las personas o empezar a inventar impuestos locales para obtener los recursos que funcionarios sin escrúpulos descaradamente se roban.

Chiapas se merece un mejor destino y está en los ciudadanos la posibilidad de cambiar este penoso escenario. De lo contrario, es posible que veamos como se incendia de nuevo.