Nivel académico de los funcionarios del gabinete local
De 22 titulares de dependencias de Gobierno del Estado, tres no cuentan con estudios de licenciatura y otros tres que, aunque dicen poseer un título expedido por una universidad, no tienen cédula profesional.
Aunque no es un requisito contar con estudios profesionales para dirigir una dependencia de primer nivel, llama la atención el bajo nivel académico de los funcionarios chiapanecos, sobre todo, cuando se apuesta por la educación como un motor de cambio.
El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, aun cuando aparece en el directorio oficial como “doctor”, no cuenta con esos estudios de posgrado. Su licenciatura es como médico cirujano y su maestría en administración, ambas expedidas por la Universidad Autónoma de Chiapas.
El otro que firma como doctor es Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico de Gobierno del Estado, quien si acaso cuenta con esos estudios, no lo ha acreditado con la obtención de una cédula, la cual sí la tramitó para su licenciatura en derecho en el año 2002.
Tampoco ha obtenido su cédula como doctor Fernando Álvarez Simán, quien sí tramitó su acreditación en 1976 como licenciado en economía que cursó en el Tecnológico de Monterrey.
Humberto Pedrero Moreno, secretario de Hacienda; Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, y Adolfo Zamora Cruz, secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur no concluyeron sus estudios universitarios o no se han titulado. La página oficial de gobierno del estado de Chiapas no les otorga ningún título académico, y no aparecen en la Dirección General de Profesiones con cédula profesional.
El secretario de Pesca y Agricultura, Manuel de Jesús García Coutiño, quien firma como ingeniero, no ha realizado trámite alguno para obtener su cédula profesional; en el mismo caso está el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Jorge Luis Orantes Costanzo, quien aparece como licenciado.
De los cinco funcionarios, que indican en su currículo contar con estudios de posgrado, cuatro de ellos tramitaron cédulas profesionales: Jorge Luis Llaven Abarca, quien estudió la maestría en ciencias jurídico penales en el INEF; Marios Carlos Culebro Velasco, de la Secretaría de Transporte, que cursó la maestría en dirección de gobierno en la Universidad del Sur; Francisco Ortega, con maestría por la Unach, y Carlos Morales Vázquez, secretario de Medio Ambiente, que estudió el posgrado en psicología clínica del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra.
De los cuatro funcionarios que tramitaron su cédula de posgrado, tres de ellos obtuvieron su maestría en cursos de fin de semana en la subasta permanente de credencialización. Ninguno ha egresado de un posgrado de calidad avalado por Conacyt.
El 30 por ciento de los funcionarios que sí cuentan con cédula profesional, realizaron sus estudios en alguna universidad chiapaneca, mientras que el 70 por ciento se desplazaron a la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Estado de México o Nuevo León para cursar una licenciatura o ingeniería. El 60 por ciento proviene de universidades públicas y el 40 por ciento restante de universidades particulares.
La política y el servicio público es una conjugación de capital cultural y social, pero debería vincularse más a las universidades, lugares en donde deben formarse hombres y mujeres con conocimiento de buen gobierno, disciplina y valores éticos.
Por eso el estado está bien fregado. Es delito ostentar un título profesional sin cédula profesional que lo avale. Otros egresados d escuelas chafas o patitos. Quizá estudiaron por correspondencia en la Hemphill Schools. Pobre estado dirigido por el estos arribistas, corsarios de la política.
Que contradicción, por una parte se apuesta una verdadera reforma educativa, sin embargo para ocupar cargos públicos no es necesaria la certificación de cualquier carrera técnica o de licenciatura.
Los tres sectores de gobierno están lleno de lo mismo, se llama corrupción.
Compadres, ahijados, compromisos, favores de todo tipo, recomendados, arreglos políticos, lo mismo da tener la documentación que acredite la profesión aunque de mención oral se les diga licenciado (a). el mencionar que es y no es,debe reglamentarse porque de alguna manera se es cómplice de la corrupción, sin embargo se les cree mas a ellos que al que verdaderamente realizo un esfuerzo de todo tipo y que busca una oportunidad de servir aunque sea en el sector publico.
La ley del servicio PROFESIONAL de carrera es letra muerta, es retorica y es pura simulación, ¿valdrá la pena la reforma educativa?
¿para tanto esfuerzo?
que pena y que frustración de este sistema político-económico en estado de descomposición.