El uso electoral de los programas sociales ¿Puede una sola figura política terminar con ello?

En México el arte de hacer política da de todo y para todo.

Los procesos electorales desde que son competitivos; es decir desde que existe la posibilidad de la alternancia democrática, tienen un efecto no deseado; vacían las arcas. Se desfondan los recursos financieros municipales, estatales y federales.

Los subsidios -vía programas sociales- a los ciudadanos más pobres se convierten así en un instrumento de hacer política, de garantizar la movilidad electoral para los candidatos “oficiales” y suponen coacción del voto.

Pero en el fondo nos demuestran dos cosas: primero la clara vulnerabilidad de las instituciones que procuran combatir la pobreza y en segundo lugar el uso electoral de uno de los cánceres mexicanos; la pobreza.

Visto así, la política social mexicana es un completo fracaso y también el sistema electoral no garantiza competencia efectiva.

Ya lo dijo en alguna ocasión el ex presidente Ernesto Zedillo refiriéndose al proceso electoral que lo llevó a Los Pinos; “las elecciones pudieron son limpias, pero no fueron equitativas”.

Precisamente, el uso de los recursos públicos en los programas sociales impide que las elecciones en México -en este caso en una democracia- sean justas y equitativas.

Pero el fenómeno no para en solo evitar que los procesos electorales -sobre todo los futuros- no sean justos y equitativos. Esta herramienta democrática -las elecciones- también son calificadas. ¿Qué ha pasado con ello?. Años después otro expresidente, en este caso Felipe Calderón Hinojosa nos da la respuesta: su elección la ganó a pesar de todos los cuestionamientos, “Haiga sido como haiga sido”.

Es decir; en la práctica no hay equidad electoral y tampoco hay respeto por las autoridades electorales.

Hay un abuso de los recursos financieros nacionales. Eso vulnera la competitividad democrática, inclina la balanza deslealmente y sobre todo; desnuda la falta de mecanismos institucionales para garantizar los derechos de los mexicanos más pobres, aquellos que no pueden salir de la pobreza porque no hay condiciones sociales ni económicas para que lo hagan.

Y es que cabría preguntarse ¿Quiénes pagan las campañas políticas?

Las pagamos entre todos los mexicanos, porque los recursos que permiten a los partidos políticos y a los políticos movilizarse electoralmente son públicos. Son las llamadas prerrogativas.

Estas prerrogativas aumentan cada que hay en puerta elecciones. Y claro, para los partidos políticos estas aumentan o disminuyen de acuerdo a los propios resultados electorales.

Ahora bien, si partimos del hecho de que las elecciones en México son -por lo menos legalmente- competitivas; la evidencia nos demuestra que las prerrogativas electorales no han representado recursos financieros suficientes para la clase política y los partidos políticos.

Los ciudadanos mexicanos pagamos por nuestra democracia y esta no nos tiene satisfechos.

Las prerrogativas a los partidos políticos -en teoría- reducen la corrupción política, ya que estos partidos, no necesitarían recaudar dinero de otras fuentes de financiamiento.

Pero también pueden actuar en forma contraria; hacen que los institutos políticos tengan menos responsabilidad ante la militancia, sencillamente porque no dependen -o dependen mínimamente- de las aportaciones de sus miembros.

Por eso necesitan -y usan- los programas federales; los cuales son subsidios a los ciudadanos con ingresos más vulnerables. Es decir transferencias a los más pobres.

El problema entonces en una elección o proceso electoral son los recursos financieros. En su administración hay opacidad y falta de transparencia, tanto en el ejercicio de la administración pública, como también entre los partidos políticos.

En ello nadie se salva.

En estos días, hemos visto que la competitividad electoral se incrementa; y si antes calificábamos como las elecciones más competitivas y sucias a las de gobernador de Veracruz del 2016; las de gobernador al Estado de México de este año las superaron con creces.

A ese paso, las generales del 2018 serán las más intensas de todos los tiempos y también las más sucias. La idea generalizada entre la clase política es cerrarle el paso a la izquierda.

Habrá también que decir que de acuerdo a lo que se observa en el proceso electoral del Estado de México; el peso específico que representan los recursos financieros en una campaña, ya sea como prerrogativas partidarias o a través de la coacción del voto vía los programas sociales, no están dejando crecer a la figura de candidato independiente.

En este sentido, el formato –necesario porque representa otra opción democrática; pero a mi juicio incompleto- de las candidaturas independientes, es el primer afectado por la lucha de los partidos políticos.

Esto es así, primero porque son candidaturas independientes, que no salidas de un proceso de elección ciudadano, también porque en subvención de prerrogativas, los partidos políticos llevan ventaja y además porque la coacción vía programas federales, solo la pueden realizar quienes detentan el poder político.

De esta manera, la pelea al 2018 parece que será entre los partidos políticos. A pesar de que es necesario ciudadanizar las candidaturas. Porque además nadie -sea cual sea el ganador de las próximas elecciones nacionales- será presidente de México por mayoría absoluta.

Incluso, tampoco el que sea el próximo gobernador de Chiapas, lo será por mayoría absoluta.

La competencia electoral en el estado sería reñida. Y además, por lo pronto Chiapas ha sido como un laboratorio electoral rumbo al 2018.

Ante todo este escenario; la actuación del Senador Albores Gleason en su informe de labores senatoriales; por más -o aunque haya sido así- que se le quiera deslindar acusando a otras fuerzas políticas de provocación; demostró tres cosas.

1.- Su partido, el PRI no ha abandonado las prácticas clientelares.

2.- Estas prácticas clientelares y coercitivas no desaparecieron con la democracia representativa que hoy tenemos en México.

3.- Todos los partidos políticos la practican.

Es probable, que si condicionaron la asistencia de las beneficiaras del programa PROGRESA, el grupo Alborista lo haya hecho así, porque saben que la justicia electoral no llegará a tocar a tocar al Senador Albores Gleason.

Esto a pesar de que con su accionar demostró que su partido o su grupo político dominan una parte esencial de la administración pública; esa parte que lleva los asuntos de los subsidios federales en Chiapas.

Es decir; con -hasta ahora- total impunidad, el Senador Albores nos demostró a los mexicanos y los chiapanecos que en la práctica no hay equidad electoral, que tampoco hay respeto por las autoridades electorales y que los programas sociales se utilizan para fines también electorales.

En ese sentido, a los políticos les interesa que existan -y que sigan existiendo- pobres en este país, porque de esta manera se asegura una clientela electoral que aporte votos -aunque sean condicionados- al proyecto político.

Ahora bien; el problema electoral y democrático mexicano es complejo.

Lo es porque el uso electoral de los programas sociales, hace que no se respete a las instituciones protectoras del bienestar, mucho menos a los órganos fiscalizadores electorales. Pero tampoco -y suponiendo como muchos esperan que AMLO sea el próximo presidente- el tabasqueño será la solución.

El asunto de la candidata a la alcaldía de Las Choapas en Veracruz, Eva Cadena Sandoval, que la exhibe recibiendo dinero, hace que se piense que AMLO es también vulnerable.

Más allá de la polémica que si AMLO es igual de corrupto que otros políticos y que si MORENA es lo mismo que otros partidos políticos; hay que reconocer que a pesar de algunos escándalos, el Tabasqueño siempre ha salido adelante.

1. El combate a la corrupción de los políticos ha sido bandera de AMLO desde casi el inicio de su carrera política.

2. Su Secretario Particular, Bejarano y otros políticos cercanos a AMLO fueron grabados recibiendo dinero.

3. Ha salido avante de otros escándalos, como el de Ponce, su Secretario de Finanzas cuando fue Jefe de Gobierno del DF y también por el desaseo en el Estado de Guerrero, cuando fue miembro del PRD.

Obviamente no soy miembro de MORENA y cercano a su círculo íntimo para saber cómo lo hace; pero en todos los casos ha salido políticamente adelante.

A los responsables los fulmina políticamente, los cesa y ello sugiere solo dos cosas: primero, que es probable que no sepa lo que hacen sus subalternos o segundo; que la construcción de su figura política a partir de que es personalmente incorruptible, fue efectiva.

Por ello y ante los acontecimientos en Chiapas con el asunto del Senador Albores y el uso político del programa PROSPERA y además del video de la candidata en Las Choapas, Veracruz; habrá que hacerle una recomendación a Andrés Manuel López Obrador, claro está en caso de que llegue a Los Pinos:

No le alcanzará a su proyecto político si sigue pensando que con solo su figura política y su determinación, acabará con la corrupción y la impunidad mexicana.

La solución a ello son las instituciones y hay que protegerlas, modernizarlas y hacer que sus funciones sean efectivas. Esa debe ser su tarea.

Un solo hombre y su voluntad política no son suficiente para terminar con la corrupción y la impunidad mexicana. Se requiere que su combate sea proyecto nacional donde también se involucre a la ciudadanía.

Que recuerde los gritos en el mitin cuando presentó a Eva Cadena: ¡no a la imposición!.

Si llega López Obrador, que lo sepa de una vez. Si no la erradicación de la corrupción y la impunidad será para otro momento. Y lo que

veremos en su probable gobierno será una simple cacería de brujas, pero el fenómeno se seguirá produciendo y reproduciendo.

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