El combate ciudadano a la corrupción creará el Estado de Derecho efectivo en México

Un presidente acotado, acusado, cuestionado y sin credibilidad.

Un sistema de partidos políticos que se dispersan, que usan las candidaturas independientes -que no ciudadanas- para dividir el voto y también como otra alternativa de subsistencia de proyectos políticos que se han vuelto personales.

Una generación de gobernadores jóvenes que se sintieron -y los hicieron- virreyes y cometieron toda clase de actos corruptos; los cuales solo fueron investigados al ser descubiertos -sobre todo por periodistas y medios críticos- y castigados solo después del escándalo mediático.

Una nación donde ejercer la labor periodística es poner en peligro la vida diariamente. Peligro que con los años aumenta y no -como debería- disminuye.

Un país con políticos poderosos que están para cualquier cosa, menos para lo que se les requiere; que es administrar con honradez, eficiencia y eficacia los recursos públicos y construir un país moderno apuntalándolo para su desarrollo futuro.

Una nación con empresarios opulentos, con una clase media que se achica y con unos pobres que cada día lo son más.

Un escándalo -Javier Duarte su corrupción y captura- que pareciera tapará otro escándalo en ciernes; el de la constructora brasileña Odebrecht y los sobornos multimillonarios en PEMEX.

Una sociedad mexicana indignada y encabronada que no tiene ningún instrumento para castigar a su clase política, salvo las urnas y el consiguiente voto de castigo.

Pero hay un tiro de gracia de la clase política a la sociedad mexicana: los mismos que están acotados, acusados, cuestionados; los mismos que están buscando el voto de los ciudadanos, los mismos que nos gobiernan, esos quienes no protegen y cuestionan, obstaculizan y agreden al periodismo crítico, esos que tapan la corrupción rampante; son los mismos que juzgan y juzgarán sus propios actos.

Ya atraparon a Duarte. Ya que el mismo sistema político al que burló siendo gobernador y como prófugo, será también el mismo sistema que lo juzgará; ¿Cuál es el peligro ahora?. El peligro es la simulación. El riesgo es que se le juzgue, pero no se toque su millonaria fortuna hecha al amparo del poder político del que disfrutó.

Lo atraparon, pero la impunidad gubernamental sigue incólume. Otros gobernadores -hacen y podrán seguir haciendo- lo mismo; porque lo esencial, que es contener la impunidad de los políticos y funcionarios públicos, en México no se ha podido concretar.

Lo ideal es que no más Duartes en México. Pero las condiciones políticas actuales permiten que sigan apareciendo más y más gobernadores de este tipo.

Lo ideal son políticos con legitimidad en México. ¿Pero alguien la tiene?

No hay Estado ni nación sin estado de derecho; ni tampoco se puede construir el futuro de cualquier país sin el respeto al estado de derecho. No hay legalidad sin legitimidad.

Eso es lo que falta en México, estado de derecho y legalidad.

Lo que le sobran son políticos que hay hecho del dicho “Un político pobre, es un pobre político” su máxima frase y motor de su accionar público.

También nos sobran leyes, y además cada legislatura -federal y estatales- intenta superar a la anterior con el número de leyes que aprueba, artículos de la Constitución que reforman, iniciativas que discuten y aprueban; pero seamos claros: por más leyes que tengamos, si no se respetan, nunca garantizarán un estado de derecho efectivo.

Como una paradoja, las leyes mexicanas garantizan por ejemplo el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la no discriminación y etcétera; es decir a una vida digna. Pero la realidad es que el Estado mexicano no puede otorgar nada de ello completo a los sus ciudadanos.

Al contrario, en la práctica las leyes protegen a los poderosos; es decir a unos mexicanos protege y a otros no. De esa manera no castiga a quienes violan el estado de derecho mexicano.

Claro que es correcto aplaudir la captura del ex gobernador Duarte. Pero también es necesario reconocer que esta ocurrió por la presión social y la debilidad institucional a la que está sometida la figura presidencial actual.

¿Si la opinión pública mexicana no estuviera indignada con los casos de corrupción que aparecen, el gobierno federal hubiera ordenado la captura de Duarte?.

Por supuesto que no. Porque todo el desastre veracruzano fue permitido por las autoridades federales.

La fiesta de corrupción que tienen los gobernadores mexicanos debe terminar. ¿Pero quién la terminará?. Esa es la pregunta esencial.

La clase política –aun estando expuesta cada vez más- no está dispuesta. Hay mexicanos a los que no les interesa la política y menos

les interesará después de conocer todo lo que hacen sus gobernantes. Hay mexicanos que están unidos en causas comunes; muchas de ellas distintas y con organizaciones que tienen distinta cobertura e influencia.

Pero lo esencial, atajar la corrupción y la impunidad sigue -todavía- siendo tarea de la clase política y se tiene que ciudadanizar su combate.

Porque esta clase política no hará nada por detenerla ya que los gobernadores no tienen contrapesos, el poder de la figura presidencia se sigue deteriorando, y no se respeta el estado de derecho.

El empuje anti-corrupción tiene que llegar desde los ciudadanos, porque el Estado mexicano autoritario tiene que desaparecer, así el camino sea difícil porque antes de desaparecer se convertirá en Estado represor.

Hay que exigirle a los candidatos de todos los niveles en las próximas campañas que asuman un compromiso de transparencia, hay que exigir que se ciudadanicen las dependencias e instituciones encargadas del combate a la corrupción.

Y sobre todo, escoja bien a su candidato.

El país no aguanta otro presidente que avale actos corruptos, nuestro estado no aguanta acumular otro sexenio con opacidad y con la misma clase política, los municipios no aguantan otro presidente municipal que solo realiza obras de relumbrón y se promueve políticamente.

México requiere un estado de derecho efectivo, y su búsqueda es catapultada por la exigencia e indignación ciudadana. Desde arriba solo se disfruta con impunidad el poder político no se busca el estado de derecho.

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