Transparencia, corrupción e impunidad

Desde hace varios lustros existen dependencias internacionales, y se han agregado nacionales, dedicadas a medir el comportamiento, en distintos rubros de interés ciudadano, de las instituciones que dan cuerpo a los actuales Estados modernos. Derechos Humanos, niveles de pobreza, o atención a la salud son algunos de estos temas revisados y comparados entre países, pero hay otros más que atienden aspectos indispensables para el buen funcionamiento y credibilidad de las instituciones, como lo son la transparencia, independencia judicial, corrupción o impunidad.
Sobre estos asuntos se pueden repasar informaciones de distinta procedencia, aunque México no queda bien parado como país en ninguna de ellas. Expuesta como clasificación deportiva aparece la medición de la independencia judicial incluida en The Global Competitiveness Report 2013-2014, relacionado con el Fórum económico anual llevado a cabo en Davos (Suiza). Con primeros y últimos, altas y bajas en sus rendimientos, esos reportes ordenan y califican, aunque los afectados sean seres humanos por los buenos o deficientes desempeños de los países y sus instituciones. El resultado se obtiene siguiendo una metodología donde las entrevistas dirigidas a especialistas en la temática, por dedicarse como profesionales o por ser estudiosos, son las más determinantes en la obtención de los datos. Visiones subjetivas, no cabe duda, pero que dan una pincelada sobre cómo es vista la impartición de justicia.
Otro reporte de interés es el que refiere a la Percepción de la Corrupción y fue establecido por Transparencia Internacional. En esta revisión México bajó en la tabla de posiciones puesto que en 2015 estaba en el lugar 95, mientras que en el 2016 se situó en el 123 de un total de 176 incluidos en la lista. Diversas instituciones aportan la información para establecer estos listados que situaron a Nueva Zelanda y Dinamarca como los países mejor considerados. México se encuentra lejos de esas ubicaciones y es el último de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo del que forma parte.
Por último menciono el Índice Global de Impunidad México IGI-México 2016 llevado a cabo por parte del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas (Puebla). Su metodología es tomada de la que desarrolló el Índice Global de Impunidad 2015 donde México ocupó el lugar 58 de los 59 países analizados; también considera el fenómeno de la impunidad como un hecho multidimensional y multicausal, además de verse reflejada en el mal funcionamiento de la seguridad, justicia y derechos humanos de un país.
La impunidad, incrementada por la no denuncia de los delitos ante la inacción de las instancias encargadas de perseguirlos, tiene consecuencias como el crecimiento de la corrupción, incumplimiento de los derechos humanos, el aumento de la inseguridad y violencia, decrecimiento de las inversiones nacionales e internacionales, en definitiva, desconfianza en las instituciones estatales.
Como dije al principio, la revisión efectuada por dependencias nacionales e internacionales aumenta, aunque ello no parece afectar al funcionamiento de organismos estatales como los mexicanos. Y tanto da que se firmen todos los tratados y convenios internacionales habidos y por haber, ya que no suelen tomarse en cuenta sus contenidos y, mucho menos, las recomendaciones de instancias internacionales legitimadas por su amplio consenso y reconocimiento.
Cabe decir que tales informes, como ocurre con la elaboración de censos, tienen lógicos fallos y es difícil que tamicen las subjetividades o juicios de valor, pero lo innegable es la creciente percepción de que México no atiende los problemas que acarrea la corrupción, la impunidad y la tenaz ausencia de separación de poderes en el país. Observación nada novedosa y que ni siquiera las reformas de reciente factura, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, parecen subsanar en un sistema que, como si se tratara de una red, engulle todo lo nocivo de las instituciones y donde se impide la transparencia y la lucha frontal contra la injusticia y la corrupción.
Los ejemplos presentados, aunque toquen temas distintos, están íntimamente unidos por el fracaso del Estado, o por el inadecuado uso de sus organismos contra los intereses generales ciudadanos. Cuando ello ocurre no hay posibilidad de democracia, por mucho que nos llenemos la boca de ella y se recuerde de manera constante el triunfo del voto “libre” o ciertos logros referidos a libertades civiles. Lo que queda es un simulacro, un mero disfraz carnavalesco del que todos somos partícipes e impotentes de manera individual. Habrá que explorar las posibilidades de mayor participación colectiva o construirlas, la única forma en que se puede batallar en busca de una sociedad que todos los ciudadanos nos merecemos.