Chiapas en el informe 2015 de la Auditoría Superior de la Federación

Cualquier funcionario público con el suficiente sentido común y de responsabilidad, tendría que tener una característica: ser ordenado en su trabajo. Tendría que tener todos los asuntos de su competencia al día; como si mañana mismo fuera relevado debido a cualquier circunstancia política. Ese sentido común y responsabilidad no es una característica de la administración pública chiapaneca, por lo menos en dos sexenios consecutivos.

¿Qué clase de estado de los asuntos públicos estatales le van a dejar a quienes los sucedan? Solo ellos lo saben con exactitud. Pero lo que la evidencia pública dice, es que entregarán un desastre. Un desastre que ha evidenciado la Auditoría Superior de la Federación con su programa de auditorías del 2015 y que con seguridad, la clase política estatal intentará tapar con lo que los identifica: la impunidad.

Corresponderá entonces a la siguiente administración pública estatal resolver los problemas administrativos, componer el desastre financiero y claro está; también ejecutar los asuntos judiciales que de ello deriven.

¿Por qué la administración pública que surja del proceso electoral del 2018? Porque si algo caracteriza a la administración actual es que permitió la impunidad de sus antecesores. Como se dice coloquialmente “cargaron con el muertito” y el costo político lo arrastran desde el primer día de esta administración. El costo económico lo cargamos todos los días todos los chiapanecos.

Pero no se emocione todavía con que será diferente en el 2018.

Resulta que a partir del 2018, habrá reelección de presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Se abrirá entonces una especie de “agencia de colocaciones de impunes”. En eso convertirán a la tan publicitada reelección. Ello quiere decir que muchos de los que hoy son señalados por la Auditoría Superior de la Federación de irregularidades, tendrán la oportunidad de repetir en sus cargos, especialmente los alcaldes y otros más, lo que harán será saltar a una diputación.

Reinará con ello la impunidad.

Lo que sí es sano y siempre lo será; es conocer la verdad. Para ello sirven las leyes y las instituciones que promueven la transparencia. Corresponde a las autoridades competentes terminar con la impunidad; pero los ciudadanos tenemos derecho a conocer la actuación de la clase política. Por ello es conveniente ejercer ese derecho.

Busque a su municipio o a su dependencia en el portal de la Auditoría Superior de la Federación, indague sobre el destino de los recursos públicos, pregunte sobre la resolución final de las demandas penales. Ejerza sus derechos ciudadanos.

En Chiapas reina el caos administrativo, el desaseo y claro está la impunidad. Casi nada se salva y así lo demuestra la Auditoría Superior de la Federación. Por observaciones pendientes de solventar y por monto de lo observado, entre otros rubros, solo nos superan los convulsos estados de Veracruz y Michoacán, el Estado de México y Jalisco.

Además según la Auditoría Superior de la Federación, al tercer trimestre de Chiapas, es una de las entidades que se encuentra debajo de la media nacional en publicación de los reportes del gasto, especialmente del 33. Es decir los fondos federales que se transfieren a los estados y municipios para obras de infraestructura, salud y educación.

Hay casos que no tienen parangón. En la UNACH por ejemplo, el desorden, el desaseo han rebasado al rector. Ello implica incluso responsabilidad por omisión.  Pero nadie tiene esperanzas en que tome las decisiones que le corresponden. Todos saben quiénes deshonran el espíritu universitario y que desde la Secretaría General se toman las decisiones que privilegian a unos cuantos y afectan a la mayoría.

Lo que ya no pueden ocultar es la impunidad con la que se mueven. Lo que ya el rector no puede disimular es que solapa esa impunidad.

Revise el timeline en Twitter de esta servidora, para que observe lo que ocurre en la máxima casa de estudios chiapaneca.

Pero también vea esta joya de la impunidad: SEDESOL dice que no encuentra información sobre los docentes de la UNACH que cobran recursos de la Cruzada Contra el Hambre durante los años 2013 y 2014; sin embargo funcionarios de la SEDESOL firman un Convenio con autoridades de la UNACH en donde se destinan 2.9 millones de pesos para becas y pagos a “docentes asesores”.

¿Quién miente a quién? ¿Quién oculta información? ¿Ante el Instituto Nacional de Transparencia, los funcionarios de la SEDESOL mintieron deliberadamente? Y es que al ocultar esta información, todo se presta a diversas interpretaciones; entre ellas: ¿Qué destino final tuvieron esos recursos?

En la Universidad Politécnica de Chiapas las cosas no son mejores.

Tiene un probable quebranto al erario público por la cantidad de 400 millones de pesos.

La causa es sencilla. Manifestó ante SEDESOL que tenía capacidad técnica, material y humana para realizar los proyectos materia de un convenio con esa dependencia federal; pero la realidad demostró que no la tenía y en consecuencia subcontrata proveedores.

El asunto es que la Politécnica miente en un convenio legal y además subcontrata proveedores; pero para realizar supervisiones a comedores comunitarios en el Estado de México.

¿Los ciudadanos conoceremos quién será ese proveedor que le realizó el trabajo a la Politécnica chiapaneca?

En la alcaldía tuxtleca, las cosas no son mejores. Se alega que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación corresponden a la administración municipal anterior, puesto que la actual administración toma las riendas municipales en octubre del 2015.

Pero la realidad es la siguiente: La Auditoría Superior de la Federación pide resarcir los daños al erario público. ¿Lo ha hecho la actual administración? No.

Se observan irregularidades en el 2015 en el programa de bacheo municipal. Suponiendo que el daño financiero fuera con la administración de Samuel Toledo; ¿Del 2016 a estas fechas; Tuxtla ya no tiene baches?.

Por si fuera poco, según la Auditoría Superior de la Federación, el Ayuntamiento tuxtleco “deberá demostrar los recursos devengados al 30 del mes de septiembre del 2016”.

Es decir la responsabilidad es compartida entre las dos administraciones; la pasada y la actual. Pero el asunto no para ahí.

La Auditoría Superior de la Federación pide a la Contraloría del Ayuntamiento Tuxtleco, que inicie los procedimientos administrativos correspondientes y las investigaciones pertinentes a los administradores públicos que no observaron las normas aplicables en el programa de bacheo.

Sería de aplaudir y un excelente ejercicio de transparencia, si el Ayuntamiento le expone a la ciudadanía este caso tan sensible para los capitalinos. Sería sano que dieran a conocer si dichos procedimientos administrativos ya están en marcha. Ya veremos si lo hacen.

Impunidad o transparencia; ese es el asunto de fondo. No nos confundamos. Quien deja pasar las irregularidades de su antecesor, también causa perjuicio al erario público. Proteger, avalar y ocultar. Así nace la impunidad.

En San Cristóbal de las Casas, la emblemática ciudad colonial chiapaneca, también las irregularidades son compartidas entre la administración anterior y la actual. Ninguna de las dos presentó avances trimestrales sobre el destino de los recursos del fondo SUBSEMUN durante el 2015. A la anterior administración le tocaba presentar tres trimestres y a la actual uno.

Dos de las instituciones de educación superior en Chiapas sentaron un mal precedente de administración de los recursos públicos. Y todavía tienen más observaciones que detallaremos en otra entrega.

El desaseo es evidente.Pero no solo eso. También hay desaseo en las alcaldías chiapanecas y dependencias de gobierno que también detallaremos más adelante.

Lo increíble además de la impunidad de la que gozan, es que muchos emanan de la administración local anterior y este año 2017 siguen en sus puestos. ¿Quién y porqué los solapa? ¿Cuándo conoceremos el cumplimiento cabal de las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación?.

La impunidad no para. Allá ellos -la clase política que llegará en el 2018- si no depura sus filas. Lo que no se puede permitir es que el costo económico de estas aberraciones, lo siga cargando la ciudadanía chiapaneca.