Chiapas; desconfianza en la gestión de la protección civil local

Protección Civil, el desaseo. Foto: Icoso

Promover la transparencia y la rendición de cuentas e incluso cumplir con ese mandato constitucional es una de las responsabilidades de los servidores públicos. Ello se suma a la necesaria responsabilidad de la administración de los asuntos de su competencia.

De esta manera, un funcionario está obligado a cumplir las reglas de transparencia y con ello evitar suspicacias sobre su desempeño administrativo y de servicio público.

La razón es muy sencilla; los recursos a su disposición son públicos; provienen de los impuestos de los ciudadanos y se tiene que mostrar pulcritud y transparencia en su ejercicio.

No basta con que los ciudadanos perciban honestidad en su conducta pública y profesional, también deben de confirmarla, incluso legalmente.

El principio de honestidad, cuando se aplica a la vida política y a la administración pública, tiene varios requisitos.

El primero es la elemental obligación de que los políticos y los funcionarios públicos eviten mentir, el segundo es que sean veraces cuando se presenta información a los mandos superiores y se informa a la ciudadanía del estado que guardan los asuntos a su cargo.

Como un cuarto elemento, puede decirse que es necesario que los funcionarios públicos fortalezcan los mecanismos institucionales de transparencia y por último, es necesario que cumplan la ley.

¿Pero lo hacen?

Es obvio que hay funcionarios públicos honestos y otros que no lo son. Es obvio también que no existe en México un servicio profesional de carrera que prepare y profesionalice a los servidores públicos, que también les otorgue certeza laboral.

En concreto; hay debilidades institucionales que provocan que al servicio público lleguen amigos, improvisados y miembros de algún grupo de intereses.

Y estos a su vez, llenan las dependencias gubernamentales de amigos, familiares directos, recomendados etcétera.

Inclusive, a la familia y a los amigos, también se les utiliza como prestadores de servicios.

Y es también así, así como aparecen los conflictos de intereses.

Ningún funcionario público tiene derecho o una patente de corso para el engaño.

El bien social y el interés público deben ser una razón para la honestidad.

La educación ética de los funcionarios públicos, la conciencia pública, una administración pública abierta y transparente, reglas claras, políticas y reglamentos podrían facilitar el trabajo de los funcionarios públicos en términos de su relación con los ciudadanos.

Pero insisto; en ¿Chiapas lo hacen?, los funcionarios públicos ¿promueven la honestidad?

Hoy la administración pública chiapaneca está de cabeza.

La Auditoría Superior de la Federación ha evidenciado a los servidores públicos del estado y lo seguirá haciendo porque a partir de este año las auditorías serán realizadas en tiempo real. Es decir mientras se ejecutan los proyectos y acciones gubernamentales. No cuando ya estos hayan finalizado.

Este es un avance concreto y hay que reconocerlo.

Sin embargo no es suficiente, porque ¿Dónde queda o quien promueve el ejercicio penal de sus recomendaciones?

Ya todos vimos que en caso de observaciones, el Estado de Veracruz se llevó las palmas. Pero en Chiapas no nos quedamos atrás y además la opacidad reina.

Hay un mar de diferencias entre la página electrónica, los instrumentos e información de la Auditoría Superior de la Federación y la página electrónica del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas; en esta última no se encuentra prácticamente nada.

¿Por qué ocurre ello?

¿A quién le conviene que así sea?

¿Quién lo permite?

Para conocer lo que hacen las dependencias chiapanecas y sus titulares hay que recurrir a otros elementos: el portal de transparencia -donde por cierto también muchas dependencias informan lo que quieren- y también al informe de resultados de las auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación.

Con esta opacidad, ¿Qué podemos esperar los ciudadanos?

Prácticamente ninguna dependencia o Ayuntamiento se salva. Algunas de las prácticas que realizan han sido documentadas en este espacio. Faltan otras que poco a poco iremos divulgamos mientras documentamos la falta de transparencia de las dependencias y Ayuntamientos chiapanecos.

Curiosos, o increíbles han sido los casos que se presentan. Es el caso de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas.

Básicamente, algunas de las atribuciones de la dependencia gubernamental funcionan de la siguiente manera:

Se coordina con los ayuntamientos municipales para fortalecer el sistema estatal de protección civil. Lo hace porque los recursos provienen del Ramo 33, Fondo IV. Específicamente de los etiquetados para protección civil.

Es decir, los recursos son municipales.

Sin embargo; según la normatividad, los municipios para acceder a ese recurso -porque tienen instalaciones de protección civil- tienen que esperar que la Secretaría de Protección Civil valide sus proyectos.

Pudiera pensarse que ello es obvio, la Secretaría de Protección Civil es la dependencia especializada en este rubro de la administración pública y sería su responsabilidad asesorar y orientar a los municipios chiapanecos para el ejercicio de estos recursos.

Pero la realidad es diferente.

La normatividad, al exigir que la Secretaría de Protección Civil valide los proyectos municipales, provoca el descontento de los ayuntamientos municipales.

Y es que ocurre entonces un aspecto han mencionado varios alcaldes:

La Secretaría de Protección Civil llega a los municipios con los convenios de coordinación ya hechos. Listos para firma y con ello impone proveedores.

Hay rebelión ya en varios municipios por las imposiciones de la Secretaría de Protección Civil.

Pero ello no para ahí.

Acusan a la Secretaría de favorecer a los mismos proveedores y que estos son de dos empresas que responden a un mismo propietario.

En un rastreo hecho por este espacio, se encontró que dos empresas que son proveedoras de la Secretaría de Protección Civil estatal reportan el mismo domicilio en el centro de Tuxtla Gutiérrez, que por razones obvias, no diremos en este espacio.

Grupo GARBAL Comunicaciones y Tecnología y UNICOM S.A de C.V. comparten el mismo domicilio y eso por lo menos se presta a precepción de corrupción. 

Pero además, prácticamente estas dos empresas se reparten la proveeduría y la prestación de servicios de la Secretaría de Protección Civil a los ayuntamientos chiapanecos.

Este caso -como muchos otros- en el estado. No abona a la transparencia pública. Hacen que los asuntos de coordinación entre dependencias y alcaldías sean lentos y partan desde la desconfianza; no desde la obligación de servir a la ciudadanía desde objetivos comunes.

Básicamente generan desconfianza al no transparentar la gestión pública, generan injusticia al privilegiar proveedores e intereses personales y la ciudadanía no encuentra posibilidades de conocer la manera en que los impuestos que paga se convierten en bienes y servicios de excelencia.

Además, no abonan a la construcción de un ejercicio responsable del gasto público y además hacen que permee la percepción de corrupción y no la certeza de un ejercicio público honesto.