A falta de justicia: linchamientos

Ya nos hemos acostumbrado, con tristeza hay que decirlo aunque no debería ser con resignación, a la inexistencia de JUSTICIA -con mayúsculas lo escribo y remarco- en el estado de Chiapas. Justicia que trasciende el ámbito jurídico y que se hace presente, por supuesto, en el social. Este último significa discriminación educativa, económica, en definitiva, una desigualdad en las posibilidades de autorrealización personal en una sociedad. Lo más lamentable es que si ello no fuera suficiente, tal exclusión se refleja en una diferenciación humillante a la hora de ejercerse la justicia, ese obrar de forma equitativa con respeto a la verdad de hechos que involucran a seres humanos.

Esa necesidad de respetar la verdad, y la igualdad de los ciudadanos, conduce a que las instituciones jurídicas y sus representantes deban estar separados de cualquier interés político, económico o familiar. Los lectores sabrán a la perfección que ello no ocurre en Chiapas desde hace muchos años, si es que realmente ha existido alguna vez en su historia como estado de la República mexicana.

Linchamiento en Chiapilla Foto @chiapasEstado

Dadas estas circunstancias no causa asombro que en los últimos días se hayan producido una serie de hechos que recuerdan, en uno solo de los aspectos de la realidad actual, lo imprescindible que resulta un ejercicio jurídico limpio y que responda a su nombre: justo. A finales de febrero del año en curso la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó la detención en el municipio de Chiapilla de más de 15 personas relacionadas con el linchamiento, causante de la muerte, de tres supuestos ladrones de una camioneta. Sorprende, aunque dicho lo expuesto arriba tampoco es tanto el asombro, que más de diez de los detenidos sean policías municipales. Funcionarios públicos al servicio de la seguridad ciudadana que no cumplieron con su papel de entregar a los supuestos cacos a los responsables de iniciar las diligencias que determinarían su culpabilidad o inocencia.

Hechos como el anterior no son nuevos, y los medios de comunicación los han reflejado en diversas ciudades y pueblos del país. Lo sorprendente es que no se intente hurgar con mayor ahínco en las causas motivadoras de tales acciones, una profundización que conduciría, sin el menor atisbo de duda, al incumplimiento de todos los mecanismos que los ciudadanos reclaman para vivir con tranquilidad en su lugar de residencia.

Ni el brazo ejecutor de investigaciones y detenciones, cualquiera que sea su denominación, ni mucho menos los órganos jurisdiccionales responden a las necesidades de una justicia eficaz, equitativa y consecuente con el sentir de una ciudadanía cada vez más agraviada, herida por su indefensión.

No aplaudo, ni comparto la toma de justicia por propia mano. Si así fuera no podríamos salir con tranquilidad a nuestras calles, ya que estaríamos en manos de cualquier desalmado, o expuestos a vendettas inimaginables, pero sí entiendo que la frustración propicia reacciones incontenibles. Formas de responder ante el inexistente cumplimiento de la ley, y la inoperancia y fraudulenta ejecución de la justicia.

Nuestros políticos pueden seguir pensando o actuando como si nada ocurriera, creyendo que los actores sociales a los que representan seguirán aguantando eternamente. Sin embargo, la descomposición de instituciones, de los mecanismos de control ciudadano y la violencia imperante en el país no estimulan pensar en un futuro halagüeño. Demasiados factores para no preocupar a los líderes que deseen presentarse en las futuras elecciones con los mismos discursos, y similares propuestas huecas de contenido real.