Oxchuc y Chenalhó, simulación gubernamental
“¿Sabes cuándo van a regresar María Gloria y Rosa Pérez a sus alcaldías? ¡Nunca!”. Así contestó hace un mes Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso local chiapaneco, a un periodista de la fuente legislativa que en corto le había preguntado sobre los tiempos en que debería cumplirse la sentencia del Tribunal Electoral federal que ordena reinstalar en su puesto a las alcaldesas que fueron obligadas por el gobierno a pedir licencia para resolver un problema de gobernabilidad en los municipios de Oxchuc y Chenalhó.
Tal afirmación la hizo el 13 de octubre en la Cámara de Diputados luego de una breve sesión legislativa y entre el jolgorio de las felicitaciones por la celebración de su cumpleaños 39. Esa sorprendente declaración pudo ser vertida al calor de unos “güisquis”, sin embargo, puede encerrar el verdadero pensamiento del gobierno respecto a los preocupantes problemas políticos que padecen esos dos municipios indígenas.
Lo que tácitamente Ramírez Aguilar estaría aceptando es que el Ejecutivo y el Congreso no tienen la menor intención de cumplir con el mandato del Tribunal Electoral y lo que han decidido hacer es administrar los conflictos, tratar de controlarlos hasta que termine el trienio para el cual fueron elegidas las presidentas. Y aquí caben todos los recursos institucionales, incluida la coerción, para sostener las erráticas decisiones oficiales que se tomaron en aras de solventar la ineficacia de la operación política gubernamental.
El argumento de las autoridades estatales para no actuar en consecuencia, es que las condiciones políticas y sociales no son las idóneas para aplicar la ley, ya que el regreso forzado de las alcaldesas podría generar mayor violencia e inestabilidad en Oxchuc y Chenalhó. La Secretaría de Gobierno sigue insistiendo en el discurso que se continúa con el diálogo y la negociación entre las partes, pero lo cierto es que las comisiones que creó para tal fin desde hace meses, han resultado francamente ineficaces.
Tan es así que las posiciones siguen polarizadas y en vez de registrarse algún avance, lo que se percibe es una mayor descomposición, sobre todo en el caso de Oxchuc, donde ya se registraron nuevos signos de violencia.
En una acción que podría interpretarse como una medida de presión para obligar al gobierno a restituirla en el puesto, un grupo de apoyo de María Gloria Sánchez marchó en San Cristóbal de Las Casas para exigir se liberaran recursos que por ley le corresponde administrar; la protesta derivó en un enfrentamiento y vejación de personas vinculadas al alcalde en funciones Óscar Gómez, cuyos simpatizantes en respuesta quemaron casas y retuvieron en Oxchuc a seguidores de la alcaldesa.
El Ejecutivo reaccionó de acuerdo a la estrategia establecida y ordenó la detención de Norberto Sántiz, esposo de María Gloria Sánchez y exalcalde de ese municipio, acusándolo de corrupción durante su mandato 2012-2015.
Con esta medida que politiza la justicia y la convierte en un instrumento de ajuste de cuentas, está claro que el gobierno no tiene el menor interés de cumplir la sentencia de restitución de las alcaldesas desplazadas de sus puestos bajo presión. Seguirá la simulación del diálogo y la construcción de acuerdos, y así se la llevarán unos meses más, hasta que el tiempo de gestión transcurrido y la llegada del nuevo proceso electoral, le resten importancia a la disputa de una alcaldía en el ocaso.
Mientras tanto, los operadores políticos seguirán intentando disuadir por diferentes vías (negociación o cooptación) a María Gloria Sánchez y a Rosa Pérez para que desistan de sus pretensiones; de lo contrario, si hay resistencia tendrá preparado el garrote de la “justicia” para aplacar los intentos de revuelta. Ya lo dijo Ramírez Aguilar, las alcaldesas legales “nunca” regresarán a la Presidencia.
El problema aquí es que la confrontación entre grupos opositores se salga de control y genere más violencia con consecuencias trágicas; y también quedará en entredicho el peso de la ley y de la justicia electoral, porque por lo visto hasta ahora, queda la percepción de que la sentencia del tribunal federal carece de validez porque su aplicación queda a criterio de quien supuestamente tiene la obligación de acatarla.
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