Totalitarismo en el Congreso
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Foto: Sandra de los Santos/ Chiapas PARALELO.
El avasallamiento político ha sido una característica definitoria de este gobierno. La idea de pintar del color del partido gobernante edificios públicos, guarniciones de vialidades, uniformes escolares y presidencias municipales, son un ejemplo ostensible y ostentoso de esa ansiedad totalitaria que parece no tener sosiego. Esa pulsión por abarcarlo todo, desafortunadamente, no se ha quedado en el plano de lo superficial, de lo cosmético, sino que ha extendido sus raíces hasta las estructuras gubernamentales dentro y fuera del Poder Ejecutivo. Desde que llegó al gobierno en el 2012, el Partido Verde Ecologista de México ha dado muestras fehacientes de su deseo de perpetuarse en el poder más allá del lapso para el cual fue elegido Manuel Velasco Coello en alianza con el PRI. En ese sentido, sistemáticamente se ha hecho del control de una de las instituciones clave que le permitirá construir ese camino hacia la transexenalidad: el Congreso. Por supuesto que no es nada nuevo que el Ejecutivo —ya sea con la púa amenazante o con metálicos métodos persuasivos— siempre doblegue al hato de diputados que en teoría representan la diversidad política y los intereses populares de los chiapanecos. No, la historia es la misma, sólo cambian el relato y los personajes, y en esta versión el protagonista principal es Eduardo Ramírez Aguilar, el aspirante a “delfín” aldeano del gobernador y el Verde.
El fin de semana pasado, Ramírez Aguilar fue ungido –por segunda vez— como presidente de la Mesa Directiva del Congreso local y en el otro órgano del Legislativo, la Junta de Coordinación Política, a su correligionario del PVEM, Carlos Penagos Vargas.
El gobierno cerró la pinza en esa institución un año antes de que inicie el proceso electoral del 2018, y lo pudo hacer gracias a una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que se gestó en la Secretaría de Gobierno cuando Ramírez era su titular. La iniciativa la aprobó la pasada Legislatura cuando iba de salida y dejó las bases para legalizar el avasallamiento Verde. En el caso de la Junta de Coordinación Política, la decisión de la elección del presidente se trasladó del pleno de la Cámara hacia el reducido grupo de coordinadores parlamentarios que conforman la Junta, y se oficializó la reelección. Respecto a la Mesa Directiva, además de avalarse la reelección, se amplió el periodo de gestión de seis meses a un año, y la designación pasó del método de mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados, a sólo el de una mayoría absoluta, es decir, 50 por ciento más 1.
Bajo estas circunstancias donde se desdeñan los principios de pluralidad y no se respeta la representatividad política, esas prácticas apuntan a un retroceso democrático y advierten nuevas arremetidas totalitarias en beneficio de un grupo que busca mantenerse en el poder a toda costa. Lamentable es también que ningún diputado de oposición levante la voz ante estos atropellos legislativos, quizá por displicencia, por conveniencia política o porque les gusta acomodarse el yugo para jalar la carreta que les garantiza la pastura.
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