¿Qué hay detrás de las supuestas declaraciones de la víctima ante la Fiscalia?

Los ministerios públicos y policías entre los más corruptos según la percepción de la población. Foto: Archivo.

María, la joven que fue encontrada a las afueras de Tuxtla después de haber sido supuestamente secuestrada y violada cuando salía del parque cañahueca, había decidido no denunciar. Solo ella tiene derecho a hacer público las razones por las que tomó esa decisión, y nadie, absolutamente, nadie puede juzgarla.

Pero, el lunes se presentó en su domicilio el coordinador interinstitucional del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Alcazar. Según señala el propio funcionario municipal dio con el domicilio de la joven y su familia porque protección civil municipal le dio el número de teléfono –una vez más, no protegiendo los datos personales de la agraviada-.

María -nombre ficticio- y su madre no tenían certeza de quién era Jorge Alcazar porque primero les dijo que era amigo de la agraviada y que quería ayudarlas, después se presentó como abogado y ya cuando estuvo en el domicilio dijo que era funcionario del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

¿Quién le dijo al funcionario que era la persona idónea para acercarse a la joven y su familia? ¿Por qué no se identificó desde el principio? ¿Qué les dijo  y qué pasó durante su visita y en calidad de qué llegó? ¿Por qué no respeto la decisión de María de no denunciar? ¿Por qué su insistencia de llevarlas él mismo a la Fiscalía Especializada en los Derechos de la Mujer?

Después de la “visita” de Alcazar, María y su madre llegaron a la Fiscalía acompañadas del propio funcionario municipal, él las llevo.

Al ser cuestionado sobre su “visita” a María y su familia, Jorge Alcázar reconoció que las busco y que él mismo las llevo a la Fiscalía, “pero fue sin ninguna mala intención, sino por el contrario para ofrecerles mi ayuda” respondió.

Tanto a Selene Dominguez, integrante del Frente Feminista y Enriqueta Burelo, secretaría municipal de la igualdad de género, quienes llegaron a la Fiscalía porque Jorge Alcazar les avisó que estaba ahí con la agraviada, María les dijo que no quería denunciar.

La joven estaba asustaba, no dejaba de llorar. Tardó antes de hablar con una de las funcionarias de la Fiscalía, rindió su declaración, aunque ni siquiera había denunciado. Lo que le dijo a la ministerio público solo ella y las autoridades deberían de saberlo.

Un medio de comunicación sacó una nota o comunicado –no está firmada por nadie y no se aclara el origen de la información- en la que se afirma que María dijo a la Fiscalía Especializada en los Derechos de la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado que no había sido agredida sexualmente, que todo había sido un mal entendido.

Suponiendo que esa declaración es cierta, que hasta ahora nadie sabe que así sea porque ni la fiscal, ni el área de comunicación social de la Procuraduría quiso afirmar o negar que la información había salido de la dependencia y María no ha hablado con ningún medio de comunicación de manera directa ¿Cómo es que llegó esa supuesta declaración a un medio de comunicación? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué la PGJE no protegió los datos personales de la joven que denunció? ¿Por qué no se puso a investigar sobre las heridas que tenía María? ¿Por qué no investigó sí  está siendo amenazada y por quién? ¿Quién va a sancionar a la Procuraduría y al Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez por no proteger los datos personales de María?

Lo que es peor es que, además, muchas personas dan por ciertas las supuestas declaraciones de la joven sin saber de dónde proviene la información y con qué fin se publicó. Se atreven a juzgarla, a atacarla,  lincharla en las redes sociales, cuando no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando y las razones que tiene para hacer lo que está haciendo.

Con lo que hicieron los funcionarios del gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez –secretario municipal de seguridad pública y el coordinador interinstitucional-; la falta de protección de los datos personales por parte de la PGJE, la irresponsabilidad de los medios de comunicación y el linchamiento en las redes sociales, las condiciones de vulnerabilidad para María incrementan, su condición de riesgo es peor.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe de emitir medidas precautorias de inmediato para proteger la integridad de María y su familia, debe de emitir las recomendaciones al gobierno municipal y del estado por la violación a los derechos de la agraviada.

El pésimo manejo que se dio a este caso por parte de las autoridades municipales y del estado inhiben la denuncia, pone en mayor estado de vulnerabilidad a las mujeres, deja en manifiesto que en tanto las personas encargadas de proteger nuestros derechos, sean quienes los violenten, las mujeres en Tuxtla y en Chiapas no podremos vivir libre de violencia.