Presupuesto, botín económico y político
El presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, dice estar preocupado por el probable recorte de las participaciones federales hacia Chiapas en el presupuesto del 2017. No es menor su inquietud debido a que la mayor parte del gasto anual del gobierno proviene de la federación. Pero en el fondo la gran angustia del también dirigente estatal del Partido Verde es que habrá menos dinero para obras y programas sociales, las “minitas” económicas y políticas de los gobernantes en turno. Es decir, habrá menos posibilidades de que los políticos chiapanecos hagan negocios con las empresas constructoras, y como consecuencia disminuirán los ingresos vía “diezmo” que ya se institucionalizó en 20 o 30 por ciento de la inversión. Por otro lado, habrá menos recursos para el asistencialismo social o, lo que es lo mismo, menos apoyos para mantener y expandir la clientela electoral que debe estar bien alimentada para cobrarle los favores en los comicios del 2018.
Sin embargo, el pesimismo de Ramírez Aguilar contradice el optimismo de su jefe el gobernador Manuel Velasco Coello, quien –dice el comunicado oficial– después de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que “incrementarán los apoyos para Chiapas”. No hay cifras exactas ni aproximaciones de cuánto aumentarán, sólo expectativas que no cuadran en un entorno nacional de desaceleración económica y recorte presupuestal.
En este ambiente poco alentador ¿habría alguna razón lógica para pensar en que contra la tendencia Chiapas deberá recibir más recursos, sobre todo cuando su uso ha sido poco transparente y hasta en algunos casos delictivo, como lo ha denunciado la Auditoría Superior de la Federación? Lo previsible sería que no, pero como el presupuesto no se concede sólo con criterios económicos o sociales, la única justificación de un incremento sería predominantemente política, pensando ya en la consabida estrategia clientelar de las próximas elecciones.
En este sentido, la mayor preocupación está en el grupo gobernante, porque desde hace ya mucho tiempo a los chiapanecos nos ha quedado claro que el millonario presupuesto que año con año la federación destina a la entidad, no ha servido para sacar al estado del subdesarrollo, de la pobreza y la ignorancia ancestral, sino que se ha convertido en un botín para la clase en el poder y sus aliados, y en el instrumento predilecto para perpetuar el sistema de dominación que les permita seguir explotando las riquezas del estado en beneficio del capital local, nacional y trasnacional.
ESTADO SIN LEY.- La semana pasada la realidad le dio la razón al secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, de que Chiapas es “tierra de libertades”…, pero de libertades para hacer lo que se quiera, incluso para violar las leyes consuetudinariamente. El jueves a mediodía un grupo de jóvenes embozados destruyeron en Tuxtla un céntrico establecimiento comercial, a 50 metros de la Presidencia Municipal y a cien metros de Palacio de Gobierno; quebraron los cristales de un autobús de transporte público y de un vehículo de reparto. El viernes, encapuchados secuestraron tres vehículos empresariales y los incendiaron a la entrada de San Cristóbal de Las Casas, la ciudad donde el gobernador tiene su residencia familiar. Se presume que quienes realizaron esa violenta manifestación fueron normalistas que demandan desde hace mucho tiempo pago de interinatos, becas y recursos para sus escuelas de enseñanza. Hasta ahora las autoridades se han refugiado en el silencio dejando nuevamente la percepción de un vacío institucional, de violencia e inseguridad, de caos y de que Chiapas es un estado sin gobierno y sin ley.
TIEMPO AL TIEMPO, TARDA PERO NO OLVIDA, TODO CAE POR SU PROPIO PESO, ES LA LEY.