Prestanombres, maletines y paraísos fiscales
Los escándalos que involucran desvío de recursos públicos a favor de políticos y sus familiares parecen no desaparecer de nuestros informativos y preocupaciones diarias. Algo que ya está siendo habitual como lo son, con pesar, los muertos y desaparecidos en todos los estados de la República. Hoy están en boga el ex mandatario de Sonora, Guillermo Padrés, y el Gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte. Propiedades de todo tipo, ranchos, playas, y empresas involucran a estos políticos en los saqueos de sus estados durante los años que encabezaron los destinos de Sonora y Veracruz. Casos nada extraños en México, como es conocido, y que en Chiapas han sido ventilados con la indiferencia de los políticos o jueces en turno porque no han estado dispuestos a averiguar los desfalcos a las arcas estatales.
En la rumorología chiapaneca los maletines, con dineros dedicados a comprar desde dirigentes de organizaciones, o a otros miembros del mundo de la política y la prensa, son perfectamente comentados hace décadas, y nadie se sorprende cuando estas cosas ocurren o se convierten en vox populi. También son bastante conocidos en el medio político local, para solo centrarnos en nuestro estado, los famosos operadores dedicados a limpiar las finanzas y hacer transitar los dineros expoliados y huidos, por arte de magia financiera, a paraísos fiscales o a empresas simuladas, como se descubrieron en los famosos y tristes papeles de Panamá.
Esta práctica es tan usual que incluso gobernadores afines pueden recomendar a este tipo de operadores, dotados de los conocimientos suficientes para limpiar los rastros del peculio que engrosa las carteras de vivos funcionarios, a políticos que se incorporan al servicio público. Así, esto último, el servicio público parece más bien servicio propio, establecido para crecer fortunas o crearlas de nuevo, algo que suele ser difícil de ocultar debido a sus elevados y visibles gastos.
Lo que debería evitarse es la asunción de que todos estos manejos son imposibles de erradicar. Ello significa resignación absoluta a este tipo de prácticas y manejos del dinero que, por definición, es y debe ser usado para el beneficio de los ciudadanos, quienes cada vez ven con mayor decepción la caída de acciones que mejoren su vida diaria, desde los servicios educativos y de salud, hasta las calles y carreteras.
Para no ser pesimistas está claro que sólo podrán solventarse estos manejos si los controles del erario público, sus auditores, son ajenos al poder político en turno. De lo contrario esas prácticas continuarán puesto que nadie, por mucho que cambien las siglas de los partidos en el poder, tendrá el interés de no cometer despojos como sus antecesores. Y lo que nos quedará, como sucede hoy en día, son excesos del burocratismo para comprar un lapicero en una dependencia estatal o federal, por ejemplo, mientras el dinero vuela camino a sus paraísos.
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