Lecciones de los 125 días de paro magisterial

La sociedad civil se puso a prueba, y aprobó. Foto: Francisco López Velázquez

Por Daniel Villafuerte Solís

El largo paro magisterial llegó a su fin con las fiestas patrias, primero en Oaxaca y luego en Chiapas los dirigentes decidieron someter a votación el ofrecimiento del gobierno federal, en voz del exsecretario de gobernación, Luis Enrique Miranda, refrendado en su visita relámpago a Chiapas, poco después de hacer sido nombrado como nuevo secretario de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). De los ofrecimientos, llamados “acuerdos políticos”, no existe ninguna garantía de cumplirse no sólo por la inexistencia de minutas firmadas sino porque la tónica del gobierno federal ha sido el incumplimiento de todas las demandas sociales.

La principal promesa del gobierno federal fue que la llamada reforma educativa no se aplicaría en lo que resta del sexenio, y que el nuevo gobierno consideraría su aplicación hasta diciembre de 2018, no está claro si en los otros estados se mantendrá su vigencia, al parecer es un hecho. No se logró la derogación de la reforma, motivo del paro magisterial. Las señales no son buenas, para comenzar en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación se prevé un recorte del orden de los 37 282 millones de pesos, equivalente a 14 por ciento con respecto al 2016, lo que significa que habrá menos posibilidades de mantener la planta de maestros, de extender prestaciones y jubilaciones, en cambio prevalece la idea de la precarización laboral de los profesores, sobre todo los de reciente ingreso o los que esperan concursar por una plaza en los años venideros. En resumen, la expectativa no es halagüeña, aunque parezca que el movimiento de los profesores obtuvo triunfos.

En el balance habrá que poner el desgaste físico, moral, financiero de los profesores de la CNTE. Hay una lista de heridos, golpeados, enfermos y muertos como consecuencia del paro. En este balance también figuran las fracturas políticas entre dirigentes y dirigidos. Los daños colaterales a la economía oaxaqueña y chiapaneca es parte de este balance, el turismo fue una de las ramas más afectadas, sobre todo en los centros de mayor afluencia, en Chiapas figuran San Cristóbal y Palenque; el comercio sufrió grandes pérdidas, todavía no cuantificadas, particularmente en Tuxtla; las compañías de transporte también soportaron graves pérdidas, ¿Gana el país? ¿Gana el gobierno? ¿Gana la sociedad? Es difícil sostener que se haya operado un win–win, creo que todos perdieron.

El gobierno federal y los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero perdieron capital político, sobre todo la imagen del gobierno federal está por los suelos, y el paro contribuyó de manera significativa a que así fuera. Sostener una reforma educativa sin el consenso de la sociedad ha resultado una aventura con costos muy altos.

El movimiento magisterial sufrió una derrota política; sin embargo, en Chiapas se pudo apreciar un crecimiento importante de la organización social, particularmente de la sociedad civil sin partido político, que apoyó al magisterio física, moral y económicamente.

El acompañamiento en las marchas multitudinarias en la capital, Tuxtla Gutiérrez, fue impresionante. Esto es una lección que debería aquilatar el gobierno y, si existe un poco de inteligencia, hacer cambios para el bien de la sociedad en su conjunto.

El estado que guarda la educción en Chiapas es deplorable en sus distintos niveles. Hasta ahora no se ha discutido lo que está pasando en el ámbito superior, pero las universidades públicas están en un nivel crítico, sin suficientes recursos financieros, sin ampliación de la planta docente, sin infraestructura suficiente y digna. Todo parece indicar que este tema no importa, y se hace todo por empeorar la situación.

Desde hacer algún tiempo, las universidades se convirtieron en una extensión de la burocracia gubernamental, donde los funcionarios vienen designados desde el gobierno, no importa el proyecto académico sino el control del espacio y de los recursos financieros. Una verdadera reforma educativa debería comenzar por conceder y respetar de manera irrestricta la autonomía y velar por una rendición de cuentas de los rectores y sus administraciones.

Terminamos de rememorar el 192 aniversario de la llamada “federación de Chiapas a México”. ¿Qué ha cambiado en estos casi dos siglos de anexión? Las estadísticas oficiales muestran la permanencia de una pobreza estructural y nueva pobreza con niveles que debería llevar, al menos, a una revisión de los recursos invertidos durante los últimos 25 años; la exclusión social es un realidad incontrovertible, miles de jóvenes se encuentran hoy en Estados Unidos, que sin saberlo están contribuyendo a distender los conflictos sociales que de otra manera ya se hubieran extendido a lo largo de la geografía, lo mismo pasa con un creciente ejército de niñas, niños y adolescentes que en las calles limpian parabrisas, hacen malabarismos, “tragan fuegos”, o simplemente piden limosna; la agonía de su agricultura, de sus recursos forestales y la contaminación de sus caudalosos ríos forman parte de esta realidad que los gobiernos no han querido ver. En 192 años de anexión, Chiapas todavía no cuenta con los caminos que conecten entre sí a las regiones y los pueblos; sus medianas y pequeñas ciudades, con un crecimiento caótico, son botín de jóvenes políticos, y otros no tan jóvenes, que no tienen la mínima formación en administración pública, sin capacidad para satisfacer las demandas más elementales como son: seguridad, agua potable, alcantarillado, calles dignas, alumbrado público, mercados públicos, etc.

El recuento puede ser interminable, un historial de agravios que está inconformando a la población y que puede derivar en lo indeseable, es decir, los costos de una rebelión.