Partidos desgastados y conflictos poselectorales en zonas indígenas

Ante el desgaste de los partidos políticos, con saldos desastrosos poselectorales, bien valdría la pena debatir nuevas formas de gobierno en las comunidades indígenas.

Existe temor, en especial de los aspirantes al gobierno chiapaneco, de apoyar un mecanismo de este tipo, porque los partidos perderían el control que han ejercido sobre 14 municipios indígenas y los cuales aportan casi el 30 por ciento de la votación estatal.

La elección de autoridades mediante “usos y costumbres” –en realidad mediante normas, procedimientos y prácticas tradicionales– está contemplado en nuestra Constitución, pero en Chiapas no ha cobrado forma por los intereses de los diferentes partidos.

Oxchuc expulsa a partidos políticos y con usos y costumbres elegirán ahora a sus autoridades, advierten

Por el contrario, en lugar de respetar las prácticas tradicionales, los partidos políticos han convertido a las comunidades indígenas, por su importancia de sufragios, en plazas principales de subasta del voto por despensas, dinero en efectivo o apoyos sociales.

Araceli Burguete y Hyazna-mar Gutiérrez reabrieron el debate aquí en Chiapas Paralelo para discutir un posible modelo de “reconocimiento de los sistemas normativos electorales indígenas”. Esa discusión debe tener, por supuesto, como protagonistas a los hombres y mujeres de las miles de comunidades indígenas de Chiapas, pero también a antropólogas, politólogas, políticos y sociólogas.

Estos sistemas normativos electorales, como ellas mismas indican, están en constante transformación y adaptación, por lo cual deben incorporar la paridad de género.

Hoy es necesario que la costumbre sea el respeto a los derechos de las mujeres, dicen Araceli Burguete y Hyazna-mar Gutiérrez al recordar esta frase que repetían las mujeres que participaron en los Diálogos de San Andrés, celebrado hace 20 años.

Un sistema normativo electoral indígena que no alienta la paridad de género, que no respeta el artículo segundo de la Constitución, que no garantiza “que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad”, no puede ser reconocido. La Constitución es muy clara al indicar que en  “ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales”.

La propuesta de sistemas normativos electorales indígenas debería alimentarse de las experiencias vividas en Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, en donde 418 presidentes son electos de esta forma, así como de los municipios autónomos zapatistas.

El éxito relativo que tuvo el régimen priista es que reconoció el plebiscito como mecanismo para elegir autoridades, pero ese sistema fue disuelto con la clientela electoral creada por el régimen mercantilista de partidos, y de ahí la violencia y el conflicto registrados.

Las presidentas, tanto de Chenalhó como de Oxchuc, no mienten al afirmar que fueron electas por plebiscito, pero ahora, a diferencia del viejo régimen priista, cada partido realiza su propio plebiscito, lo cual alienta la división y el conflicto en lugar de propiciar el consenso.

No se puede caer tampoco en el discurso “usocostumbrista “ y pensamiento “indianista”, de que solo lo puro está en el lado indígena y que lo perverso viene del mundo mestizo. No es así, las cofradías y el ayuntamiento tradicional con sus alcaldes y regidores, como indica Juan Pedro Viqueira, tienen un claro origen español, pero algunos despistados creen que son creaciones mesoamericanas.

Los “usos y costumbres” no son la panacea, sino por el contrario pueden excluir la participación de la mujer y atentar contra los derechos humanos. Por eso, más que pensar en modelo exclusivo, se debe reconocer que es posible insertar lo mejor de ambos mundos.

Los conflictos poselectorales no terminan con los sistemas normativos electorales pero se evita gran parte de la violencia. En los 418 ayuntamientos oaxaqueños que se rigen por esta normativa, hay impugnaciones en el 20 por ciento de ellos, pero hasta el momento no hay graves conflictos poselectorales.

Las comunidades, además, tienen el derecho de regresar al sistema de partidos, pero en los más de 20 años de existencia de autoridades oaxaqueñas electas por este mecanismo, solo San Andrés Cabecera Nueva solicitó su retorno al sistema de partidos.

El investigador Moisés Bailón considera que este mecanismo reduce los conflictos poselectorales por la mayor transparencia en la elección, ya que se hace mediante mano alzada, por pelotón (los candidatos que tengan más miembros en su grupo gana) o por pizarrón (quien tenga más rayas trazadas por los miembros de una asamblea).

A diferencia de los alcaldes actuales de la zona indígena de Chiapas, muchos presidentes de Oaxaca no están deseosos de ejercer el cargo, porque no tienen sueldo asignado, si acaso una gratificación.

Por la falta de un salario, tampoco es extraño que algunos, cuando se enteran de la decisión de la asamblea prefieran huir de sus comunidades para no ejercer el cargo de presidente municipal. Debido a que la elección, en su mayoría, se hacen a mano alzada, no es necesario que la persona que resulte electa esté en la asamblea, ni tampoco que haya hecho campaña.

Los sistemas normativos electorales de Oaxaca presentan el problema de que no han propiciado la participación de la mujer, con un uno por ciento apenas del total de alcaldes.

A la par de una posible discusión de sistemas normativos electorales, se tendría que estar abordando otro tema delicado, que es el de la remunicipalización, el cual incrementaría el número de ayuntamientos en Chiapas, como sucedió en Oaxaca.