Libertad de expresión asesinada
Recientemente el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ con sus siglas en inglés por encontrarse su sede en Nueva York, presentó un índice de países donde han sido asesinados periodistas entre 2004 y 2013, tomando como referencia la desaparición de cinco y sin que exista castigo a los responsables. Por supuesto, y por mucho que nos pese, México está presente con el triste puesto del primer lugar de América Latina y el séptimo mundial de los 13 países evaluados, solo antecedido por Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria y Afganistán. Como se aprecia, la mayoría de esos países han vivido o tienen un conflicto armado en su territorio. De hecho después de México aparece Colombia, Estado donde apenas se ha puesto fin a una prolongada lucha armada en su territorio.
El mismo organismo internacional afirma que la gran mayoría de los periodistas asesinados eran del país y que un tercio fue torturado previamente a perder la vida, con certeza porque cubrían informaciones políticas, bélicas o relacionadas con la corrupción. Sospecha que se une a la impunidad con la que quedan sin resolver asesinatos que en México, y recientemente en el estado de Veracruz como máxima expresión en su territorio, se han convertido en habituales y suelen solaparse por la presencia del crimen organizado.
La lucha por la libertad de expresión no es reciente, aunque en su carácter más extenso fue aprobado el derecho a ejercerla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sancionada por su Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. En concreto en su artículo 19 dice, textualmente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Cómo es lógico, los periodistas, utilizando distintos medios de comunicación, son quienes han hecho y hacen un mayor uso de este derecho, aunque no sean estos profesionistas los únicos que tienen la posibilidad de ejercerlo ya que está incluido en todas las legislaciones que se consideren democráticas del mundo. Es decir, cualquier ciudadano tiene el privilegio de expresar sus opiniones con libertad.
El asesinato de periodistas no debe pasar impune, y tampoco tiene que ser una anécdota para la opinión pública o para aquellas asociaciones que durante su historia se caracterizaron por la defensa de uno de los principales derechos, el de la libre expresión de ideas. ONG,s nacionales e internacionales han clamado contra los crímenes, pero dónde están colectivos como los masones, cuya historia fue la defensa de la libre creencia y, por ende, expresión?
Muchos hemos criticado el papel de ciertos periodistas, rendidos al poder por necesidad o por gusto, pero la difamación o el servilismo de alguno no significa obviar la defensa de la libertad de expresión. Y para ello nada mejor que la frase atribuida a Voltaire pero que fue escrita por Evelyn Beatrice Hall, en su libro Los amigos de Voltaire: «Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
Todo ser humano tiene el derecho de ejercer su libre manifestación de ideas, siempre que se aleje de la injuria y la difamación, y mucho más el seguir viviendo por ello. Así que en este caso, como en otros muchos de nuestra cotidianidad, la legislación y su ejecución no se corresponde con los hechos. Ello habla de los constantes retos que las sociedades tenemos para darnos un marco de convivencia, pero también de lo deplorable que resulta la ausencia de investigación y castigo ante hechos indignantes como el asesinato por expresar juicios o aportar informaciones.
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