Impunidad y deslinde

«Resurgiendo de las cenizas»
Maestros y sociedad civil recuperan el bloqueo en el km. 46 de la autopista Tuxtla-San Cristóbal.

Las imágenes y los testimonios coinciden en la dinámica del desalojo violento de los manifestantes de la carretera el pasado día 20 de julio del presente año. Adelante llegó un grupo de personas indígenas y no indígenas, mayoritariamente hombres, algunos cubiertos del rostro, otros no, pero todos exhibiendo impunidad. Enseguida llegaron policías estatales y municipales en actitud de protección a los agresores y no a las víctimas.

Los civiles llegaron golpeando a quienes se interponían en su camino, y causando destrozos a las carpas y demás pertenencias de los y las manifestantes; además, robaron aparatos de difusión. Algunos portaban armas de fuego, y las utilizaron para amedrentar y accionar, lesionando por lo menos a un profesor.

Aunque la coordinación entre el grupo civil y las policías fue evidente, primero el gobernador, luego el presidente municipal, y posteriormente el líder de la ALMETRACH, se deslindaron de la acción, pretendiendo que los responsables fueron personas de San Juan Chamula que actuaron por propia iniciativa. Nada más falso.

Los atacantes fueron integrantes de la ALMETRACH en conjunto con personas de San Juan Chamula, y, según los resultados de la investigación de la Procuraduría General de Justicia, también intervino un grupo delincuencial conocido como “Los Panzudos”. No es desconocida la relación del líder de la supuesta organización social con quien fungiera como síndico en San Juan Chamula. De ahí la coordinación.

La ALMETRACH ha sido utilizada por el Presidente Municipal de San Cristóbal como grupo de choque. Varios han sido los eventos en que han actuado en lo que va del año: Se le vincula al asesinato del profesor Juan Carlos Jiménez Velasco, fueron quienes tiraron gases lacrimógenos y golpearon a quienes realizaban una asamblea ciudadana en la Sala de Bellas Artes, participaron también para simular un atentado al alcalde y responsabilizar a los maestros. Además, tanto el líder del grupo de choque, como el alcalde ya habían amenazado con llevar a cabo el desalojo que finalmente realizaron.

Es por ello que el deslinde del presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, constituye un acto de cinismo, puesto que siempre han estado a su servicio para cometer actos violentos.

Lo absurdo del deslinde marcado por el gobernador y el presidente municipal es que solo lo hacen respecto a las acciones del grupo de choque; sin embargo, la responsabilidad persiste, puesto que las autoridades también incurren en ella por omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, como es garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos. Las imágenes muestran que el grupo de choque comete delitos, violenta derechos, y las policías no hacen nada por impedir el ataque, y no hicieron nada por detenerlos cuando se encontraban en comisión flagrante de delitos.

Para evitar la responsabilidad que se les atribuye, la Procuraduría de Justicia informa que existen doce personas detenidas y que todas pertenecen a un grupo delincuencial que opera en San Cristóbal de Las Casas. De ser cierto, por lógica se deduce que un grupo delincuencial no tendría una motivación propia para violentar a quienes realizan una manifestación política, y que si actuaron solo fue porque hubo acuerdo monetario de por medio, y ello robustece la hipótesis de que pudiera ser el alcalde quien orquestó el desalojo.

Es por ello que la detención de los autores materiales constituye un buen inicio en el camino de la justicia; pero esta debe concluir en el castigo a quienes abusando del poder y la impunidad de que gozan abusan de los derechos de la ciudadanía.