Roberto Albores Gleason y Luis Armando Melgar, mentirosos y cómplices de la corrupción

Pese a la evidencia de que votaron en contra de la propuesta original de la Ley 3 de 3, la cual permitiría conocer las propiedades,  declaración de impuestos e intereses empresariales de los funcionarios públicos, Roberto Albores Gleason y Luis Armando Melgar se encargaron de publicitar de que sí habían emitido su voto por esta propuesta ciudadana.

Nada más alejado de la realidad. Ambos senadores por Chiapas se encargaron de obstaculizar una iniciativa avalada por 630 mil firmantes que urgía a los legisladores a tomar una postura más firme en contra de la corrupción.

Para Jorge Castañeda, intelectual y político que ha impulsado la propuesta Ley 3 de 3, los legisladores chiapanecos forman parte de una casta política a la que le da vergüenza mostrar sus propiedades “porque simplemente está por arriba de lo que posee el 99 por ciento de los mexicanos”.

Luis Armando Melgar

A estos dos senadores chiapanecos no les importó la exigencia ciudadana de parar la corrupción que se vive en el sector público y que cuesta a los mexicanos 350 mil millones de pesos al año, una cantidad con la que se podrían construir 19 mil kilómetros de carreteras e incrementar la red en un 40 por ciento.

Pese haberse opuesto a la propuesta de la Ley 3 de 3, Luis Armando Melgar escribió en su página: “Yo si voté a favor de la iniciativa ciudadana conocida ley 3 de 3 (Ley de Responsabilidades Administrativas), porque estoy convencido de que es obligación de toda persona que se dedica al servicio público ser transparente y rendir cuentas, porque sólo así se conseguirá hacer frente a la corrupción y acabar con la impunidad”.

Por su parte, Roberto Albores Gleason publicó que “no solamente abrazamos la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, sino también la enriquecimos, ahora los funcionarios de los tres órdenes de gobierno y toda aquella persona física o moral que reciba recursos públicos tendrá que presentar sus declaraciones”.

Los empresarios, sin embargo, no compartieron el parecer del senador priista; por el contrario, se manifestaron el jueves pasado porque obliga a los prestadores de servicio al sector gubernamental, hacer lo que no están dispuestos los funcionarios: presentar la Ley 3 de 3.

Jesús Zambrano, diputado del PRD, indicó que la legislación, aprobada por Albores y Melgar, resultó un “adefesio, un Frankenstein legislativo y significa una bofetada a la sociedad que reclama un combate frontal a la corrupción».

El artículo 32, de la recién aprobada ley y calificada como decepcionante por la Agencia France Press, indica que “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos”, deberá presentar declaraciones patrimoniales.

De acuerdo al periódico El País, la clase política contará con sólidos escudos de protección contra “la exigencia de publicar su patrimonio, su declaración de impuestos y su relación con el mundo empresarial como antídoto frente al fantasma de los conflictos de interés. Serán los empresarios, sin embargo, los que se verán sometidos a este escrutinio profundo cuando crucen sus negocios con la Administración. La medida ha provocado un fuerte malestar en el ambiente empresarial”.

El presidente de la Confederación Patronal Mexicana, que reúne a 36 mil empresarios, explicó la aprobación con el siguiente ejemplo: “Si hay un hotel que le da servicio a servidores públicos, todos los empleados y proveedores de ese hotel tendrían que presentar la ‘tres de tres”.

Al votar en contra de la propuesta original de la Ley 3 de 3, estos senadores dejaron pasar una oportunidad histórica de reivindicarse con los ciudadanos molestos por la corrupción y proyectarse como candidatos confiables a la gubernatura.

Pero no. Pese a que votaron en contra, han querido transmitir el mensaje de que sí lo hicieron, lo cual los convierte en mentirosos patológicos y cómplices evidentes de la corrupción.