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Cuando ya se habían perdido las esperanzas de que en este país y en Chiapas existiera un poco de justicia, el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) da la sorpresa, y remueve a todos los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

El proceso -resultado del desaseo de la jornada electoral de julio del 2015- fue por etapas, primero el INE removió -en una decisión que se quedó corta- a solamente tres consejeros electorales. Pero ahora, los supuestamente encargados -todos- de velar por la legalidad de las elecciones chiapanecas, no lo hicieron, dejaron huella de ese cochinero y por ello, el TRIFE, cesó a los cuatro consejeros electorales que faltaban.

Sin duda, la decisión del TRIFE es un triunfo de las instituciones que velan por la justicia electoral en nuestro país. Eso hay que reconocerlo y celebrarlo.

Los agravios hacia la ciudadanía de quienes supuestamente deberían de vigilar por sus derechos se acumularon, no cumplieron la paridad de género y manipularon el padrón electoral de chiapanecos en el extranjero.

Eso es lo que ha salido a la luz pública. Pero en Chiapas todos sabemos que ello es solo la punta del iceberg. Las elecciones del año pasado fueron cualquier cosa, menos un ejercicio democrático, justo y equilibrado entre todos los partidos políticos.

El dispendio fue inmenso, y hoy las consecuencias de las malas decisiones de la cúpula política chiapaneca se sienten en todos los rincones del estado con bloqueos carreteros; inconformidad ciudadana, exigencia de cumplimiento de acuerdos políticos y oídos sordos de la clase política que está en lo suyo: disfrutando del poder, actuando con frivolidad y una irresponsabilidad que ya es escandalosa.

Las consecuencias de la decisión del TRIFE todavía están por verse, y en mucho definirán el futuro político de la clase que nos gobierna.

Una de las primeras reflexiones sobre el cese de los consejeros, es que una de las cartas fuertes para el 2018 de la clase política local se desinfla y de fea manera.

De hecho, habría que decir primero que el directamente responsable del cese de los consejeros y por tanto del desaseo electoral que provocó dicha caída, despacha en la presidencia del Congreso Local.

Precisamente con el fulminante cese de los consejeros, Eduardo Ramírez Aguilar pierde fuerza como candidato al gobierno estatal en el 2018 -o al menos no debería aparecer más como favorito de Palacio de Gobierno-, porque a su cargo estaba la organización de las elecciones, la selección de los candidatos del Partido Verde Ecologista, falló y lo hizo de una manera estrepitosa y con un total dispendio que tiene hoy a Chiapas a bordo del colapso social.

Pero más allá de la suerte y el futuro político de un solo personaje, el cese a los consejeros electorales cambia el escenario político chiapaneco.

Lo cambia porque la razón de ser del Partido Verde Ecologista de México es el crecimiento electoral. El lograr el mayor número de simpatizantes y electores para convertirse en un partido político chico, pero estratégico, porque está vinculado a la negociación política.

Si Chiapas le dio al Partido Verde Ecologista la reserva electoral de votos que necesitaba, si también le dio al primer gobernador de su historia, si también le dio recursos financieros por ser un instituto político en crecimiento, hoy la credibilidad de todo ello está en entredicho.

La credibilidad gubernamental se reafirma, se sostiene y se consolida en las elecciones, mientras más limpias y transparentes sean, la clase política se reafirma, crece la credibilidad y la paz social logra que el tejido social se cohesione.

Pero en Chiapas eso no fue así, y ello tiene un costo social que está pagando la ciudadanía y un costo político que pagará la clase política.

A ver si ahora entienden que la política, la administración pública y las conquistas sociales como el derecho al voto no son un juego. Se deben de ejercer y respetar con absoluta responsabilidad.

Por ese dispendio, frivolidad e irresponsabilidad, -si bien las protestas han sido constantes- todo ha subido de nivel; los anteriores bloqueos, tomas de edificios públicos, marchas y protestas eran para exigir obras, para protestar por los abusos y las omisiones de algún presidente municipal o para presionar para la caída de algún alcalde o secretario estado. Pero las protestas de los días pasados fueron otra cosa: ahora exigen la renuncia del gobernador del estado.

Las protestas en Chiapas ya no son solo por los temas electorales, ahora mismo salen a la calle empresarios, prestadores de servicios, transportistas, normalistas, indígenas campesinos, pequeños propietarios, el magisterio y burócratas.

El ambiente político está descompuesto y este sexenio ya no pinta para absolutamente nada. Acabó antes de tiempo porque ya no puede ofrecer nada a los chiapanecos.

No hay dinero, no hay obras y por tanto la administración pública está paralizada y no se diga de uno de los motores de la economía chiapaneca: la obra pública.

Lo que ahora venga de la clase política solo será testimonial.

Sin embargo, parafraseando a Galileo; “todo se mueve” porque hay un relevo en el 2018 y un incentivo que alienta el futuro hervidero político: La reelección. Los que están en un puesto político querrán quedarse, y los que están en la banca o forman parte de un grupo político que aspira a crecer, están a la espera.

Habrá que tener el control de dos instituciones políticas para aspirar a conservar el cargo popular o acceder a él. Uno son los partidos políticos, los que designaran a sus candidatos y el segundo es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

La remoción de los consejeros abre el juego sucesorio al 2018 desde ahora. Porque la clase política está desgastada sin credibilidad, y porque hasta ahora el candidato, aspirante o suspirante más visible, es decir Eduardo Ramírez Aguilar, es también ya el más desgastado.

Fin temprano de sexenio, fin de las aspiraciones del candidato formado localmente y apertura en el proceso a más candidatos, que seguramente intentarán aprovechar el momento político y pretenderán proponer o imponer nuevos alfiles que sustituyan a los consejeros desaforados.

No pudo el Partido Verde manejado por los chiapanecos entregar legalmente el caudal de votos que necesita ese partido político para tener en Chiapas la legitimidad que en el resto del país pierde por prácticas ilegales.

No pudo la clase política local afianzarse para transcender en el sexenio siguiente en los primeros planos. Con la decisión del TRIFE, la federación da un golpe de mando e intenta componer lo que ahora el Partido Verde local tiene de cabeza.

Pareciera que los amigos y aliados del titular del poder ejecutivo son también sus peores enemigos.

No supieron que hacer con el poder.

Ahora el camino se abre para otros políticos como Luis Armando Melgar Bravo, Roberto Albores Gleason, Zoé Robledo Aburto, Francisco Rojas Toledo, y párele de contar.

El gobernador para el próximo sexenio de alguno de ellos saldrá, y salvo Melgar Bravo que es mitad priista y mitad verde ecologista, los demás no están identificados con el partido que tuvo la oportunidad de gobernar y retener la gubernatura, la soberbia, la frivolidad y la irresponsabilidad perdieron a sus líderes.

En las próximas elecciones federales probablemente el Verde sea el que abandere al candidato a la gubernatura, pero el perfil de ese candidato, ya no será cien por ciento verde ecologista.

El sexenio ya se fue y solo nos quedó la indignación social. Esa tampoco la dejaron intacta los verde ecologistas, la aumentaron y lo peor es que constitucionalmente todavía los tendremos que aguantar hasta el 30 de noviembre del 2018, si no es que la indignación social los rebasa.