¿Justicia con perspectiva de género en Chiapas?

Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Foto: UNICH

A Julián Alfonso Cruz Cardeño. In memoriam

Pasan los días en este Chiapas convulsionado y la justicia con perspectiva de género, es aún lejana. A dos semanas de haber interpuesto la denuncia por “(…) Posible Comisión de Hechos Delictuosos, cometido en mi agravio” ante las autoridades correspondientes, no hay avance alguno en la investigación.

En esta coyuntura de grave acusación en mi contra, agradezco la confianza y el apoyo que me han brindado las voces de jóvenes estudiantes, ex estudiantes, familias y amistades en las redes presenciales y virtuales, pese a que han sido sarcásticamente cuestionadas por entes de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).

Su voz y el conocimiento de mi trabajo profesional me han fortalecido para exigir  al gobierno del Estado y a sus instancias de procuración de justicia como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Fiscalía de Distrito Altos, brinden atención a la denuncia 689 efectuada el pasado 3 de mayo en sus oficinas de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Lo que me sucede, es una pequeña muestra de la razón por la que México está obligado a procurar Justicia con Perspectiva de Género: persisten las asimétricas relaciones de poder entre las personas. El Estado mexicano se sujeta a una serie de tratados internacionales que ha contraído con diversos organismos que le obligan a lo anterior.

La Asamblea General de la ONU (18 de diciembre de 1979); pronunció la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que es el instrumento internacional para la defensa, promoción y protección de los derechos de las mujeres; modelo de adecuación de leyes nacionales y locales.

México ratificó la Convención el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país y, la adoptada en Brasil el 06 de septiembre de 1994, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), ratificada por nuestro país el 06 de septiembre de 1998. Lo que supone que las mujeres tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia y de los estereotipos basados en la inferioridad y superioridad de sexos.

De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya emitido en 2015, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Considerando todo lo anterior, exijo que se aplique en la investigación derivada de mi denuncia, la Perspectiva de Género.

Es importante que las autoridades correspondientes actúen con la obligación de prevención, sanción y erradicación y, traten mi caso ‒porque las mujeres somos históricamente sometidas‒ sin perniciosos estereotipos de sexo-género sustentados en las diferencias biológicas y sostenidos por prácticas culturales y sociales, mismos que favorecen la discriminación, la inferioridad, la ignominia, los prejuicios, no sólo contra las mujeres, sino contra los sexos biológicos y las identidades de género no masculinas e impiden la reparación del daño y benefician  exclusiones que derivan de tráfico de influencias y compadrazgos que tanto dañan la identidad sexo-género y el derecho a la igualdad, la dignidad y el acceso a la justicia de las personas, lo que agudiza la violencia que cae en tortura, desapariciones y feminicidio.

En México, pesa el que las mujeres seamos madres solteras, jefes y cabeza de familia, desprovistas de palancas o báculos; no se diga si nos reconocemos feministas, atrevidas, transparentes y combativas. El derecho a la ciudadanía, a ser dueñas de nuestras vidas y de nuestros cuerpos, autónomas, libres en el ejercicio de nuestra sexualidad y reproductiva, sigue siendo un pendiente en materia de procuración de justicia.

La posterior campaña de desprestigio construida en las redes sociales, en donde se lanzan señalamientos, acusaciones e insultos vertidos contra mi persona, proviene del interior de la Universidad Intercultural de Chiapas, tienen nombre y apellido. Es grande el daño moral generado y estoy indignada, pero no en agonía. Levantar una denuncia penal fue lo correcto sencillamente porque temo por mi vida e integridad, al igual que por la seguridad de mi descendencia familiar.

¿Cuánto más habrá que esperar para que la fiscalía responsable y la policía cibernética de la PGJE procedan contra él o las y los responsables de las acusaciones que se armaron en mi contra? ¿O es que están dando tiempo a los expertos que laboran en la UNICH a que siembren “pruebas” para corroborar la infamia de la que se me culpó en algunos medios de comunicación, cuyas fuentes son anónimas?

La UNICH no merece desplomarse por falta de presupuesto o por la miopía de grupos de poder, o por la falta de difusión pertinente y la carencia de una rectoría responsable.

Hoy, enfrento días difíciles por ser mujer; por atreverme –siendo mujer– a señalar lo que en la UNICH está mal, por no quedarme callada y en mi condición de mujer, levantar la voz contra la injusticia educativa y social.

La discriminación de género sufrida, es una cuenta pendiente hacia todas las mujeres. Las mujeres desde todas las trincheras merecemos atención. Más aún, las voces disidentes que fijamos postura ante las atrocidades patriarcales, sexistas, la corrupción e impunidad. En Chiapas, tarda en llegar la justicia para las mujeres.