IEPC e INE. Desvergüenza y nueva selección

© Confianza ciudadana invaluable. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2012.

Tres cuestiones esenciales deseo poner a debate, respecto de las últimas actuaciones de la oficina u organismo que en Chiapas atiende las elecciones de carácter estatal. Ello desde mi calidad de antiguo promotor de democracia y observación electoral independiente, actividades practicadas a partir del año 92. Igualmente, desde mi condición de consejero ciudadano del Consejo Estatal Electoral (CEE); consejero miembro del Instituto Estatal Electoral (IEE) durante los años 1999 a 2002.

1. La intromisión del gobierno del Estado y los partidos políticos en los asuntos internos del IEPC, órgano público local electoral u OPLE, de acuerdo con la normatividad que incluye al propio INE, al Instituto Nacional Electoral.
2. La ineficiencia, ilegalidad y corrupción con que los consejeros miembros del OPLE procesaron las elecciones locales más recientes; las que embadurnaron de verde todos los espacios públicos, y
3. El sesgo con que el INE vuelve a seleccionar a los nuevos miembros del órgano electoral, situación que podría favorecer la repetición del comportamiento infame de los expulsados consejeros-delincuentes.

Y es que, para nadie es un secreto, del mismo modo que es evidente para todos, que las tres ramas del gobierno aunque en especial el Ejecutivo —mediante su Secretaría de Gobierno y el propio Gobernador—, ven al instituto electoral como extensión de sus esferas de poder. Ello desde la perspectiva de los ciudadanos y su aspiración a la ciudadanización de los organismos gubernamentales y la vida pública en general. Lo mismo debe agregarse respecto del sistema de partidos, especialmente desde el espurio gobierno de Sabines Guerrero (2006-2012).

Desde estos años, los directivos del órgano electoral acudieron a sesiones informales, al Palacio del Gobierno y a la casa del gobernador, como si los consejeros fuesen empleados de esa instancia; para condicionarlos hacia alguna dirección, o incluso para recibir indicaciones precisas respecto del sentido de alguna resolución. Así se hizo durante la más corrupta de las administraciones contemporáneas, y bajo esta prescripción actuó el gobierno actual y sus personeros, en su relación con el OPLE. No existió entonces ni existió ahora con los más recientes expulsados, actuación o intención ninguna en el sentido de ponderar su autonomía, deslindarse del gobierno, respetar el voto ciudadano o guiar sus pasos por el sendero de la Ley.

Y el caso de los partidos es aún más patético: la última elección de diputados y Ayuntamientos del 19 de julio de 2015, calificada por propios y extraños como una “elección de Estado”, estuvo marcada por las tres o cuatro franquicias “políticas” dirigidas desde el Palacio Gris. De modo que la línea marcada desde allí, fue asumida por ellas como propia en los plenos del OPLE. Los partidos en Chiapas se convirtieron en simples negocios de políticos y gobernantes; ajenos al afán democratizador de ciudadanos y ONG’s, aunque en particular de las organizaciones libres.

La segunda cuestión es absolutamente diáfana, luego de la valiente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los defraudadores Abarca Velázquez, Domínguez Cordero, López Morales, Morales Urbina, Girón López, Chang Muñoz y Morales Sánchez, cometieron perjurio y deslealtad al pueblo de Chiapas. Es decir, fueron seleccionados para hacer cumplir las leyes electorales y garantizar la libertad y la valía de los votos ciudadanos, mientras que por su cuenta actuaron al revés; fuera de la Ley.

Por negligencia, ineficiencia, cobardía y quizás incluso por corrupción… a) Permitieron las diversas conductas fraudulentas de los partidos señalados. Marcadamente PVEM, PRI, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, b) Fingieron mediante la generación de votos apócrifos y artificiales, la elección del infamante “diputado migrante” y, c) Aunque fueron protegidos por los consejeros nacionales proclives al PRI y en general al viejo régimen, todos fueron exhibidos como viles delincuentes en el pleno del Consejo General del INE.

La última cuestión estriba en la falaz (o acaso sesgada) mecánica de selección impulsada por el INE al nivel nacional. Me refiero al procedimiento de selección de ciudadanos que se incorporan como consejeros a los OPLE’s: mecánica empobrecedora del lento proceso de democratización nacional; ingenio que linda en la estupidez. Torpeza y miopía que justamente ha llevado al INE (no al antiguo IFE), a su peor descalabro en sus escasos dos años de vida.

Los ciudadanos estamos de acuerdo en que, para evitar males mayores, debe seleccionarse a los miembros de los OPLE’s con base en criterios evaluativos, cuantificables: saberes referentes al sistema jurídico-político mexicano, conocimientos sobre la materia electoral, habilidades discursivas y escriturales asociadas a la exposición de ideas y, experiencia profesional en la materia. ¡De acuerdo! aunque… ¿A qué diablos sirve una determinada idoneidad profesional, disciplinaria?, ¿A dónde vamos si se privilegia la memorización de los posgraduados, mientras se devalúa el buen prestigio y la experiencia?, ¿Cómo no considerar la calidad ética y el compromiso moral de quienes dejan la piel entre campesinos e indios, entre organismos y organizaciones, o entre acciones de defensoría, ciudadanización y democracia? Es más, ¿Qué tanto la habilidad para redactar ensayos —propia de los académicos e intelectuales— garantiza probidad y talante adecuado?

No y no. Lo que necesitamos son hombres y mujeres de Estado. Ciudadanos ejemplares y con altura de miras; gente comprometida con el perfeccionamiento de la democracia imperante. Entre las y los consejeros de los órganos electorales se requiere, es cierto, madurez humana, capacidad intelectual, saberes jurídico-electorales y densa experiencia previa, aunque necesitan sobretodo: compromiso ciudadano frente al endiosamiento del sistema de partidos y… fortaleza de ánimo y carácter, para afrontar y atemperar si fuese necesario, al mismísimo ogro encarnado en los gobernantes en turno.

Lo demás, amigos, es lo de menos: que los delincuentes electorales sean juzgados por sus actos. Que se les encarcele, o al menos sean inhabilitados para ejercer encargos públicos durante muchos años. Que los actos jurisdiccionales decretados por estos funcionarios, luego inhabilitados por orden judicial, sean descalificados tal como sus actores. Es decir, sean declarados nulos de toda validez y… en cuanto a los nuevos consejeros, basta con que no sean proclives al gobierno, solapada o abiertamente; ni a ideologías ni a partidos. Que no los queremos mediocres, medrosos ni incondicionales del poder.