Quitar a Proactiva, para poner al compadre

Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de Tuxtla Gutiérrez, busca revertir el convenio con Proactiva, no para mejorar el servicio, sino para hacerse del negocio millonario de la basura.

Con su equipo, y algunos ciudadanos bien intencionados, crea un clima de opinión para favorecer el rompimiento con Proactiva, aun cuando eso cueste al erario municipal mil millones de pesos, más los gastos por el largo litigio.

No es que Proactiva sea un modelo de empresa, pero en la campaña de desprestigio se le han puesto medallitas ajenas a su quehacer y a sus accionistas. Para avivar el malestar de los tuxtlecos se ha llegado a decir que uno de los socios de Proactiva es Juan Sabines Guerrero, el peor gobernador de Chiapas.

Nada más ajeno a la realidad. Veolia, al corporativo al que pertenece Proactiva, es líder mundial en el negocio de los desechos, con capital mayoritariamente francés. En México, ICA era socio de esta empresa, con un 49 por ciento, acciones que vendió el año pasado a Fernando Chico Pardo, el llamado Warren Buffett mexicano.

Cuadro elaborado a partir de la información proporcionada por los ayuntamientos.

En América Latina Proactiva está en ocho países y 120 municipios. Atiende a 45 millones de personas, y recolecta 2.3 millones de residuos sólidos al año. En nuestro país, presta el servicio de recolección de basura en ocho ciudades desde hace 25 años.

Cuando en el 2006 se le adjudicó el servicio de recolección, traslado y tratamiento de la basura, fue producto de una licitación inspeccionada por Transparencia Mexicana. En esa ocasión concursaron las empresas Coconal, Earth Tech México, Grupo Proaqua, Promotora Ambiental de la Laguna, Iecosa Corporation, Proactiva Medio Ambiente y Técnicas Medioambientales de México. De acuerdo a Transparencia Mexicana, la mejor propuesta, “la más solvente” y la de “costo más bajo” fue la de Proactiva Medio Ambiente.

Eran tiempos diferentes. Juan Sabines Guerrero deseaba enviar un mensaje de honestidad y capacidad en su búsqueda a la gubernatura de Chiapas, y cuando finalmente se concretó el acuerdo con Proactiva, él andaba en campaña por el PRD, por lo que Rosario Pariente, la alcaldesa sustituta, firmó el convenio.

La revocación de contratos de este tipo no es nuevo, pero salen perdiendo los ayuntamientos. En San Pedro, Nuevo, León, se revocó el contrato con la prestadora de servicios porque consiguieron mejores precios. De 384 pesos por tonelada que les cobraban, otra empresa ofreció sus servicios a 310 pesos.

Si se le revoca el contrato, Proactiva cobrará de todos modos una penalización superior a los mil millones de pesos. No perderá, pero sí los ciudadanos que veremos que el dinero destinado a  obras de pavimentación, drenaje o agua potable será para pagar a la empresa francesa. En lugar de eso, deberían multarla por incumplimiento y contaminación.

El problema, en todo caso, no es revocar el contrato, sino saber a quién se le otorgará el servicio, quién pagará la penalización y cuánto se gastará de las arcas municipales en ese largo litigio que se emprenda contra Proactiva, a la que al día de hoy se le adeudan 150 millones de pesos.

Nada de esto ha informado Fernando Castellanos, porque el verdadero interés es quedarse con el negocio de la basura.

En cuanto al precio que cobra Proactiva al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no es el más caro del país. En el cuadro que se presenta se puede observar que el costo de recolección de la basura en México es muy variado, que San Juan del Río, Querétaro, tiene el mejor convenio, pero que la delegación Gustavo A. Madero paga el precio más alto, que es de 493 pesos por tonelada. En el caso de Tuxtla, la cuota inicial, en 2006, fue de 360 pesos, y ahora es de 469 pesos.

Mucho del malestar en Tuxtla se debe al pésimo servicio de Proactiva, porque aparte de no haber mejorado la recolección de desechos, no ha incidido en una nueva cultura del tratamiento de la basura.

Se estima que el 85 por ciento de la basura que tiramos podría ser tratada en nuestras casas. La mayoría de los mexicanos no sabemos reciclar, a diferencia de los uruguayos, belgas, alemanes y holandeses que están a la cabeza.

Si recicláramos, en lugar de generar 630 toneladas diarias, produciríamos alrededor de cien toneladas, lo que significaría un ahorro diario de 250 mil pesos, y 91 millones de pesos anuales por este concepto.

El problema que queremos achacar a Proactiva, y muchas ciudadanas bien intencionadas han empezado a recabar firmas para sacarla del mercado tuxtleco, es responsabilidad de la mayoría de los habitantes, y se solucionaría mediante el fomento de una cultura de tratamiento de la basura.

En 2001 se recolectaban 434 toneladas en Tuxtla; tres años después, 460, y en 2006, cuando se firmó el convenio con Proactiva, eran ya 480 toneladas. En 2014, se rebasaron las 600 toneladas, y este año, producimos más de 630 toneladas al día.

Si no cambiamos nuestro chip, no habrá empresa capaz de levantar los 475 kilos que produce al año cada habitante de esta ciudad. La única salida es la concienciación, pero la impartición de talleres en las escuelas se ha abandonado. A las autoridades no le interesa el tema, porque producir basura es un estupendo negocio.

Dentro de esta embestida contra la empresa francesa se habla de la contaminación que genera a los ejidos aledaños. Es posible, y no lo pongo en duda, pero eso lo debe comprobar Profepa, que es la autoridad en la materia y la única autorizada en fijar penalidades.

Quienes vivimos en Tuxtla estamos atrapados entre el mal servicio de Proactiva y la falta de transparencia en la que se ha movido la administración de Fernando Castellanos, y por eso la revocación del contrato entre el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y Proactiva huele mal; deja, además, entreabierta la veta de un nuevo negocio para los políticos del Verde, incrustados ahora en la alcaldía capitalina.