Las ocho mujeres mexicanas acusadas de terrorismo

La profesora Érika es quien lleva la chamarra roja. Foto: Raúl Vera

Cuando inició el día eran ciudadanas, maestras, madres de familia y algunas hasta abuelas. Cuando cayó la noche su estatus ya no era ninguno de esos, pasaron a ser “terroristas”. Así las acusó el Estado.

Sandra Roblero Escobar, Vianey del Carmén Aguilar Pérez, Marlene Pérez Muñoz, Erika Moreno Reyes, María Cristina Consospo, Estela Martínez Santiago, María Isabel Bedrán Penagos y Yuri del Carmén Pérez son los nombres de las ochos mujeres mexicanas que fueron acusadas de terrorismo.

Al conocer la historia de vida de cada una de estas mujeres se puede tener la certeza que ellas están muy lejos de ser terroristas.

Las ocho son maestras y chiapanecas. Las ocho fueron detenidas cuando iban a participar en una marcha en contra de la reforma educativa. A excepción de una, todas rebasan los 40 años. La mayoría tiene problemas de salud. Fueron encarceladas por su propia vulnerabilidad porque no alcanzaron a correr, porque sus respectivas dolencias se lo impidieron o al intentar auxiliar un compañero las esposaron como que si hubieran cometido el peor de los delitos. Las ocho  este martes por la mañana fueron puestas en libertad condicional junto a 10 de sus compañeros.

María Isabel Bedrán Penagos tiene 52 años. Fue detenida mientras le pedía a un elemento de la Policía Federal que dejara de golpear a su compañero de nombre Pedro Camacho, quien es intendente en la misma escuela que ella. El policía no la escuchó. Terminó subiendo a ambos a una de los carros de la PFP.

Era imposible que María Isabel se pudiera defender. Su peso con trabajo rebasa los 50 kilos y tiene problemas para caminar por una lesión en la pierna derecha. No puso resistencia. Así terminó en un penal de alta seguridad en Nayarit acusada de terrorismo.

María Cristina Consospo fue detenida mientras sufría un ataque de asma por el gas lacrimógeno que arrojaron los elementos de la PFP para dispersar la marcha de docentes. Su esposo trato de auxiliarla y él también terminó preso.

Ambos tienen tres hijos, uno de ellos con síndrome de down. Alejandra, su hija de 23 años, cuenta que desde que sus padres fueron detenidos su hermano no ha comido ni dormido. Ella dejó de ir a la escuela para cargo de la familia.

La historia de vida del resto de las maestras no es muy diferente tampoco la forma en cómo fueron arrestadas. No las detuvieron armadas o intentando agredir a alguien, ni siquiera huyendo. Las ocho iban a ejercer su derecho a la libre manifestación, pero las terminaron acusando de terrorismo. Las incomunicaron por 17 horas, que fueron las más largas porque siempre  tuvieron miedo de ser desaparecidas. Las trasladaron a un penal de alta seguridad por un delito que jamás cometieron. Les violaron sus derechos y se los continúan violentando  al impedirles poder protestar por todo lo que les hicieron. Ya habrá otras mujeres que se movilicen por ellas, que griten por su causa, que se  unan a su voz porque al final del día como en todos los movimientos las mujeres tienen una doble lucha.

A pesar que es en el magisterio una de las profesiones en donde más han participado las mujeres, en este gremio pasa lo mismo que en otros: existen pocos liderazgos de las mujeres.

La reforma educativa, que es más laboral y administrativa, afecta a miles de ellas tanto maestras como madres de familia y es que los cambios deja en manos de las madres y padres de familia el mantenimiento de las escuelas. Con esto continúa aumentando la jornada laboral de las mujeres, que son las que regularmente se encargan de estas tareas. Les hace más difícil su situación económica. Les delega una obligación que es del Estado.

Tanto las maestras como las madres de familia están dispuestas a participar en este movimiento magisterial, es su lucha y les quieren quitar ese derecho.

Cuando el Estado utiliza todos sus recursos para desprestigiar un movimiento e inclusive satanizar un sector, en un país con tantas experiencias de abusos y tan poco acostumbrado al ejercicio de sus derechos, no es raro que la propia ciudadanía justifique la violencia y la represión.

Pero la detención de estas ocho mujeres y sus 10 compañeros por el delito de terrorismo va más allá de estar o no de acuerdo con el movimiento magisterial o sus formas de lucha, tiene que ver con el ejercicio de los derechos. En un Estado en donde existe la justicia y la democracia cada quien debe de recibir lo que merece, nadie debe de pagar más de lo que debe y las acusaciones en contra de estas mujeres es por mucho un exceso. Es la clara muestra que la Ley se aplica de manera discrecional.

Lo que les hicieron fue un acto mezquino en contra de las personas, que creyeron menos se podía defender, se equivocaron. Estoy admirada de la fortaleza de ellas y sus familias, luchan con la convicción que sólo lo hacen quienes saben que tienen la razón. Lo que nos están enseñando es mucho.

Cuando regresen a Chiapas lo harán con la dignidad y la entereza de saber que nada malo cometieron, seguras de que quienes tienen que sentir vergüenza son quienes  sean responsables que ellas hayan tenido que pasar por todo eso.