La rebelión encuentra causa justa

Manifestación de protesta por detenciones de maestrios. Foto: Cortesía

Cuando los gobiernos son tiranos, que cierran los cauces de negociación, y son insensibles a los derechos humanos, la resistencia civil encuentra su inobjetable justificación y se instituye en causa justa. Tal es la situación del movimiento magisterial frente al gobierno.

En los últimos años el gobierno mexicano ha dado muestras suficientes de su indiferencia y atropello a los derechos humanos: la impunidad frente a la desaparición forzada de estudiantes en Ayotzinapa, la negación de la generalizada práctica de la tortura,  los recurrentes asesinatos de periodistas, y los también frecuentes feminicidios, son solo la muestra de que el gobierno mexicano ha dado la espalda a la observancia de los derechos humanos, es más, que tampoco le importa lo que la comunidad internacional vea o piense al respecto. Ello también explica la desproporcionada respuesta a la movilización magisterial de pasado viernes.

Desde que se promulgó la supuesta reforma educativa, el movimiento magisterial manifestó inconformidad y alegó afectación de sus derechos laborales, los pronunciamientos políticos de la dirigencia magisterial dejaron en claro su posición al respecto; la respuesta fue el avance de  la referida reforma. La inconformidad llegó a las calles mediante marchas, a las plazas mediante plantones, a las tomas de instalaciones de gobierno, y a la toma de carreteras, pero tampoco hubo respuesta.

Si nos remontamos al pasado recordaremos que el magisterio, y otras organizaciones sociales, solían utilizar como forma de lucha y reivindicación de sus demandas largas y multitudinarias marchas que concluían en la plaza central de la capital del estado. Después, fueron históricos los plantones indefinidos en la misma plaza central, algunos llegaron a durar meses. Paulatinamente, estas formas de lucha dejaron de ser útiles para conseguir los efectos esperados, es decir, la atención de las demandas.

Más recientemente, el movimiento social campesino e indígena ha probado con las huelgas de hambre y la crucifixión frente a la sede de los poderes en el Estado. Ni una ni otra han logrado abrir las puertas de la negociación entre las partes. Experiencias más recientes, han mostrado cómo los indígenas en su desesperación, han llevado la lucha al extremo de la inmolación. Pero aun así, el Poder no cede o no es capaz de generar causes políticos para atender las inconformidades sociales.

Ante la pérdida de eficacia de las formas históricas de lucha, el bloqueo de carreteras se ha revelado como uno más efectivo, en virtud de que toca puntos sensibles de la administración estatal. Afecta la economía de la entidad, impidiendo el flujo de capital y mercancías, lo que molesta a la clase empresarial que a su vez también reclama al gobierno. La gente común solo nos vemos afectados en nuestros asuntos personales, que normalmente, si nos enteramos con anticipación de los bloqueos nos preparamos y la afectación es menor o no se presenta, no perdemos mayor cosa. La clase empresarial sí.

El pasado día viernes era previsible que se diera la represión. Un día antes llegaron alrededor de 5 mil policías federales que se unieron a las policías estatales, para que al siguiente día se apostaran al menos dos horas antes, en los lugares en que habría de llevarse a cabo la anunciada manifestación del magisterio. Cuando las maestras y maestros llegaron, las carreteras ya estaban bloqueadas por miles de policías, al frente vehículos antimotines, diseñados para repeler manifestantes con agua o gases lacrimógenos, sobrevolando helicópteros antimotines.

En algún momento, cuentan las maestras que participaron en San Cristóbal de Las Casas, se vio en el cielo una luz de bengala, que, como en la represión de Tlatelolco, en octubre de 1968, representó la señal del inicio de la represión. Los policías comenzaron a lanzar gases desde tierra y desde el aire, a perseguir y golpear manifestantes, los maestros comenzaron a retroceder y retroceder hasta llegar a la Presidencia Municipal.

No resulta extraño afirmar que entre los manifestantes se incorporaron infiltrados para realizar desmanes que resten legitimidad al movimiento magisterial, sabemos que el gobierno suele usar esta táctica. Los videos no muestran a manifestantes dañando a la presidencia municipal, vehículos o negocios, lo que sí se ve es cuando terceras personas saquean una tienda. Con relación a los daños a la presidencia, resulta también extraño que en su interior o en los alrededores se encontraran cartuchos de gases lacrimógenos, pues eso indica que las policías o los infiltrados lanzaron gases sobre el edificio afectando a empleados municipales. La dinámica de la represión no sugiere que los manifestantes estuvieran en condiciones de tomar represalias contra edificios o vehículos, más bien parecen escapar o resguardarse de los gases y balas de goma.

La represión llevada a cabo por las policías fue indiscriminada, los vecinos, empleados y transeúntes resultaron también perseguidos, golpeados, afectados por los gases; injustificada, porque si pretendía evitar el bloqueo de la carretera, de cualquier modo no hubo paso; fue también desproporcional en número y equipo de represión utilizado. Las imágenes hablan por sí solas, y en ellas no se aprecian maestros o maestras reprimiendo a policías. Además, capturar manifestantes, trasladarlos a lugares remotos para alejarlos de sus familias y entorno, y acusarlos de terrorismo devela a un Estado fuera de sí y en franco desprecio por los derechos humanos. En estas circunstancias, como antes afirmara Santo Tomás (El Gobierno de los Príncipes), la rebelión contra la tiranía encuentra causa justa.