Velasco y la transparencia, la gran estafa
Manuel Velasco y Enrique Peña Nieto en diciembre de 2014. Foto: http://www.elconstituyente.mx/
En febrero se instaló en Chiapas la Comisión Permanente de los Órganos de Control Estado-Municipios, una instancia que sus mismos promotores han dado por llamarle “Comisión contra la corrupción” en el servicio público y que busca “fomentar una cultura de la legalidad”, además de “garantizar un mayor orden en las finanzas y optimizar la implementación de recursos con carácter público”.
Como siempre, el discurso suena bien, pero los hechos demuestran todo lo contrario. Lo cual quiere decir que estamos ante un nuevo acto de prestidigitación gubernamental o, dicho de manera más directa, ante una nueva faceta de simulación, algo que los funcionarios saben hacer muy bien cuando de rendición de cuentas y transparencia se trata.
Si el que acompañó al gobernador Manuel Velasco como testigo de honor fue el secretario de la Función Pública federal, empezamos mal porque representa un factor nocivo que fortalece la falta de credibilidad. Virgilio Andrade es nada menos que el funcionario que exoneró a Enrique Peña Nieto de haber incurrido en conflicto de interés y corrupción en el caso de la “Casa Blanca”, que él y su esposa adquirieron con empresas contratistas (Grupo Higa) que trabajan para el gobierno. Fue nombrado secretario por el presidente en febrero de 2015 y, seis meses después, Peña estaba más limpio que un billete de mil pesos recién emitido por el Banco de México. Excelente trabajo del empleado que fue contratado para investigar a su patrón.
¿Y qué decir de Manuel Velasco? Un día antes de que se presentara como adalid de la lucha por la transparencia y contra la corrupción, su gobierno fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como uno de los que más irregularidades cometieron en el gasto de los recursos federales del 2014. De acuerdo con los resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de ese año, a la administración velasquista le fueron observados más de 4 mil millones de pesos en los rubros de salud, educación e infraestructura, principalmente. Y no son sólo observaciones para actualizar la normatividad o peticiones de comprobación de gastos, sino que hay claras presunciones de delitos de desvío de recursos y de dinero no ejercido que no fue reintegrado a la federación, por los que ya se hicieron 253 denuncias penales, cifra que coloca a Chiapas en el cuarto lugar nacional en ese rubro.
Desde el momento en que la ASF difundió los resultados, el gobierno de Chiapas quiso evadir su responsabilidad y trasladarla a los Ayuntamientos, que también reciben dinero federal. En el evento de instalación de la Comisión Permanente de los Órganos de Control Estado-Municipios, Velasco hasta advirtió a los alcaldes presentes de que podrían ir a la cárcel si no actuaban con honestidad y transparencia.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado, Miguel Agustín López Camacho, también fijó su postura en esa misma línea. Dijo que con la nueva Comisión ya no hay excusas, ya que los alcaldes tendrán ya la obligación de hacer valer la transparencia como una máxima dentro del Ayuntamiento, y que “nadie estará por encima de la ley, ni nadie podrá enriquecerse del dinero de los chiapanecos”.
Sin embargo, por más que el gobierno estatal quiera lucir impecable a fuerza de difundir que es vanguardia nacional en transparencia, lo cierto es que las manchas de la corrupción empiezan a hacerse bastante visibles.
Vayan unas muestras para ilustrar la preocupante situación:
Respecto al rubro de Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, la ASF pide al gobierno de Chiapas aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 727 millones 324mil 259 pesos, por pagos de sueldos efectuados sin haber formalizado debidamente la prestación de servicios con el personal eventual a través de los contratos correspondientes de 3,529 personas, lo que limitó justificar el sueldo pagado, así como las funciones desempeñadas”.
Asimismo, en otro punto le pide aclarar y justificar un monto de 579 millones 674 mil pesos, “integrados por recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2014 transferidos hacia otros fondos y programas distintos a los objetivos del fondo…”.
En uno de los rubros educativos, la ASF concluye que “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 257,890,561.24 pesos (doscientos cincuenta y siete millones ochocientos noventa mil quinientos sesenta y un pesos 24/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no reintegrar los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2014, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo”.
Le solicita también al gobierno estatal “aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 513,664,805.95 pesos (quinientos trece millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cinco pesos 95/100 M.N.), por concepto de recursos no ejercidos del FONREGIÓN, FONMETRO, CONADE y Programas Regionales…”.
¿Por qué un gobierno no comprueba 700 millones de pesos que supuestamente gastó en trabajadores eventuales a los que no se les dio un contrato laboral y por lo tanto no hay forma de saber qué criterios se usaron para asignar los montos de los sueldos? ¿Por qué no justifica en tiempo y forma 579 millones y por qué no se usaron para los fines estipulados? ¿Por qué no se comprobó el destino de más de 500 millones de pesos no ejercidos? Por la dimensión de los montos y por las evidencias mostradas en la auditoría, seguramente no fue por error, negligencia o deficiencia administrativa. Es claro que hay una acción premeditada para infringir la normatividad y facilitar la discrecionalidad en el uso del dinero federal, hay una evidente intención de desviar recursos públicos hacia fines distintos y quizá muy alejados de los objetivos por los cuales fueron erogados, y hay claros indicios de “jineteo” de grandes cantidades de dinero público. Bueno, hay evidencias fehacientes de la administración está diseñada para facilitar las corruptelas a baja y gran escala cuando la Auditoría Superior de la Federación le pide al gobierno del estado de Chiapas requerimientos elementales, básicos para una administración sana, como que“implemente mecanismos de control y seguimiento a fin de que se establezca un sistema de inventarios en el cual se registren las entradas y salidas de almacén de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores, obtenidos del Fondo para la atención de emergencias FONDEN”.
Las huellas, los rastros de la corrupción en la administración de Manuel Velasco están en la auditoría federal de 2014, y también las explicaciones de dónde podrían provenir los gastos excesivos en publicidad gubernamental, los recursos para campañas políticas y compra de votos, el dinero para sostener el clientelismo electoral a través de despensas y otros apoyos; ahí está la clave de por qué no se les paga a los proveedores del gobierno; y ahí está la razón de por qué los recursos federales para programas sociales y productivos no llegan a tiempo o simplemente no llegan, de por qué hay escasez de medicamentos, de por qué el campo sigue atrasado, de por qué no se les paga a los maestros interinos, de cómo se sostiene la perversa relación entre el gobierno y el magisterio, de por qué la calidad de la educación no avanza, de por qué las obras inconclusas o mal hechas. En suma, ahí está gran parte de la explicación de por qué seguimos siendo el estado más rezagado del país y de por qué vivimos en recurrentes ciclos de conflictos e ingobernabilidad.
Hace unos días, el gobierno estatal emitió un comunicado donde asegura que ya solventó las observaciones de los primeros mil 500 millones de pesos, es decir, el 36 por ciento del total requerido; se deslinda de antemano de cualquier delito al negar que los recursos federales se hayan desviado y sostienen que en este mismo mes quedará aclarado el restante 64 por ciento.
Sin embargo, pese al optimismo del secretario de la Función Pública, Miguel Agustín López Camacho, falta saber si la Auditoría Superior de la Federación validará las aclaraciones hechas por el gobierno de Velasco, sobre todo en aquellos puntos donde hay claros indicios de desvío de recursos. Y falta saber la explicación de por qué no se justificaron en tiempo y forma altísimas cantidades de dinero, por qué no se ejercieron millonarios recursos tan necesarios para el estado, y falta saber de dónde se reintegrará ese faltante. ¿Se tomará de los recursos federales que recibirá Chiapas este año? ¿Se tapará un hoyo aquí y abrirá otro allá hasta el final del sexenio, para que a la hora de los arreglos políticos de cara a la sucesión presidencial también se negocie la impunidad?
Bajo estas circunstancias, lo de la Comisión Permanente de los Órganos de Control Estado-Municipios no es más que una faceta más de la simulación y un mecanismo férreo de control político del gobernador sobre los alcaldes de Chiapas.
Frente a los resultados de la auditoría, a Manuel Velasco se le agotó el discurso demagógico de la transparencia; poco a poco va develándose la gran estafa de su gobierno.
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