El cacique de Jovel

Marco Cancino. Foto obtenida de Facebook

A veces uno no entiende por qué una persona se afana tanto en conseguir una posición política, y cuando la consigue hace todo para perderla. Cuando esto último sucede, sí se entiende que todo era un engaño, que nunca hubo voluntad de servicio a la ciudadanía, sino de satisfacción de egos soberbios y de enriquecimiento personal a costa del servicio público.

Pareciera que estuviera hablando del ex alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, aquél que hace un poco más de un año, encabezó a un grupo de policías para penetrar a un restaurante y detener arbitrariamente a dos empresarios. No, se trata del actual alcalde de San Cristóbal de Las Casas, quien desde el inicio de su administración se ha distinguido por el autoritarismo en el ejercicio de gobierno, por la prepotencia, el abuso del poder y el retroceso democrático como política.

Entiendo que habrá quienes duden de lo que digo, y buscarán encontrar razones para desacreditar esta opinión.  Lo cierto es que son hechos públicos los que cuestionan, desacreditan, y ubican como un cacique de pueblo al alcalde de San Cristóbal.

Comenzó asumiendo el cargo un día antes de lo previsto en la Constitución Política del Estado de Chiapas, y unos días después nuevamente atentaría contra el orden jurídico, y esta vez contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al crear un Instituto de la Fe, diseñado para fortalecer las creencias y denominaciones religiosas no católicas. Siendo el alcalde creyente no católico, además de crear la dependencia, nombró como responsable de la misma a un pastor evangélico. Sus más cercanos colaboradores también se distinguen por ser reconocidos creyentes de la denominación evangélica Ministerio Internacional La Gran Roca, cuyo pastor es hermano del alcalde.

Aunque la pertenencia a una denominación religiosa podría sugerir que el alcalde y sus colaboradores se conducirían honestamente, la verdad es todo lo contrario. Evidencias suficientes se han hecho públicas de la corrupción y la extorsión que llevan a cabo en nombre del alcalde. También es un hecho público, que comparten sus más cercanas amistades, que en la conducta del alcalde se encuentra primero el negocio para beneficio personal antes que el servicio público.

El actuar caciquil también se ha reflejado en la suspensión de las sesiones públicas de cabildo desde hace cuatro meses. Desde noviembre del año pasado, las sesiones de cabildo se llevan a cabo en privado, y de preferencia en forma extraordinaria. No es casualidad que así sea. En sesiones extraordinarias y privadas  el alcalde impone, grita, se enfurece, calla o pretende callar a quien se opone a sus caprichos. De esta manera y en esas sesiones, las regidoras y regidores del Partido Verde, al cual pertenece el alcalde, junto a las representaciones del PRI, PRD, Mover a Chiapas, han aprobado, sin mediar discusión, reglamentos y propuestas que afectan a la ciudadanía.

La suspensión de las sesiones públicas, primero, y luego su limitación a “al menos dos sesiones al mes” constituye, un franco retroceso democrático, que solo encuentra explicación en la conducta caciquil que describimos. Los asuntos públicos se deben discutir abiertamente y bajo el escrutinio de la ciudadanía, pero en San Cristóbal se discuten a puertas cerradas y en privado.

Recientemente, el cacique perdió los estribos y envió a un grupo de choque comandado por su Secretario Técnico, para agredir a un grupo de personas  que realizaba una asamblea ciudadana en oposición a las sesiones privadas de cabildo. Varias personas fueron lesionadas por miembros de la ALMETRACH, cuyo líder aparece en fotografías junto al alcalde ostentando complicidad.

Una de las últimas ocurrencias del alcalde es que toda reunión en espacios públicos deba contar con permiso previo de una instancia municipal. Por absurdo que parezca en nuestro contexto social, la propuesta fue aprobada por el cabildo con dos oposiciones. La modificación a la Ley de Ingresos municipal establece:

Tercero: Toda persona o asociación pública o privada que requiera el uso de espacios de dominio público, como los establecidos en el artículo 91 de la Ley Orgánica municipal y sin fines de lucro, como parques, plazas, vialidades, andadores, espacios de uso público o los destinados a un servicio público o los equiparados a estos, deberá de contar con el permiso expreso y por escrito de la dirección de servicios públicos municipales.

Con la propuesta el alcalde pensaba en las reuniones ciudadanas que se oponen a sus políticas; sin embargo, el alcance de la misma, impone ahora que todas las procesiones religiosas, funerales, desfiles, carreras, mítines, marchas, informes, y un largo etcétera, tendrán que contar con la autorización del cacique de Jovel.