Reforma constitucional, ¿una nueva farsa?
La ilegitimidad de la reforma constitucional que se propone para Chiapas viene de origen. Foto: Congreso
Cuando la propuesta de una gran reforma constitucional emerge como una respuesta a las renovadoras pulsiones sociales, políticas o económicas de una sociedad plural, el suceso debe verse con optimismo pues entraña la oportunidad histórica de plasmar en la Carta Magna las profundas transformaciones que se han gestado y a partir de ahí delinear el futuro de un país más justo.
Sin embargo, cuando la intención de modificar la Constitución se da en un contexto de frágil gobernabilidad y está impulsada por la élite gobernante y una clase política desprestigiada, hay que mirar el asunto con muchas reservas, con recelo, porque los resultados de esos cambios pueden ser contraproducentes para los esfuerzos de construcción democrática.
En Chiapas en noviembre pasado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Eduardo Ramírez Aguilar,anunció para 2016 “una gran reforma” a la Constitución del estado, “un marco jurídico que regirá la vida de los chiapanecos y de los tres poderes, reformas de avanzada cuyos fundamentos subsistirán durante al menos 30 años”.
Después de crearse en el Congreso una Coordinación para la Reforma a la Constitución Política de Chiapas,el pasado 5 de febrero, el día de la conmemoración de la Constitución mexicana de 1917, inició en la ciudad de Tapachula el primero de los foros de consulta cuyos temas principales son: Gobernanza y desarrollo municipal; Sistema electoral y ciudadanía; Educación y Derechos humanos; Derechos y autonomía de los pueblo indígenas; Gobierno abierto; Seguridad pública y justicia; Presupuesto, control del gasto público y rendición de cuentas; Desarrollo territorial y urbano; Desarrollo rural, protección al medio ambiente y recursos naturales; Desarrollo económico y combate a la pobreza.
Sin embargo, la ilegitimidad de la reforma constitucional que se propone para Chiapas viene de origen. Si se le concede cierta capacidad de decisión e iniciativa, quien impulsa la idea es el Congreso, una Legislatura cuyos integrantes en su mayoría son producto de la antidemocracia partidista y de una elección de Estado orquestada desde el gobierno para hacer ganar a sus candidatos, haciendo uso partidista de los recursos públicos y programas sociales, además de promover prácticas de coacción y compra de votos. El mismo Ramírez Aguilar, exsecretario de Gobierno y dirigente estatal del PVEM, obtuvo la curul luego de que algunos consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana maniobraran para imponer una cuestionable interpretación de la ley en la asignación de las diputaciones plurinominales y sobrerrepresentaran al partido en el poder.
La “madre de todas las reformas” nació prácticamente “de la nada”. Ningún diputado en su campaña habló siquiera por accidente sobre el tema; en otros sectores de la sociedad tampoco se escuchó una demanda concreta al respecto; en el Congreso local no llegó el asunto al pleno parlamentario, mucho menos hubo debate para justificar la necesidad de hacer los cambios en la Carta Magna local. La explicación de cómo “apareció” el tema que dominará la agenda legislativa este año, es muy sencilla. Llegó de Palacio de Gobierno y con carácter de urgente.
Bajo estas condiciones y cuando esté lista la iniciativa de ley, ¿tendrán los diputados una verdadera vocación reformista? ¿Defenderán los intereses de los votantes o de quien los designó candidatos y los hizo ganar? ¿Podrán los legisladores decidir con libertad qué votar y qué no?
Se ha establecido también que para incentivar la participación ciudadana y recoger sus propuestas, habrá varios foros regionales de consulta que abarquen los 122 municipios del estado. En el discurso, la intención es loable porque le da un rasgo de ejercicio democrático, pero en los hechos la experiencia demuestra que los foros son uno de los escenarios de la simulación y el instrumento para darle cierta legitimidad a un proceso cupular y poco transparente en sus resultados. ¿Recuerdan los Foros de Consulta para la elaboración del Plan de Gobierno “Chiapas Sustentable” organizados por la Universidad Autónoma de Chiapasy el equipo del gobernador electo Manuel Velasco en octubre del 2012? Tres meses después –vacaciones decembrinas de por medio— estuvo concluido el plan, pero muy pocos participaron en las reuniones y poco o casi nada se conoció de las propuestas que ahí se recogieron.
En este sentido, ¿qué legitimidad podrán tener los resultados de los foros donde los participantes son los mismos de siempre: académicos de universidades, organizaciones civiles, campesinas, ganaderas, de profesionistas, transportistas, cooptadas en su mayoría por el gobierno? ¿Qué valor tendrán las propuestas en las que estará excluida la opinión de sectores independientes y opositores, ya sea por reticencia a foros manipulados o porque sus posturas no serán tomadas en cuenta? ¿Acaso se plasmarán las demandas de los pueblos zapatistas o del movimiento magisterial de la CNTE?
¿Qué tipo de reforma constitucional puede resultar en un estado donde no participará sustancialmente más de la mitad de la población que vive en la pobreza o en la pobreza extrema, dependiente de los programas asistencialistas del gobierno, desorganizada y no representada en las instancias donde se toman las decisiones?
¿Qué calidad de nueva Constitución tendremos si lo que medianamente interesante se genere en los foros no trascenderá hacia el resto de la sociedad, porque los medios de comunicación en vez de generar un debate plural se limitarán a reproducir las versiones oficiales contenidas en los boletines?
En realidad, la gran reforma constitucional –en su esencia— ya está siendo cocinada en Palacio de Gobierno con la asesoría de constitucionalistas recomendados por el gobierno federal. Los foros de consulta son sólo ese revestimiento de legitimidad que necesariamente tienen que llevar esos excluyentes cambios constitucionales de gran envergadura; son el disfraz democrático de una decisión tomada verticalmente en beneficio de una élite depredadora e ineficaz en el gobierno.
Lo que se plasmará en la Constitución chiapaneca es la huella legal de las reformas estructurales (laboral, financiera, educativa y energética) emprendidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cambios que carecieron de legitimidad en el país, pues en vez de un amplio consenso recibieron el repudio ciudadano manifestado a través de grandes movilizaciones en las calles y en las redes sociales.
En este contexto, el patrimonio más valioso de los chiapanecos, sus recursos naturales (agua, petróleo, bosques, riqueza biológica), quedarán a merced del gran capital –nacional y extranjero— para seguir siendo depredados a costa del deterioro ambiental y del desplazamiento de comunidades.
En el ámbito social, las reformas seguramente darán rango constitucional a los programas asistencialistas que sustituyeron a la auténtica política social del estado y que son la más acabada expresión del fracaso en el combate a la pobreza; mientras que en lo político se armará el andamiaje que facilite a la clase gobernante su permanencia en el poder, obstaculizando el desarrollo de las expresiones auténticamente democráticas.
Es probable que haya leyes consideradas “de avanzada” en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero que quedarán en el papel porque los primeros en violarlas son los propios gobernantes que, a la par de hacer normas “más severas”, también modernizan los intrincados mecanismos que permiten la corrupción y la impunidad.
La gran reforma constitucional que se oferta como la gran solución a los problemas de Chiapas en las próximas tres décadas, podría derivar en una nueva farsa que siga conculcando el ansiado desarrollo que estreche las desigualdades económicas y sociales del estado. Hay que estar alertas para denunciar los embates y las pretensiones ilegítimas de la clase política.
Y COMO SIEMPRE AQUI Y EN MÉXICO NO PASA NADA. POR FAVOR ENTIENDAN CHIAPANECOS, SOMOS NOSOTROS DE DECIRLE AL GOBIERNO QUE YA BASTA. ESTA REFORMA TRAERA COMO SIEMPRE MAS DEPREDACIÓN PARA NUESTRO ESTADO QUE DEMONIOS LE VAMOS A DEJAR A NUESTROS HIJOS.
Ni idea tiene a donde quieren llegar, lo viven a diario, aun lo dudan, que ingenuos.
El pueblo manda, y es el que sufre la consecuencias.