Impunidad y corrupción, todo se descompone en Chiapas

«La rendición de cuentas y la transparencia da certeza», lo que quedaron a deber consejeros del IEPC.

Aunque aparentaron lo contrario; las pasadas elecciones intermedias en Chiapas se caracterizaron por el desaseo generalizado; nuestras autoridades electorales -que se dicen ciudadanas- tuvieron una actuación por demás vergonzosa, subordinada y patética.

De la opacidad de los consejeros electorales chiapanecos ya nos habíamos ocupados en este texto del 10 de julio del año pasado que invito a los lectores a releer: https://goo.gl/dho7XN

Desde entonces ya se conocía la falta de compromiso democrático de los consejeros ciudadanos chiapanecos.

Un poco más adelante se notó que no respetaron la paridad de género y con ello conocimos de manera exponencial en Chiapas el fenómeno de las “juanitas” y los “juanitos” que aparecieron de último momento.

También en la elección de la siempre cuestionada curul del diputado migrante, los consejeros electorales chiapanecos dejaron pasar el fraude y el evidente conflicto de intereses, incluso se documentó la falsificación de identidades.

La falta de cumplimiento al mandato constitucional de género y el fraude en la elección del diputado migrante, fue permitido, avalado y consentido por las autoridades locales electorales sin el menor recato, cuando se suponía que dichos consejeros mantendrían la independencia de criterio porque fueron elegidos en un proceso -hasta ahora inédito- de ejercicio democrático y recibían la etiqueta de ciudadanos e independientes.

Ahora sabemos -con verdadera certeza por su actuación- que los consejeros electorales chiapanecos nunca fueron ni ciudadanos ni independientes.

Todos los consejeros respondieron a los intereses del gobierno en turno.

Sin embargo, había la esperanza de que el desastre electoral en Chiapas y las espectaculares pifias de los –sumisos- consejeros electorales fueran corregidas con la salida del cargo de todos ellos. Y es que la autoridad electoral federal era la única institución con la atribución legal para castigar con el cese a los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

Y fallaron.

Los consejeros electorales federales le fallaron a la democracia que dicen representar y le faltaron también a los votantes chiapanecos y de todo México que creen en las elecciones como un medio para lograr la democracia efectiva.

Al paso que vamos y ante las decepciones electorales, votar no será un derecho y una obligación ciudadana, se convertirá en solo una obligación.

Si las autoridades electorales locales le fallaron a los chiapanecos, las autoridades electorales federales no solo nos fallaron, también nos decepcionaron.

Pifiaron y decepcionaron porque la justica no es selectiva. Su aplicación debe de ser total.

No puede entenderse que el pleno del Instituto Nacional Electoral demuestre los fraudes en los dos casos mencionados en Chiapas y no hayan sido cesados todos los consejeros.

En el momento mismo en que se reconoce su aval para el desaseo electoral, la decisión debió de ser el cese total.

Se debieron ir todos.

Y como no se fueron todos, se socava la democracia nacional y también la chiapaneca, porque se hace sentar -otra vez- un precedente que sigue cultivando en este país la impunidad y la corrupción.

Y la impunidad y la corrupción todo lo descomponen.

Si las grandes decisiones que nos afectan a todos no las toma el gobierno junto con sus gobernados, estos últimos se rebelan y comienzan los problemas de gobernabilidad y de falta de confianza en las instituciones.

Eso es precisamente lo que pasa en Chiapas y también en todo México, los gobernantes se alejan de sus gobernados y los que sirven a los gobernantes se quedan sin dignidad porque se ponen de espaldas a la ciudadanía.

Los problemas de Chiapas son del orden democrático y los consejeros electorales vulneraron la confianza ciudadana. Son también políticos y sociales por la falta de credibilidad ciudadana en los alcaldes, en los funcionarios de primer y segundo nivel y en los representantes populares que ni reconocen su impopularidad y esperan eternizarse en el poder porque confunden popularidad con la zalamería de su círculo cercano y controlan con familiares las secretarías de estado.

Los problemas son también económicos porque en esa ceguera no ven que somos el estado más pobre del país y no se ve para cuando salir de ella.

Todo ello se expresa en problemas sociales como marchas, bloqueos carreteros, plantones de la burocracia que hablan de unas finanzas públicas en ruinas y más recientemente a toda esta crisis social se sumaron los empresarios y prestadores de servicios que exigen a las autoridades estatales el pago de sus servicios.

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La falta de compromiso con la democracia de los consejeros locales y nacionales, también el accionar de las dependencias de gobierno no es el correcto.

Otra vez, -como en el caso de los consejeros electorales- quizá solo se describa la corrupción y se documente la impunidad.

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho público el resultado de su última auditoría.

Una revisión a vuelo de pájaro de los resultados para Chiapas arroja los siguientes datos:

Desde el año 2009 el estado acumula 11 denuncias penales

¿Sobre quienes o quien han recaído?

¿Cuál ha sido el resultado de dichas auditorías?

Chiapas tiene el monto más alto de todo México en cuanto a la adjudicación directa de obra con 3.5 millones de pesos de techo financiero, mientras Aguascalientes tiene el monto menor con 115 pesos y el promedio nacional es de 951 mil pesos.

¿Por qué tenemos la cuota más elevada del país?

¿A cuántos amigos se beneficia adjudicándoles obra directamente con el monto más alto del país?

Aparte, en el rubro de “Observaciones por solventar” de los años 2011 al 2013 la cifra es de 5 mil 306 millones de pesos.

Pero el monto observado en solo el 2014 es de 4 mil 319 millones de pesos.

Incluso en las denominadas “simulaciones de reintegro” para evitar sanciones, con 253.1 millones de pesos; solo somos superados por Veracruz, Michoacán y Guerrero.

Lo cual quiere decir lisa y llanamente que vamos de mal en peor.

Porque además según el documento de la Auditoría Superior de la Federación denominado, “Informe General Cuenta Pública 2014” que contiene estas cifras, disponible en el link http://goo.gl/AxHy8M en materia de armonización contable, es decir la alineación del marco jurídico estatal con la ley general de contabilidad gubernamental, Chiapas es de los estados de la República con menos avance.

En Chiapas ni funcionan correctamente las instituciones del ejecutivo, ni funcionan tampoco aquellas que se construyeron para defender el derecho ciudadano al voto.

Los funcionarios abusan del poder político y gozan de una impunidad que fomenta más impunidad y corrupción.

Si gozar del poder significa ser sumisos, simple y sencillamente lo son.

Las instituciones están para proteger a los ciudadanos y no para actuar en contra de la voluntad popular.

Los consejeros electorales no pudieron, no quisieron o simplemente cerraron los ojos ante el desaseo electoral que vivimos en las elecciones pasadas.

El no cesarlos es un mal precedente para la democracia estatal y ello tendrá un costo en las aspiraciones de los actuales dirigentes políticos estatales para el 2018.

Todo se descompone en Chiapas, todo lo han descompuesto quienes nos dirigen y todavía no se bajan de su nube.

Por lo visto no los bajarán las autoridades federales.

Quienes deberían fiscalizarlos  se encuentran ocupados combatiendo la corrupción comiendo caviar, salmón ahumado y calamares y bebiendo champagne mientras el país se descompone. Como reportan los despachos noticiosos internacionales que hacen los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública federal.

¿Cuándo aprenderán?

Casi al cien por ciento la respuesta es nunca, por eso no trascenderán otro sexenio. Ni la clase política federal actual y mucho menos la estatal.