El aguaje: responsabilidad del estado. Impunidad del ejército

Habitantes de El Aguaje, de San Cristóbal de las Casas, en espera de la disculpa pública. Foto: Frayba

El día 17 de septiembre del año 2000, por la mañana, Ricardo López Hernández, de once años de edad, salió en compañía de su primo Ángel Díaz Cruz, de nueve años, a recolectar hongos comestibles. Aprovechando que la cerca de alambre que delimitaba la propiedad militar se encontraba rota, los niños se introdujeron en la Zona Militar No. 31, ubicada en Rancho Nuevo, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  Encontraron un objeto extraño de color verde que creyeron era un juguete. En el camino de regreso a su comunidad, El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, se encontraron con José Leonardo López Hernández, hermano de Ricardo López Hernández, quien accidentalmente dejó caer lo que resultó ser una granada de fusil, misma que explotó al hacer contacto con el suelo, causando lesiones en las piernas y en el abdomen a los tres. Ángel Días Cruz falleció al siguiente día, y los otros dos niños resultaron con lesiones graves.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas conoció inicialmente de los hechos, consultó con la Procuraduría General de la República si era competente para conocer de los mismos, dado que se involucraba al Ejercito Nacional Mexicano, y ésta determino que correspondía al fuero militar la competencia. A la fecha, esta instancia no ha concluido la investigación y por tanto no se ha castigado a nadie como responsable.

Al llegar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que la petición fue admitida se puso a la disposición de las partes en función de un arreglo amistoso. El Estado mexicano aceptó la responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual ratificó, y por tanto se encuentra obligado con ella, desde el 21 de marzo de 1981.

Constituye un principio del Derecho Internacional que la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, derivado de violar una norma internacional, conlleva la responsabilidad internacional del Estado, y ésta, a su vez, la obligación de reparar los daños causados con la acción. De ahí que, en los hechos relacionados con los niños de El Aguaje, si el Estado aceptó responsabilidad, tuviera que reparar los daños. Parte de la reparación es el reconocimiento público de responsabilidad.

El día jueves 28 de enero del presente año se llevó a cabo la ceremonia en que un representante del Estado mexicano, el Subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, admite la responsabilidad del Estado y pide disculpas a las víctimas y sus familiares.

Sin embargo, el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional evidenció la ausencia física de quien comprometiera la responsabilidad del Estado: el Ejército Nacional Mexicano. Como en otros casos en que el Ejercito ha sido autor de violaciones a los derechos humanos, en este caso, tampoco asistió y tampoco se le mencionó por el representante del Estado como el perpetrador de las violaciones a los derechos humanos.

Resulta claro que la sanción no va a alcanzar a los soldados responsables de haber dejado la granada de fusil que causara la perdida de la vida y las lesiones a los niños. El discurso del Estado mexicano, hasta ahora, ha evitado señalar  la responsabilidad directa del Ejército en las violaciones a los derechos humanos, y eso explica su ausencia en una ceremonia de admisión de responsabilidad.

Entre las reparaciones por las violaciones a derechos humanos perpetradas también se consideran garantías de no repetición. Sin embargo, estas medidas no alcanzan al Ejército, y es quizá por esta razón, que continúa violando los derechos humanos. Hasta ahora las medidas de no repetición, como las capacitaciones en materia de derechos humanos solo han alcanzado a los funcionarios de la Procuración y administración de justicia estatal, y no es que ellos no la necesiten, sino que a los miembros de las fuerzas armadas les urge para disminuir las violaciones a derechos humanos en que incurren y evitar seguir comprometiendo la responsabilidad del Estado mexicano.