Cochecentrismo hasta el tope

En Tuxtla Gutiérrez, el gobierno de la improvisación. Foto: Archivo

En Marzo del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 el “Decenio de acción para la seguridad vial” como consecuencia del reconocimiento de los países hacia los problemas de seguridad vial. En todo el mundo, cada año resultan heridas entre 20 y 50 millones de personas a consecuencia de accidentes de tránsito no mortales con consecuencias no solo sociales sino económicas. La seguridad vial es un tema que tomar en cuenta y México no puede ser la excepción, ya que según cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el decenio pasado terminó con un índice de mortalidad en accidentes, 60% mayor que como empezó en 2001, donde 30% de esos eran peatones.

Además, la creciente demanda del uso del automóvil privado en las ciudades han reforzado la idea de la necesidad de vías rápidas en las ciudades como una solución a los problemas de movilidad y no como una consecuencia, en gran medida provocada por los modelos de desarrollo urbano orientados a la dispersión. Las ciudades entonces empiezan a presentar fuertes problemas como saturación en el tráfico, contaminación atmosférica por emisiones vehiculares y estrés para quienes cada vez invierten más tiempo en desplazamientos. Para minimizar los efectos del tráfico en las ciudades, los gobiernos locales deben implementar estrategias integrales que resulten de combinar diferentes medidas multifactoriales.

La semana pasada en Tuxtla, la sorpresiva aparición de reductores de velocidad sobre una sección del libramiento norte desató una violenta reacción expresada en redes sociales por parte de los automovilistas inconformes y una acción reactiva de las autoridades. Lo acontecido puede tener pocas lecturas desde el interés personal, pero muchas cuando hablamos de la rentabilidad colectiva.

La reacción de los automovilistas no fue de conformidad aun cuando estos al cumplir su función reducen además de velocidad, las posibilidades de accidentes. Cuando se mencionan además los beneficios de permitir a peatones cruzar a nivel de calle garantizando el derecho de accesibilidad universal, se les condenaba a usar puentes peatonales sin considerar lo complicado que se vuelve para una madre y su hijo subir y bajar escaleras y caminar una distancia más larga, o a un adulto mayor, o una persona discapacitada, para que una persona en automóvil pueda llegar 10 segundos antes al siguiente semáforo. Vivimos en una sociedad que se preocupa más en como movemos objetos, que como movemos personas de forma más eficiente.

La reacción de las autoridades no es menos preocupante. Primero porque según la versión oficial de que los vecinos colocaron los reductores, hace preguntarse bajo amparo de quién lograron hacerlo. Segundo porque la estrategia de comunicación social se vio ausente durante todo el suceso. Tercero porque si fueron retirados a solo 24 horas de ser colocados,  habla de no solo de una ausencia de autoridad sino de proyecto integral hacia la mejora en la movilidad urbana y seguridad vial.

El episodio que vivimos la semana pasada deja relucir lo peor de la sociedad porque muestra la forma de priorizar los beneficios personales que son inmediatos, sobre los colectivos que suelen estar más lejos; la del gobierno porque exhibe no solo la improvisación de las acciones en materia de movilidad urbana, sino la falta de técnica. Nuestra sociedad necesita ser más reflexiva al momento de demandar acciones hacia beneficios personales; nuestro gobierno no debe implementar acciones tan simples a problemas tan complejos, y nuestra ciudad no se puede seguir permitiendo carecer de una visión colectiva de ciudad funcional, justa y equitativa hacia la cual sociedad y gobierno, encaminen sus demandas y acciones. Mientras eso sucede, al parecer seguiremos centrando nuestra visión de ciudad desde adentro de un automóvil.