Chiapas, el reino de la impunidad

El gobernador Manuel Velasco Coello ha dicho a sus amigos y a sus colaboradores cercanos que en su gobierno no se perseguirá a exfuncionario o expresidente municipal alguno por posibles desfalcos cometidos.

“No quiero ser blanco de odios”, ha repetido varias veces, con lo que ha dado alas al saqueo de las arcas públicas y ha convertido a Chiapas en el reino de la impunidad.

En los tres años de su mandato ningún exfuncionario ha sido llamado a cuentas, y mucho menos ha sido encarcelado, por apropiarse del erario.

No importan las evidencias de sustracción indebida de recursos públicos. No importa nada ante un gobierno pasivo que anticipa el perdón a la fiscalización profesional.

Gobernador Manuel Velasco posando para la foto en evento con indígenas. Foto: Icoso

Un gobierno que actúa con benevolencia ante la corrupción no solo fomenta el expolio de los presupuestos públicos, sino que se convierte en cómplice de los saqueadores.

El mensaje enviado por el gobernador Manuel Velasco fomenta y consolida una escuela de la impunidad, que tiene a Chiapas como su playón principal, pero que está extendido por todo México.

Fernando Castellanos Cal y Mayor prometió en campaña enviar a juicio a Yassir Vázquez por su paso desastroso por la presidencia municipal de Tuxtla, pero inmediatamente fue llamado a Palacio de Gobierno para que cambiara su discurso.

Se ha impuesto en Chiapas un desaseo en el manejo de los recursos públicos que nos remite al pasado, a los años ochenta, cuando los gobernadores y funcionarios de primer nivel se apropiaban de los presupuestos estatales para gastos personales y sin entregar comprobante alguno.

Hoy también se desfalca abiertamente por ese mensaje equivocado del gobernador que ha tenido amplia resonancia y bienvenida entre sus colaboradores y los presidentes municipales.

Pablo Salazar Mendiguchía fue el último gobernador que, un poco por el prurito que tenía en contra de Roberto Albores y otro tanto por cumplir con su obligación, persiguió a presidentes municipales y exfuncionarios que habían saqueado el erario.

Con Juan Sabines entramos a la etapa del ajuste de cuentas políticas. A los aliados les perdonó los robos, pero a los enemigos les cobró hasta el último centavo sustraído. A cada exfuncionario pablista le armó un expediente por delitos diversos, entre ellos financieros, que se exhibía primero como amenaza y después como evidencia para el caído en desgracia.

Pero aquellas persecuciones, justas o injustas, han quedado en el olvido. Ahora se alimenta la escuela de la corrupción y de la impunidad, del compadrazgo perverso y del amiguismo cómplice.

El gobernador ha dicho que no quiere detener a ningún delincuente político para no convertirse en blanco de odios, como le sucedió a su compadre Juan Sabines Guerrero. Desgraciadamente, sus cálculos de evitar daños colaterales en el futuro, fomenta el expolio de las arcas públicas y fortalece la impunidad en todos los niveles.

El que no actúe en contra de ningún desfalcador del erario, y debe saberlo, tampoco le garantiza un futuro político apacible, porque a veces los enemigos verdaderos, surgen de entre aquellos a quienes más se apoyó, como le sucedió a Pablo Salazar que encontró en su hijo putativo a su verdadero verdugo.