Rescatar nuestras instituciones

Si puediéramos dividir en etapas la historia contemporánea de México y definir el papel de nuestras instituciones; es más que probable que lo hiciéramos en dos partes: durante “el Estado benefactor” y durante el “estado promotor del neoliberalismo”.

Uno fue notablemente autoritario en lo económico, lo político y lo social y el otro lo fue paulatinamente en el aspecto económico, reticente en lo político -por lo que hubo que arrancarle conseciones- y obviamente, ni México ni la forma como se hacía y entendía la política ha sido igual desde Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto.

En el paso del “Estado benefactor” al “promotor del neoliberalismo”, el PRI, la vieja incubadora de políticos que hacían política a la mexicana nunca colapsó, -a pesar de los malos momentos que pasó- porque conservó poderes regionales, estatales y fácticos.

En las dos etapas ha existido el sueño de todas las generaciones de mexicanos de lograr una democracia. Y también en las dos etapas tuvimos reformas que poco a poco les fueron quitando el poder a los políticos. Por ejemplo casi nadie discute que el último presidente que ejerció el poder a plenitud en México fue Díaz Ordaz y hace ya 45 años que dejó la silla presidencial.

Antes el sentido estricto de la visión de nuestras instituciones era de proveer al mexicano. CONASUPO, el SAM y BANRURAL en el campo, el IMSS para proteger a los trabajadores del sector privado, el ISSSTE para los trabajadores gubernamentales.

Pero en el modelo neoliberal, muchas cosas cambiaron e incluso varias instituciones desaparecieron, como por ejemplo aquellas que apoyaban al campo. En ese sentido, se podrá discutir si el neoliberalismo o el keynesianismo es el mejor modelo económico y cual protegía mejor a los ciudadanos, si uno incentivaba el paternalismo y otro alienta la productividad. Pero lo que no se puede negar es que el nuevo modelo económico abandonó de manera grosera al campo mexicano.

Básicamente fue con Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo que se consolidaron las actuales instituciones mexicanas, a Vicente Fox le toca lograr la Ley de Trasparencia, a Felipe Calderón otorgarle autonomía técnica al INEGI.

Por ejemplo con Salinas se crea la CNDH, se le otorga autonomía al Banco de México, se funda la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; Ernesto Zedillo crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy IFETEL, le otorga autonomía al Instituto Federal Electoral, globalizó al país y permitió la alternancia política.

Si nos detenemos un poco, las nuevas instituciones mexicanas creadas desde hace por lo menos veinte años son totalmente diferentes a las fundadas durante el “Estado benefactor”. No protegen al ciudadano, en cambio ahora garantizan -o lo intentan- la competencia, la productividad y el desarrollo del sector económico de los servicios.

Hoy en el escenario mexicano conviven los poderes fácticos, es decir los monopolios políticos y económicos y lo hacen con el viejo partido que no se derrumbó con la alternancia, conviven también con las instituciones sobrevivientes del “Estado de bienestar” y con las nuevas instituciones que desde hace veinte años y con un perfil neoliberal se crearon.

Toda esa convivencia, hace que nuestra democracia sea inacabada, inconclusa, insuficiente, incompleta y todos los apelativos que usted quiera, pero no es ni completa y tampoco efectiva.

Si durante el “Estado de bienestar” los deseos mexicanos de sacudirse el yugo de un partido único estaban en aumento y eran justificados: ¿Por qué ahora en una democracia -cuya única característica distintiva es la alternancia- no termina de dejarnos satisfechos a todos?

La razón es muy sencilla: nuestras instituciones no funcionan y han fracasado en el intento de construir credibilidad y legitimidad en un país que necesita urgentemente volver a confiar en sus instituciones; las viejas y las nuevas.

El INE y el TRIFE no son árbitros creíbles -recordemos las elecciones federales del 2006 y numerosas locales- la Corte en la designación de sus miembros deja mucho que desear; para muestra está el caso del ahora ministro Medina Mora; la Secretaría de la Función Pública se convirtió en el hazmerreír de todo México cuando sometió a investigación el asunto de la Casa Blanca del Presidente Peña Nieto.

Y así pudiéramos seguir enumerando las pifias de nuestras instituciones; pero descubriríamos que son organismos atrapados dentro de intereses de grupos políticos, económicos e incluso de algunos que se encuentran al margen de la ley.

No hay un estado de derecho efectivo en México. Porque nuestras instituciones son víctimas de la corrupción y la impunidad y son además ya características de los tres niveles de gobierno.

Por eso hoy las tragedias sociales y económicas de México no podrán resolverse mientras no se restaure la confianza en nuestras instituciones.

No funcionan nuestras instituciones porque están inmersas dentro de una especie de trampa sin salida: son manejadas por quienes no quieren que cambien y esto es así porque no son instituciones manejadas por ciudadanos; son lideradas por políticos que pertenecen a grupos de intereses bastantes definidos.

Políticos que reniegan del populismo y sin embargo no tienen empacho en practicarlo disfrazado de “contacto con la gente, con el pueblo”, pero que en los hechos votan y actúan en contra de los intereses particulares.

No hay para atrás; el neoliberalismo y el empuje de los movimientos sociales hicieron retroceder al régimen presidencial y de partido único e hicieron posible la realización de elecciones competidas y vigiladas, la aparición del pluralismo político y la ampliación de las libertades individuales.

Ahora de lo que se trata es de rescatar nuestras instituciones y ciudadanizarlas.

El proceso es difícil y claro que también es largo. Pero hoy la corrupción y la impunidad de nuestra clase gobernante es mucho más evidente que en épocas anteriores. Denunciarla es lo que daría fuerza ciudadana a nuestras instituciones,

El proceso es largo porque nuestra democracia todavía no es efectiva, ni mucho menos directa; es una simple alternancia política, pero también porque esa transición nos ha dado más instrumentos de denuncia sobre todo porque la indignación ciudadana, el sentido de solidaridad y su capacidad de movilización es más grande que años anteriores.

La ruptura es evidente, el ciudadano quiere democracia, quiere ser escuchado y la clase política quiere perpetuarse en el poder. Ellos son los que manejan nuestras instituciones y ojalá pronto se den cuenta que al final solo les quedará de recurso, ya ni siquiera la retórica y el populismo, solo tendrán el monopolio de la fuerza.

El problema para ellos es que ningún tanque en la historia humana ha detenido la furia popular.

Twitter: @GerardoCoutino

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