Estado de indefensión social, o la lógica de la justicia en México

Arriaga, Chiapas. Foto: Archivo

Falta de defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas.

Real Academia Español

Los seres humanos tendemos a pensar que las circunstancias que nos envuelven o las situaciones que atravesamos sólo nos ocurren a nosotros, por supuesto que esta tendencia es sólo una apreciación emocional que no corresponde con la realidad, sin embargo al reflexionar sobre el fenómeno de la ilegalidad y el estado de indefensión ciudadana en México, no es exagerado pensar que dado los niveles de recurrencia y cinismo de las instituciones que deberían procurar la justicia, somos, como país, un caso único que se cuece aparte. Un ejemplo es la infamia que llegó a su cumbre la madrugada del pasado 30 de septiembre. Ese día muchos tuxtlecos vivimos y atestiguamos con frustración y angustia uno de los actos más obscenos de la mayor autoridad electoral que existe en México, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este “máximo” tribunal, después de haberse agotado las instancias primarias, dictó como sentencia concluyente el aval de la Constancia de mayoría al candidato verde para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. La sentencia insulta la legalidad y adquiere el calificativo de infamia cuando se analizan los argumentos y las formas que sustentaron semejante decisión.

Resulta que luego de una madrugada plagada de suspenso, a las 8:00 de la mañana del día primero de octubre, cada magistrado dio su veredicto respecto a la controversia tuxtleca. La primera en plantear su postura fue la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien con una claridad digna de reconocerse, explicó las razones por la cual debía anularse la elección y convocarse a elecciones extraordinarias. Utilizó argumentos sencillos y una lógica concluyente y contundente.

En su turno, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, ojo, casualmente de origen chiapaneco, defendió cual abogado de oficio, el proyecto de dictamen que proponía validar la elección y dejar por la paz la elección tuxtleca.

Enseguida y a excepción del magistrado encargado de presentar el proyecto, los otros, Galván Rivera, González Oropeza y el Presidente Constancio Carrasco dieron cátedra de cómo deslindarse y argumentaron tanto a favor de la nulidad de la elección que, cuando votaron en contra de esta, evidenciaron su incongruencia y línea de actuar en pro de inclinar hacia donde convenía la desquebrajada balanza de la “justicia”.

Lo peculiar, entre otros aspectos, que resalta de este proceso radica en que fue el “casual” y único magistrado chiapaneco, quién fijó la postura más fuerte a favor de la validación de la elección con argumentos insulsos del tipo:

No es posible anular la elección, porque la Sala Regional de Xalapa tuvo más de 20 días para analizar y probar los hechos y no pudo, la sala local tuvo más de 30 días para probar la nulidad y no pudo; entonces nosotros, el TEPJ, en 72 horas hicimos el milagro de sacar un proyecto integrador y suficiente, que avala lo que las otras dos salas resolvieron mal, pero que tampoco nosotros vamos a cambiar, aunque todos sabemos que lo que pasó en Tuxtla el pasado 19 de julio trasgredió los elementos más básicos de la legalidad electoral.

Con cantinfleo y palabras más, palabras menos, los magistrados, salvo las contadas excepciones mencionadas, con el liderazgo del “casualmente” magistrado chiapaneco, bordaron un camuflaje con argumentos legaloides para darle a una mentira apariencia de verdad.

¿En quién podemos confiar? Con el ejemplo del secuestro de la elección en Tuxtla, ¿es posible entender la lógica de la justicia en México?

Parece que no importa si se comete un delito, lo importante para el sistema de justicia en nuestro país es que exista un expediente con los argumentos y pruebas que convenzan a los juristas encargados de definir el futuro de personas y poblaciones enteras. Al final, estamos a expensas del criterio de personas que son tan vulnerables como lo somos todos y no de una ley que sea aplicable cabal y universalmente.

¡Caramba! Se valida un robo si el agraviado no logra presentar las pruebas a la medida del juez y aun cuando se reconozca que si hubo delito, resulta que el juez no puede culpar al ratero porque las pruebas no le fueron presentadas en tiempo y forma.

Esto se llama y se define como estado de indefensión social. No es posible que los mexicanos vivamos en tan viciada vulnerabilidad, a expensas de un sistema corrupto, endeble de origen y precargado siempre en beneficio del que puede y tiene más.

Sigamos pensando y preguntándonos, ante este burdo y legaloide proceder:

¿A quién puede acudir un migrante, un ser humano que no “pertenece” a este país y que por supuesto carece de las posibilidades de una defensa adecuada ante las terribles transgresiones que sufren en su tránsito por México?

¿Qué instancia le hace justicia a los torturados por los cuerpos policiales y militares?

¿Quién vela por los derechos de una madre soltera que es violentada por autoridades?

¿O quién le devuelve la patria potestad a una madre extranjera que fue despojada de sus hijos por un ex gobernante?

¿A quién acuden los menores que son maltratados públicamente por soldados del ejército nacional?

¿Hay memoria y oportunidad legal para las “botellitas”, menores de edad ofrecidas a un vil exgobernador poblano?

¿Quién les devuelve con vida a los padres de los 43 desaparecidos por el estado o los más de 26,000 desaparecidos a sus familias?

¿Cuál es el destino de un denunciante que se atreve a poner en evidencia la corrupción de un gobierno?

¿En quién confiamos si hoy el Dr. Mireles está preso y el Chapo libre?

¿Quién más puede hablar, cuando la voz más escuchada de México ha sido censurada?

¿Cómo detener el agravio a la libertad de expresión en Veracruz con más de 15 periodistas asesinados en menos de 6 años?

¿En qué instancia se puede acusar a un gobierno que es dueño de la institución que debe vigilar y sancionar su proceder?

¿Quién castiga a los delincuentes que hoy gozan de inmunidad diplomática otorgada como regalo en forma de consulados?

¿Qué poder defiende al pueblo, si los legisladores han avalado un salario mínimo paupérrimo, sin pensar en quienes dizque representan?

¿En qué ley nos amparamos, si la aplicación de nuestra carta magna está torcida y no es capaz de garantizar derechos esenciales y primarios como el de la salud?

¿Cuántas fosas clandestinas deben encontrarse, cuántos cuerpos deben hallarse, para buscar culpables y justicia?

¿Y Acteal, Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa no merecen justicia digna?

Quien se atreva a responder a estas interrogantes y afirme que en México se garantiza el estado de derecho, quien lo haga sin caer en contradicciones o en demagogia, será digno de respeto y reconocimiento, pero lo cierto, lo dolorosamente cierto, es que no hay posibilidad alguna de esperar justicia institucional pues esta sirve y actúa a conveniencia del gobierno en turno.

El estado de indefensión social muy pocas veces es denunciado en México; fuera de aquí, lo denuncia puntualmente la ONU en el último reporte de su Alto Comisionado en materia de Derecho Humanos (documento: http://bit.ly/1Nqf6tF, video: http://bit.ly/1jQwQRY ). En este reporte se describen los niveles de indefensión social en nuestro país, todo resumido en una declaración sin mayor difusión y que, por supuesto, tampoco se asumirá con la responsabilidad que se requiere por parte de las instituciones. En reacción a esto es nuestra obligación como ciudadanos conocerla y procurar su difusión y pugnar porque se cumplan las recomendaciones conferidas al estado mexicano.

Estas son algunas de las declaraciones vertidas en el documento:

“Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados”

“Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito.”

“Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes.”

“…muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.”

“La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar.”

“Mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se contrapone al papel constructivo de México en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, es el siguiente: en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos y las ciudadanas de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio.”

Instancias internacionales están levantando la voz, prueba de ello es el comunicado de prensa de la última visita de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (http://bit.ly/1WC7DJi); y el reporte del relator de la ONU Juan E Méndez sobre la tortura y otros tratos inhumanos en México (http://bit.ly/1PtT0qs). Este funcionario, que en marzo de este año visitó nuestro país, publicó su reporte y después fue duramente criticado por el gobierno de México por el hecho de romper silencios y poner en entredicho versiones oficiales sobre la salvaguarda de los derechos humanos en México.

Asumámoslo pero no lo toleremos: el estado de indefensión social es real; el atropello es pan de todos los días. La arbitrariedad pasó en Tuxtla, pasa mientras se escribo y lees estas líneas y seguirá pasando en tanto no sean más los que nos atrevamos a reaccionar y actuar. Informarnos es un buen comienzo, impidamos que la información no esencial nos permee, leamos los citados reportes de la ONU, indignémonos y entendamos que lo que sufren otros también nos compete a nosotros. La defensa de la legalidad no es opcional, no es solo asunto de mi vecino. Por la vía de la resistencia y la desobediencia civil irrumpamos y rompamos este indignante estado de indefensión social.

Cuando el verdugo de la injusticia deje caer su brazo sobre nuestra cabeza, ya sólo un gemido inerte saldrá de nuestra boca.