San Cristóbal, gobernabilidad bipolar
Foto: Elizabeth Ruiz
Además de evidenciar que la gobernabilidad en Chiapas está prendida con alfileres, así como la turbiedad con que se maneja el sector transporte en el estado, el encarcelamiento del líder Asociación de Locatarios de los Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) de San Cristóbal de Las Casas, Narciso Ruiz Sántiz, develó las fricciones en el gabinete de Manuel Velasco Coello por el manejo del conflicto.
Mientras que el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, sostiene que la futura situación jurídica de Ruiz Sántiz depende del proceso legal que le sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado, para el jefe de la oficina de la Gubernatura, Ramón Guzmán Leyva la libertad del dirigente indígena está supeditada a la negociación política con los representantes de la Almetrach. Guzmán–colaborador muy cercano al gobernador que ha atendido otros conflictos en la zona Altos— incluso asegura que hay una minuta de intención en la cual se contempla la posible excarcelación de Ruiz Sántiz si existe el compromiso de supeditarse a los lineamientos de reordenación del transporte que el gobierno pretende aplicar.
Al respecto, Gómez Aranda respondió: “no hay ninguna negociación… es un proceso legal del cual no puedo dar detalles, pero lo atiende la Procuraduría, y es garantía de que se lleva a cabo un proceso en el marco de la legalidad”.
Antes, Guzmán Leyva había lanzadoante la prensa un reproche a los operadores de la Secretaría de Gobierno, al señalar que los funcionarios tienen la instrucción del gobernador de atender todos los problemas de San Cristóbal “de manera directa y no desde el escritorio, evitar que la gente baje a Tuxtla; todos tenemos la obligación y la orden del señor gobernador de atender los problemas aquí”.
El problema en este asunto no es si Narciso Ruiz saldrá libre o se quedará mucho tiempo como huésped de “El Amate”, sino la forma en que se justifique su liberación. Es previsible que más temprano que tarde el líder de la Almetrach dejará la cárcel porque los usos y costumbres del gobierno así lo establecen, porque es una práctica común utilizar el brazo de la justicia con fines políticos. El principal delito que hoy se le imputa a Ruiz es el de probable responsable de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, en agravio de cuatro agentes de la Policía Especializada y que se cometió en 2011 en el barrio La Hormiga, cuya orden de aprehensión no se cumplimentó mientras la organización sirvió a los fines políticos y electorales del gobierno, sino hasta ahora que los transportistas concesionados bloquearon las principales calles de la ciudad para exigir el combate al “pirataje” donde Ruiz Sántiz ha sentado también su poderío.
Los conflictos con los indígenas en Chiapas casi siempre han sido complejos y explosivos, y por lo mismo se requiere abordarlos con pinzas y darles una solución rápida y satisfactoria para las partes involucradas. Para ello debe haber directrices gubernamentales de negociación claras, un interlocutor fiable y un inconfundible responsablede la toma de decisiones.
En el caso de Narciso Ruiz y el problema transportista, no parecen cumplirse estos requisitos y eso contribuirá a que los acuerdos demoren. Gómez Aranda asume una postura más intransigente, de mano dura, cobijada en el discurso legalista de la aplicación del Estado de derecho, es decir, la negociación con la amenaza del garrote; mientras que Guzmán se inclina por una salida más pragmática, una solución rápida basada en el excarcelamiento del líder que evite mayores tensiones pero con el compromiso firme de replegarse, de aceptar el esquema gubernamental de reordenamiento del transporte donde no queden excluidos pero tampoco representen un foco de fricción permanente con los concesionarios.
Veremos si Gómez Aranda recupera el control de la negociación o Guzmán Leyva sigue acumulando poder frente a la inoperancia que desde la etapa de Eduardo Ramírez Aguilar arrastra la Secretaría de Gobierno.
No es cosa menor mantener la gobernabilidad en San Cristóbal, por las graves repercusiones en el turismo, por estar en la mira de las organizaciones activistas internacionales y por ser una de las ciudades clave en la movilidad de Manuel Velasco Coello.
VELASCO TAMBIÉN PROTESTA.- Cómo estarán las cosas en Chiapas que hasta el propio gobernador ha engrosado las cifras de las protestas que ya son el pan nuestro de cada día. La semana pasada encabezó en Tapachula una manifestación ciudadana contra Petróleos Mexicanos para exigir que cumpla con su compromiso de reubicar afuera de la ciudad su Terminal de Almacenamiento y Reparto.El incumplimiento de Pemex de los plazos para trasladarse hacia Puerto Chiapas ha sido reiterado y no es la primera vez que Velasco manifiesta su desacuerdo, pero en este caso sus buenas relaciones políticas con funcionarios federales y la cercanía que dice tener con el presidente Enrique Peña no le han servido de mucho. En estas circunstancias, la protesta callejera del gobernador parece más parte del problema de demandas no satisfechas que padece Chiapas que de la solución. La gran diferencia es que a él no le echarán la policía como a los trabajadores del Conalep que fueron desalojados de las instalaciones educativas donde mantenían un paro por exigencias de corte laboral; tampoco le impedirán el libre tránsito como a los indígenas de Chamula que viajaban a la capital para protestar por irregularidades electorales en ese municipio.
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