No cabe duda que la política en Chiapas se cuece aparte.

Todo pasa y a la vez nada sucede. Y esto no es una verdad Perogrullo, porque la clase política chiapaneca hace de todo –generalmente lo hace mal-, pero el pecado de la soberbia los hace creer que nada pasa y que nuestro estado es un paraíso terrenal.

Lo real es que los indicadores económicos del estado dibujan una pobreza arraigada que se ve y se siente en todos lados y que desde hace décadas nos ponen en el último lugar nacional en todo.

Ni las distintas cúpulas políticas anteriores nos sacaron de la pobreza, tampoco se ve como la actual generación lo logre hacer.

De por sí los problemas de Chiapas son añejos, profundos y complejos; nuestra clase política ya no está pensando en resolver los problemas estructurales de nuestro estado.

Unos tienen la cabeza puesta en cómo salvarse del desastre de las elecciones intermedias pasadas, otros piensan que subirán sus bonos y muchos simplemente navegan de “a muertito”, como Andrés Carballo Bustamante, director del Instituto Estatal del Agua, Luis Bernardo Thomas, director de Promotora de Viviendas, entre otros, para no salir del presupuesto, pero todos, absolutamente todos están pensando en el 2018.

La esperanza de que en esta administración crezcan los indicadores sociales o se sienten las bases para el desarrollo social y la gobernabilidad sostenible, prácticamente ya murieron.

Pero el pecado capital de la clase política local es la absoluta y completa soberbia.

Las elecciones realizadas en la capital Tuxtla Gutiérrez, son la prueba palpable del derroche, del desaseo y de la soberbia. Con los resultados finales todavía está en manos de los tribunales federales.

El equipo de trabajo del ya declarado presidente electo por los tribunales estatales publica en redes sociales una serie de proyectos que más que necesarios, parecen faraónicos.

Probablemente Fernando Castellanos Cal y Mayor, no tenga asesores que sepan lo que son las prioridades, probablemente a estas alturas tampoco sepa su equipo de trabajo el estado real de las finanzas públicas que recibirán.

Lo único cierto es que no se podrá hacer todo lo que publicitan. En realidad las necesidades de los tuxtlecos pasan por la generación de empleo, la seguridad, el bacheo de las calles, el funcionamiento del alumbrado público, el agua potable, el transporte público, a todo ello póngale usted el orden prioritario que desee.

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Síntoma también de la descomposición política y de la soberbia de nuestros gobernantes es el albazo de la LXV legislatura del Congreso del Estado, que permitirá otorgarle al Partido Verde Ecologista (PVEM), el control total del Congreso por los próximos tres años a través de los dos órganos de gobierno: la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.

A través de la presidencia municipal de Tuxtla y del liderazgo en el Congreso, la clase política estatal quiere mantener con vida a los dos alfiles del PVEM para el 2018. Los dos ascensos, Fernando Castellanos Cal y Mayor y Eduardo Ramírez Aguilar, están cuestionados por las autoridades electorales, pero eso al PVEM parece no importarle.

Lo que no lograron con la operatividad política, lo consiguen torciendo la ley.

La soberbia les impide ver que así como hubo voto de castigo en Tuxtla, este en el 2018 se extenderá por las condiciones de operatividad de las alcaldías son paupérrimas. Los ayuntamientos chiapanecos no cumplen su función de ser motores de desarrollo local, garantes de la seguridad pública y promotoras de la obra pública.

¿A dónde se fueron los dineros de los recursos federales, estatales y municipales?.

¿Qué no se supone que la mayoría de ellos es recurso etiquetado y su uso para otros fines es peculado automático?.

Por ello un día sí y otro también hay bloqueos en la autopista Tuxtla – San Cristóbal, y en diversos tramos carreteros de toda la geografía estatal, paro de transportistas, retenciones de funcionarios, locales y federales, quejas de la burocracia, manifestaciones de todo tipo.

La sociedad chiapaneca está indignada y los únicos que no parecen darse cuenta son los integrantes de la clase política estatal.

Pero eso sí, el Congreso estatal funciona solo para los intereses de la clase política y no es garantía de una auténtica representatividad popular; el órgano electoral tampoco lo es.

Contra viento y marea violando los principios de gobernabilidad, los representantes populares otorgaron otra curul al PVEM y todavía, lo hicieron también sin respetar el principio de paridad de género.

Como un huracán que todo arrasa y no deja nada en pie, el PVEM con mala fama a nivel nacional, también en Chiapas está demostrando su verdadera cara: la del autoritarismo y del populismo.

En Chiapas pasa de todo y la arrogancia de la clase política no permite ver los riesgos de ingobernabilidad que desde los municipios vuelven a asomar en el estado.

Desde que se recuerde no había existido el fenómeno de la cancelación de festividades patrias en los municipios de la entidad por riesgos de enfrentamientos o de plano porque la falta de alumbrado público hizo imposible la realización de las acostumbradas festividades a nivel local.

Por lo menos en 17 municipios del estado la ceremonia cívica de “El Grito” fue suspendida.

Incluso no se sabe por qué muchos alcaldes este año suspendieron el último informe de gobierno que constitucionalmente debe realizarse. El Organo Superior de Fiscalización del Estado deberá rendir explicaciones a la ciudadanía y extender las correspondientes sanciones a los alcaldes salientes.

La pregunta de los 64 millones es saber si lo hará.

Lo más probable es que no, porque tampoco existe información real y al alcance de la ciudadanía del estado actual de las deudas municipales.

El problema financiero de fondo es la falta de recursos públicos en las arcas municipales, deuda que continúa abultándose aún más con la falta de pago de los ayuntamientos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los constructores y los proveedores locales.

Si bien las administraciones anteriores dejaron deudas por pagar, las que están por salir deja´ran las arcas iguales o peores.

De acuerdo a varias notas informativas, los 122 municipios dejarán una deuda mayor a los mil 500 millones de pesos que corresponden a créditos por cubrir y deudas con proveedores. Los municipios más endeudados son los más grandes, la capital Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán.

En dichos municipios está la mayor concentración de chiapanecos, en esas ciudades que deben ser como anclas para ofrecer mejores oportunidades de vida a los chiapanecos deben de tener, sencillamente no habrá avances porque la deuda obstaculiza las acciones para promover el desarrollo.

Decir lo contrario es vivir en un mundo de fantasía e intentar vender una realidad que no existe y que no existirá en el corto plazo.

La cancelación de nuestras oportunidades de desarrollo es la consecuencia más grande de los atropellos del PVEM y la soberbia de nuestra clase política.

Habrá un costo político para las aspiraciones políticas del PVEM y para los deseos de la clase política chiapaneca de seguir dominando los destinos del estado.

Pero por lo pronto tendrán –si quieren dejar atrás la soberbia y ser actores políticos en un contexto donde la ciudadanía desconfía ya de los partidos políticos- dejar de torcer la ley a su favor, transparentar las acciones municipales y que el Organo de Fiscalización Superior deje de ser opaco y restaurar la gobernabilidad, ente otros asuntos prioritarios.

La pregunta es: ¿Podrán hacerlo, si están pensando en el 2018 y no saben otro camino que el arrebato?.

Lo bueno de todo ello es que la ciudadanía lentamente, pero ya está despertando. Busca caminos para expresarse (Cabildo Ciudadano), porque la clase política ya no es interlocutora.

El oxígeno se le termina a la clase política y ellos son los únicos que no se dan cuenta. Ahora mismo respiran artificialmente y no tienen a la vista a nadie que les garantice cohesión rumbo al 2018.

Uno de sus alfiles Ramírez Aguilar, no pudo garantizar la gobernabilidad desde la posición número dos de la estructura gubernamental y desde el Congreso empezará a tejer acuerdos torciendo la ley.

El otro, Castellanos Cal y Mayor, no pudo ganar holgadamente la alcaldía más importante del estado y entró en una dinámica de desgaste político que tiene a la mitad de la opinión pública en contra.

La construcción de gobernabilidad y la cimentación de una candidatura con miras al futuro, se estrellaron con la petulancia  de nuestros jóvenes dirigentes.

Ahora le apuestan al olvido, otra vez al derroche.

Adiós a los sueños de transformar a Chiapas. Se vienen otros tres años difíciles de carestía, de falta de oportunidades.

Solo los soberbios no ven esa realidad, el problema es que ellos tienen el poder y quieren conservarlo a toda costa, así sea artificialmente.