Tuxtla, hacia la nulidad de la elección

El movimiento a favor de la Democracia en Chiapas no está, como quisieran algunos, muerto. Vive, es cierto, un momento de espera ante el pronunciamiento que debe emitir el Tribunal Electoral del Estado sobre el caso Tuxtla.

La negativa a anular algunas casillas para otorgarle el triunfo a Paco Rojas, se ve difícil, en un tribunal en donde los magistrados dependen de las instrucciones de Palacio.

Tampoco en la sala regional, con sede en Jalapa, se ven posibilidades de éxito para el movimiento tuxtleco. Tendrá que ser el Tribunal Federal Electoral el que determine y valide las elecciones en la capital.

Todo parece indicar que serán anuladas las elecciones de Tuxtla, con la consecuente imposibilidad de que Fernando Castellanos Cal y Mayor participe de nueva cuenta como candidato.

En Palacio de Gobierno esperan de hecho esa salida, la cual ven como positiva, porque impediría la llegada de Paco Rojas a la presidencia municipal en este 2015, y le permitiría al gobernador –vía congreso del Estado– nombrar a un concejo municipal que se haría cargo de la administración municipal.

Esperan que un nuevo candidato, porque Fernando Castellanos abonó por sí mismo al precipicio, se pueda recuperar la capital. Se barajan ya los nombres de Emilio Salazar y de Willy Ochoa.

Esas son las proyecciones de Palacio, pero la gente de la calle, aunque no se manifieste de manera visible, sigue a la expectativa y molesta por el proceso fraudulento, cuyo monumento mayor si vivió en la capital.

No se han organizado más marchas, pero eso no indica que el ánimo esté apagado. Tampoco se ve a un Paco Rojas que haya derrapado ante las propuestas de comprar su silencio y su pasividad.

El trabajo ahora está en la defensa del voto del panista, demandas penales y denuncias por cooptación y compra de sufragios del candidato del Verde.

El Tribunal Electoral del Estado no tiene independencia alguna del Ejecutivo chiapaneco. Es una lástima que estos magistrados que ganan 129 mil 317 pesos mensuales (excepción aparte del magistrado presidente que percibe 233 mil 520 pesos) se dediquen a validar los resultados, casi todos fraudulentos del Verde.

Con las 36 resoluciones emitidas hasta la fecha, en donde se confirman todos los resultados, el Tribunal Electoral del Estado demuestra su inutilidad, y lo oneroso que es para el erario chiapaneco.

Por eso, hay poca confianza en el actuar que tendrá con el caso Tuxtla, y más cuando el magistrado presidente, Arturo Cal y Mayor Nazar, es primo hermano de Fernando Castellanos Cal y Mayor, y aunque ya se excusó de participar en la discusión, difícilmente se abstendrá de mover los hilos de sus compañeros magistrados.

Anular casillas para reconocer el triunfo de Paco Rojas sería el paso más inteligente para recuperar la confianza ciudadana, pero de eso no han dado señales.

Por eso, tendrán que ser las instancias federales las que sancionen el atropello que se ha cometido en diversas partes de Chiapas y, en especial, en Tuxtla Gutiérrez.