Participación social en la educación, imperativo categórico

Mural del artista plástico Enrique Díaz, sobre la educación en Chiapas.

Desde hace unos treinta años aproximadamente, cuando las camarillas sindicales del magisterio convirtieron a la escuela en el terreno ideal desde donde establecer y acrecentar su poder político, se empezó a gestar un divorcio entre comunidad y educación, lo que al día de hoy está trayendo lamentables consecuencias para nuestro país.

El arribo del modelo económico neoliberal que trastocó las dinámicas laborales familiares, agravó todavía más esta situación, a tal grado que en los años recientes es visible el distanciamiento, casi total, entre padres de familia para con la educación de sus hijos e hijas, lo que ha situado al docente en la figura principal del proceso educativo y en consecuencia a ostentarse como dueño absoluto de la institución escolar (lo que se puede constatar en Oaxaca, donde las escuelas permanecieron cerradas por más de 70 días durante el movimiento magisterial).

Pero lo lamentable no es que la educación haya quedado en manos del maestro, pues hasta hace unos años, su figura gozaba de amplio reconocimiento por la mística revolucionaria y vasconcelista que lo significaba como agente de cambio, sino que ese papel fue desvaneciéndose a la llegada de los nuevos contextos económicos de constante inestabilidad, mutándolo de un agente de cambio a un profesional en la transmisión de conocimientos más preocupado por garantizarse un sueldo estable que por la transformación de su comunidad.

Ya desde esa lógica y con el surgimiento de nuevas teorías pedagógicas en el mundo, que exigían una preparación cada vez más rigurosa de los maestros -a la sazón mal pagados y con una amplia carga administrativa que realizar- la gran mayoría de ellos terminó por anquilosarse en un modelo pedagógico tradicional (memorización, verbalismo, conductismo, etcétera) que le permitiera cumplir con su “trabajo” al tiempo de enarbolar y luchar por la defensa de los intereses de las camarillas sindicales -que no siempre del gremio- aun cuando esto significaba privilegios y canonjías que muchas veces afectaron los intereses de la Nación.

Así, con la persistencia de este ideario del “ser maestro” y el constante crecimiento del monopolio sindical, la calidad educativa fue deteriorándose cada vez más y sumergiéndose en una espiral descendente, que en la actualidad sitúa a México en los lugares más deshonrosos en cuanto desempeño educativo internacional, hecho que ha encendido las alarmas del gobierno al ser nuestro país una economía emergente que dentro de poco será de las primeras a nivel mundial (para 2030 se prevé que sea la número 7).

Es aquí donde surge nuevamente el tema de la participación social, entendida como la sinergia entre los principales actores educativos para la calidad de la educación que, si bien es cierto ha sido un elemento recurrente en los discursos políticos en la práctica ha sido letra muerta, a pesar de que la legislación hace énfasis en la correlación que existe entre este concepto y la calidad educativa (véase el Capítulo VII de la Ley General de Educación).

Han sido varios los secretarios de Educación Pública (Fernando Solana, Miguel Limón, José Ángel Pescador, Reyes Tamez) los que coincidieron e intentaron infructuosamente establecer un vínculo real entre la comunidad escolar (estudiantes, padres, maestros y autoridades educativas) que permitiera democratizar las acciones que implementa el Estado para la escuela y para el en beneficio común, situación que ha sido constantemente obstaculizada –según el antecedente histórico- por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y recientemente por la Coordinadora Magisterial, por no convenir a sus intereses políticos y económicos, pues la participación de un tercero en las discusiones nacionales de tan alta envergadura significa un contrapeso que puede debilitar aún más la estructura en crisis del corporativismo sindical.

Sin duda esta situación parece estar agotándose. Con la llegada de la controvertida Reforma Educativa el tema de la participación social ha resurgido en un contexto político, económico y social diferente, pero esta vez más fértil. En el ámbito político las reglas del juego han cambiado, la legislación educativa está en continuo perfeccionamiento y es cada vez más detallada en cuanto a sus alcances, lo que ha originado que los actores educativos oficiales y no oficiales sean altamente observados y juzgados en su actuar.

Desde la perspectiva social la sociedad hoy es mucho más crítica que la de antes, pues aunado a que cuenta con más y mejores mecanismos de participación la diversificación y el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información le han permitido enterarse, criticar y manifestar su posición, en favor o en contra de tal o cual situación. Lo que puede demostrarse con el inusitado arropamiento social de la Reforma educativa y el repudio total a las manifestaciones violentas del movimiento magisterial  en contra del nuevo esquema educativo.

Así, han quedado atrás los días en que solo unos cuantos tenían la posibilidad de enterarse del acontecer político, de las discusiones y decisiones tomadas por las autoridades en torno a temas de índole social como la educación y, sobre todo, a mantener una observancia permanente de la conducción de la política educativa.

Por otro lado, en lo económico la dinámica del mercado nacional e internacional  y la creciente competitividad que estos exigen, ha generado la necesidad de establecer modelos estandarizados de eficiencia del capital humano, lo que ha obligado a las organizaciones internacionales como la OCDE y la UNESCO, a realizar meticulosas evaluaciones del desempeño de los sistemas educativos de las naciones, y a exigirles a éstas decisiones más contundentes ante las debilidades que presenten.

En ese sentido, el Estado mexicano no está exentó de atender esta política internacional y sus autoridades han comprendido muy bien que solo alineándose a ellas y focalizando los esfuerzos institucionales hacia un objetivo en concreto (la calidad educativa) es como nuestro país podrá mantenerse en la estabilidad económica y social, tan anhelada en el nuevo orden mundial. En ese tenor, la participación social juega un papel preponderante, primero como legitimador de las políticas públicas y de Estado, así como de factor de alianza y acompañamiento a la estrategia oficial planteada.

Así, en los albores de una nueva legislación educativa que día a día gana terreno, las autoridades de los tres órdenes de gobierno (Federal, estatal y municipal) deben de contemplar una ruta de acción encaminada al empoderamiento de las y los padres de familia, de las asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y empresariales para generar contrapesos que les permita nutrir de nuevos elementos la política educativa y alinear esfuerzos que cierren el paso a expresiones violentas contra la educación y que en nada abonan al crecimiento nacional.

La participación social es pues un imperativo categórico, un elemento clave y determinante para establecer una estructura educativa sólida que brinde mayores condiciones para el logro de la calidad del sector ya que obliga a toda la sociedad asumir la parte que les corresponde con la educación generando con ello una corresponsabilidad, distribuyendo equitativamente el gran peso que representa la formación de las nuevas generaciones de mexicanos, misma que hoy esta injustamente en los hombros del maestro.

Pero este anhelo no puede ni podrá ser construido desde una oficina de gobierno, sino pasa antes por un análisis de conciencia social y un consenso desde la escuela y, particularmente, de todos y cada uno de los padres y madres de familia que integran los Consejos escolares de participación social, que por años no solo han incumplido con su papel sino que ha permaneciendo en un marasmo cómplice y corruptor.

Por todo lo anterior, es urgente el diseño e implementación de mecanismos que permitan establecer un vínculo directo entre los padres de familia y la autoridad que fomenten el empoderamiento de la sociedad y, de esta manera, sea ésta la que rompa de manera natural con el monopolio escuela-sindicato. Lo anterior no será posible si primeramente no se establece un canal de comunicación más eficiente entre ambos actores, pues hasta hoy no existe uno que permita a los tutores una interrelación directa con la institución educativa y viceversa, sin atravesar por la intermediación del maestro.

En suma y por donde se le vea, la participación social es el mejor camino para aspirar a la calidad educativa, su momento ha llegado y es impostergable.