Las “Juanitas” de Chiapas, entre la ilegitimidad y la misoginia
Las “Juanitas” de Chiapas ganaron la elección, pero ahora se enfrentan a la resistencia de las comunidades a aceptarlas como presidentas municipales. La misoginia que se vive en algunos lugares del estado, y la molestia por la nula transparencia con la que las esposas o hermanas de los ex candidatos los suplieron en las planillas, amenaza con impedirles la toma de posesión de los cargos, el próximo 1 de septiembre.
Para cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó cambiar las candidaturas de hombres por mujeres a fin de cumplir la paridad de género que mandata la ley, al menos 40 candidatos varones del PRI y PVEM, impusieron en su lugar a sus esposas o hermanas. Ellos quedaron en cargos como Síndicos o Regidores.
El rechazo ciudadano a los partidos políticos y sus candidatos se extendió hacia estas mujeres, quienes durante la jornada electoral y posterior a ella, fueron amenazadas y algunas agredidas. A quienes fueron electas ahora nuevamente pobladores las amenazas con impedirles tomar protesta del cargo.
36 alcaldezas y 13 diputadas
36 mujeres ganaron las presidencias municipales de Chiapas, a través del registro de diferentes partidos políticos. En al menos 12 casos se trata de esposas de ex candidatos. 10 del PVEM y 2 del PRI.
Se trata de las ganadoras en los municipios de Chanal, Rayón, Tila, Suchiapa, Villa Comatitlán, Las Rosas, Yajalón, Ixtapanajoya, San Lucas, Amatenango del Valle Chenalhó y Ocotepec.
La designación de estas mujeres cómo candidatas a las Presidencias municipales, ha levantado protestas tanto de simpatizantes de los partidos que las designaron, como de grupos opositores.
En Suchiapa, un grupo de hombres y mujeres de la localidad protestó el pasado martes frente a las oficinas municipales del PVEM. Ese día, Rosendo Juárez Jiménez dijo que el motivo de la protesta era porque el voto había sido a favor de Ranulfo Llaven Abarca, quien quedó como Regidor.
“Nosotros votamos por el Licenciado Ranulfo, con él hicimos varios acuerdos y queremos que nos aclare porque ahora su esposa dice que es la presidenta electa. Nos han dicho que es por lo del género pero queremos que nos aclare porque nosotros no votamos por ella”, dijo uno de los manifestantes.
En Tila, un municipio habitado en su mayoría por indígenas de la etnia chol, previo, durante y posterior a la elección, grupos de manifestantes protestaron contra el PVEM. Quemaron las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). El pasado lunes dieron a conocer que no permitirán que tome posesión la candidata electa, Fabiola Vázquez Ortíz.
Lo mismo sucedió en los municipios de Rayón, Chanal, San Andrés Duraznal, Ocotepec y San Lucas. Pobladores amenazan con no permitir que las presidentas electas tomen posesión de los cargos.
En el caso de Chanal, la ahora presidenta municipal electa con el registro del PRI, Olga Gómez López, fue retenida el pasado fin de semana, cuando se estaba llevando a cabo el proceso de cómputo de votos. Los inconformes quemaron las instalaciones del IEPC municipal y de toda la papelería electoral.
Policías rescataron a la candidata y el domingo 26 de julio, el Consejo General del IEPC realizó el cómputo de la elección en la capital del estado, donde le entregaron la constancia de mayoría.
Ese día, Olga Gómez, se mantuvo todo el tiempo custodiada por su marido, el ex candidato y ahora Síndico electo, Javier Velasco Bautista, quien luego que su esposa recibió la constancia de mayoría, insistió en dejar grabado a través de una fotografía el momento en que ambos sostenían el documento.
El esposo impidió entrevistar a Olga Gómez. No le permitió hablar con reporteros. No le permitió hablar con personas ajenas una docena de hombres que los acompañaron ese día.
En Yajalón, fue el esposo de la presidenta electa, Lupita Pimentel Utrilla, quien “agradeció el voto” a la población, con la constancia de mayoría de ella en mano.
Gobernabilidad en riesgo
Mauricio Mendoza Castañeda, representante del PVEM, aseguró que las manifestaciones de rechazo que han tenido las candidatas ganadoras de su partido, “son claras muestras de misoginia y violencia política hacia las ganadoras”.
“Está en juego la gobernabilidad de esos municipios en los próximos tres años. Va a ser difícil que respeten el triunfo, pero es importante que les dejen tomar posesión del cargo, y posteriormente si ellas deciden no seguir, ya será el Congreso y el cabildo los que de acuerdo a la ley determinen que procede”, refirió.
Hiber Gordillo Yañez, representante del PRI, consideró que en el caso de su partido casi todas las mujeres que contendieron en las zonas indígenas sufrieron actos de misoginia, que fueron desde amenazas directas hasta ahora el rechazo para que asuman los cargos quienes ganaron.
“Cómo PRI ahora tenemos que buscar las alternativas para que ellas ejerzan el poder y consoliden sus liderazgos. No va a ser fácil pero apelamos a que tanto partidos políticos, como sociedad y el gobierno estatal, trabajemos en la parte de la sensibilización para que estas mujeres electas puedan gobernar”, subrayó.
Dijo que si en el camino ellas deciden renunciar y dejarle el cargo a sus familiares o conyugues, “es un tema que el Congreso deberá abordar y determinar la responsabilidad y legalidad del proceso”.
“De lo que ellas y ellos hagan a partir de ahora, el PRI no tiene ninguna injerencia como partido. Ellos y ellas ya son una autoridad y nosotros desde ahora somos respetuosos de sus decisiones”.
Juanitas y no Juanitas
Margarita Esther López Morales, consejera del IEPC, consideró que más que por diferencias partidistas, el caso de Chanal y la agresión hacia la candidata ganadora es un referente de la misoginia que impide que en algunos municipios las mujeres puedan tener un cargo de elección popular o un puesto de decisión.
“La agresión la sufrió no solo Olga Gómez, sino la presidenta del IEPC municipal de Chanal. También amenazaron a su familia, y tuvo que dejar en manos del Consejo General el proceso de cómputo”, detalló.
La Consejera consideró que hay una relación directa en el hecho de ser mujer y las agresiones contra candidatas y consejeras electorales. «Sí hay un sesgo de misoginia en estos ataques”, sostuvo.
La especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Araceli Burguete, valoró que el tema de la «simulación de la paridad» ha vuelto a actualizar a «las juanitas», en alusión al fenómeno político que ha ocurrido en México, de personas que ponen sus nombres en las listas electorales y que después de haber ganado la elección renuncian para dejar su lugar a otra persona.
Sin embargo, sostuvo que si bien en muchos de los municipios indígenas de Chiapas las mujeres candidatas y ahora presidentas electas, fueron incorporada únicamente para cumplir la formalidad de la elección «y de esta manera proteger al cuerpo de varones que ya había sido integrado en sus planillas antes de las sentencia del TEPJF», hay otros casos de mujeres no son “Juanitas” y han trabajado durante años en el reconocimiento de sus derechos.
“Es el caso de Chenalhó y Oxchuc, que tienen presidentas electas que pujaron por su candidatura. Y ellas sí quieren ser presidentas”, explicó en una publicación de análisis que publico en sus redes sociales.
“La garantía constitucional de la paridad de género es una cuestión que ya quedó instalado en la mesa de los derechos a nivel nacional, e interpela a los derechos de autodeterminación indígena. En Chiapas, como es probable en el resto del país, hay una masa crítica de mujeres indígenas que tienen interés en debatir el tema”, refirió.
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